- El Parlament dio ayer un espaldarazo a la estrategia de la Generalitat para avalar las fianzas millonarias que el Tribunal de Cuentas reclamó a 34 ex altos cargos de la Generalitat por la promoción en el exterior del procés soberanista de 2017.
Así, la Cámara catalana aprobó el decreto ley del Govern que contemplaba la creación de un fondo que asumirá provisionalmente el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), a falta de que alguna entidad bancaria muestre su disposición a avalar las cantidades que se han reclamado en el Tribunal de Cuentas.
El quid de la cuestión era si la vía elegida por la Generalitat para proceder a avalar las fianzas era respaldada por el Consejo de Garantías Estatutarias, que finalmente dio el visto bueno a esta opción.
La votación salió adelante con los votos a favor de ERC, Junts y la CUP; la abstención del PSC y los comunes; y el voto en contra de Vox, Ciudadanos y PP.
Asimismo, el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó también ayer que el fondo creado por el Govern se ajusta al Estatut y a la Constitución, pero recomienda modificar varios preceptos del decreto ley para “disipar” dudas.
El órgano consultivo de la Generalitat emitió así el dictamen que pidieron PSC, PP y Ciudadanos sobre la legalidad del decreto que regula el fondo, que en su disposición transitoria estipula que mientras no se encuentre una entidad bancaria que se haga cargo, la gestión del fondo la asumirá “provisionalmente” el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
El Consejo de Garantías, órgano que vela por la adecuación de las leyes catalanas al marco legal vigente, considera que el Govern debería modificar la disposición que regula el papel del ICF, el artículo que hace referencia al depósito del aval y el que se refiere a la obligación de retorno.
