- El 14 de julio, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se comprometió a tomar una decisión definitiva sobre la renovación del CGPJ cuando llegase el acto de la apertura del año judicial, exigiendo a los partidos políticos la urgente renovación de la institución si para entonces no se había llevado a cabo. Hoy, a tan solo una semana del acto de apertura y tras 1.001 días en funciones de la institución judicial, el Partido Popular no se mueve de su trinchera y continúa bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ se compone de 20 vocales y un presidente, que se renuevan -teóricamente- cada cinco años por mayoría de 3/5 en las Cortes Generales, cifra que no se puede alcanzar sin el apoyo del PP. A los de Pablo Casado les conviene la composición actual del CGPJ, en la que poseen mayoría conservadora, ya que se renovó por última vez en 2013, durante el primer mandato de Mariano Rajoy. Tiene motivos para bloquearla, porque, a su vez, la institución presidida por Lesmes es la encargada de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, cuya sala de lo penal es la encargada de juzgar a los aforados, como lo son los diputados, los senadores, los ministros o incluso el rey. Estos jueces se encargan, entre otras cosas, de dictar sentencia en tramas de corrupción como Gürtel, Púnica, los ERE o Kitchen, y en la mayoría de ellas está implicada la formación con sede aún en Génova 13.

Ante esta tesitura “inadmisible”, desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) aseguran que todos los vocales del órgano deben dar un paso al lado y renunciar a su cargo, aunque piden expresamente a Lesmes que sea él quien dé “el primer paso”. Mientras tanto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) va más allá y aboga por reformar la ley para que sean los propios jueces quienes nombren a los vocales del CGPJ, no sin antes renovar a el órgano “conforme a la legalidad vigente”.

Para conseguir la renovación del CGPJ, la ministra de Justicia, Pilar Llop, apeló ayer a los de Casado a que entren en las negociaciones para la renovación del CGPJ, ante la nueva ronda de negociaciones que empezará a realizar esta misma semana para dar solución al “fracaso’’ que supone el “bloqueo del PP”. En este sentido, exigió que lo hagan “sin chantajes ni condicionamientos” y con “sentido de Estado”, para dejar atrás esta situación “tan perjudicial para la imagen de nuestro país”. “La Constitución se tiene que cumplir”, concluyó la responsable de Justicia. Entre los condicionantes impuestos por el PP para la renovación del CGPJ se encuentran el veto a Unidas Podemos en las negociaciones tras los ataques de la formación morada a la monarquía, los indultos del Gobierno español a los presos del procés o el sí de EH Bildu a los Presupuestos de 2021.

El PP se excusa en la ley actual y pide reformarla para que sean los propios jueces los que elijan a los vocales del CGPJ -como sucedía hasta 1985-, una enmienda que el PP no promovió durante sus dos mayorías absolutas. PP y PSOE llegaron a pactar la renovación del CGPJ, que sería presidida por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero todo saltó por los aires después de que se filtrara un WhatsApp del popular Ignacio Cosidó, presumiendo de que, con este juez al frente del órgano, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal “desde detrás”. Posteriormente, para forzar el desbloqueo, PSOE y Podemos impulsaron la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada el pasado marzo, tensionando, aún más si cabe, la situación de la institución. Esta enmienda impide que se nombren nuevos vocales mientras el CGPJ siga en funciones -sí tuvo tiempo de designar antes un nuevo presidente para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana-. Ante esta tesitura, los vocales se hallan sin capacidad de actuación.

No obstante, si a finales de septiembre no hay esperanza alguna de acuerdo, varios vocales barajan tomar una posición de fuerza y solicitar que se realicen nombramientos de magistrados para el Supremo en comisión de servicios recordando que “es algo normal”, que “antiguamente sí se hacía” y que serviría para afrontar la cascada de jubilaciones en el Alto Tribunal. “Hay vacantes en las salas cuarta y tercera del Supremo y en las presidencias de los TSJ. Con tantos mandatos extinguidos y plazas vacías por jubilaciones, tenemos un problema serio”, advierten, según recoge Efe. Una opción más agresiva sería las dimisiones de vocales pero eso “crearía un clima de confrontación mayor” y “(Carlos) Lesmes no aceptaría ninguna” por mucho que las críticas hacia los protagonistas de esta historia (Gobierno y PP) sean unánimes entre la judicatura.

“Hemos apelado al PP para que entre a negociar sin chantajes ni condicionamientos”

Ministra de Justicia