- Con antecedentes y condicionantes diferentes, las respectivas leyes sobre políticas de memoria de Euskadi y del Estado español están condenadas a entenderse. Esa es la principal conclusión de un informe jurídico que el instituto Gogora ha elaborado sobre las dos normas, aprobadas el mes pasado con escasos días de diferencia. A la hora de trabajar para recuperar la memoria de la Guerra Civil y la dictadura y de resarcir a las víctimas, las dos leyes deben complementarse, aportando sus puntos fuertes y compartiendo información y archivos de forma orgánica. En esta relación, las competencias de cada administración serán el principal elemento discriminador de sus capacidades.

La aprobación, el pasado 28 de julio en Consejo de Gobierno, del anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi supuso un paso fundamental para dotar de un “marco jurídico” al “compromiso institucional” del que el Gobierno Vasco lleva haciendo gala en los últimos 15 años y que le ha llevado a “liderar las políticas de memoria” en el Estado. Según fuentes de Lakua, este anteproyecto de ley, que será remitido al Parlamento Vasco, “permitirá dar soporte y cobertura jurídica adecuada a las actuaciones” en esta materia, que se verán “reforzadas”.

En lo que al Gobierno español se refiere, el Consejo de Ministros aprobó el 20 de julio el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que supone una ampliación de la Ley de Memoria Histórica que impulsó Zapatero en 2007, y que ahora deberá recalar en el Congreso. En este caso hay que resaltar que estas políticas se vieron interrumpidas durante las dos legislaturas de Rajoy en Moncloa, que no destinó ni un euro de los presupuestos a esta cuestión, por lo que “las actividades emprendidas por la sociedad civil no tuvieron la necesaria cobertura”.

Yendo al detalle de los dos anteproyectos, y en relación con la administración de justicia, Gogora destaca en su informe que la ley estatal prevé crear una Fiscalía de Sala Especial de Memoria Democrática y Derechos Humanos. La misma se encargará de investigar las violaciones de derechos humanos y de impulsar la búsqueda de las víctimas, al tiempo que su propia existencia “oficializará los resultados de las investigaciones” en curso.

En el caso del Gobierno Vasco, toda vez que la competencia de justicia es exclusiva del Estado, la ley memorialista refleja “el impulso y la colaboración que se tendrá con la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales”, así como sobre supuestos delitos o localizaciones e identificaciones de los restos de víctimas. También se podrá proponer al Consejo Vasco de la Abogacía el inicio de estos procesos o la personación en los mismos, y se presta especial atención a las reparaciones. Aquí se incluyen los afectados por “las resoluciones de los tribunales, jurados y otros órganos declarados ilegítimos”, junto a las medidas de reparación de carácter económico. En este último caso, Lakua designará una comisión técnica para que evalúe el “grado de cobertura alcanzable”.

Volviendo a la ley estatal, la misma supone un “avance” respecto a la de 2007 porque contempla la “declaración de ilegitimidad y nulidad de las condenas y sanciones dictadas de modo contrario a derecho” por aquellos órganos, penales o administrativos, constituidos “por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa”. El informe de Gogora al que ha tenido acceso este medio insiste en que, para que todas estas actuaciones lleguen a buen puerto, es “absolutamente imprescindible la colaboración entre ambas administraciones”.

El principio del trabajo en común entre Madrid y Lakua también deberá regir el tratamiento de la información a través de los bancos de ADN, ya que la ley de memoria del Gobierno de Sánchez contempla la regulación de un banco de datos de carácter estatal de perfiles genéticos, una materia en la que Euskadi es pionera -Gogora sigue recabando el ADN de familiares para posibilitar identificaciones futuras-. Los dos proyectos hacen además referencia al “tratamiento de datos de carácter personal” para garantizar su protección.

La perspectiva de la colaboración preside a su vez el apartado dedicado a los archivos y documentación. No en vano, las dos leyes regulan el Centro Documental de la Memoria Histórica, destinado a “reunir, organizar y recuperar fondos documentales en cualquier soporte y contribuir a su difusión”. El texto vasco hace hincapié en la necesidad de que los documentos de la memoria histórica de Euskadi “sean más accesibles al conjunto de la ciudadanía”, por lo que se fomentará su digitalización. Gogora hace una labor intensa en este sentido desde 2018.

También es relevante que la Disposición Final Quinta del documento estatal establece un plazo de un año para modificar la ley de secretos oficiales, una reivindicación tradicional del PNV, lo que abrirá la puerta al acceso a todos los archivos de este periodo histórico.

Los anteproyectos estatal y vasco dedican un espacio especial a los movimientos memorialistas, su “reconocimiento y fomento”, dado el importante papel que desempeñan. La norma vasca ha incorporado algunas de sus aportaciones en la fase de alegaciones, por ejemplo la inclusión como infracción grave de la destrucción u ocultación de documentación relevante.

Siguiendo con Euskadi, se creará un directorio de estas entidades y un órgano consultivo para mantener un contacto directo con las mismas, medidas que se adoptarán de forma análoga en el Estado. La Ley de Fundaciones estatal se reformará para posibilitar la extinción de la Fundación Franco y en Euskadi se colaborará con el Departamento de Educación para desarrollar herramientas de cara a insertar la memoria histórica en el currículum educativo.

Papel de las mujeres. Los dos proyectos de memoria hacen un “reconocimiento expreso de la labor de las mujeres en la lucha por la libertad y la democracia”. Destacan la “represión y el sufrimiento” que han padecido y admiten que no se les ha dado la relevancia que merecen.

Incautación. La ley estatal contempla realizar auditorías para reparar a los que sufrieron el expolio de bienes durante la guerra y la dictadura. Euskadi no tiene competencia para ello pero Gogora impulsa una investigación para elaborar el informe de vulneraciones de derechos humanos entre 1936-1978.

Espacios memoriales. La norma vasca emplaza a Gogora a preservar los columbarios que ya existen y a crear otros para inhumar a las víctimas con el permiso de los familiares, o aquellos restos que no sean identificados.