La campaña de vacunación, los efectos del coronavirus, la gestión de los fondos de recuperación y la estrategia frente al reto demográfico serán las materias que protagonizarán la XXIV Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo viernes en Salamanca.

Una cita que también estará marcada por las ausencias, como la del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quien, a pesar de la invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que su intención es mantener una interlocución bilateral con el Ejecutivo central, por lo que no acudirá a la Conferencia de Presidentes, al considerarla un acto meramente "simbólico".

Aragonès, aseguran en el Govern catalán, no asistirá porque no ve motivo para "ir a hacerse una foto" y porque prioriza las comisiones "bilaterales" entre el Estado y la Generalitat.

De hecho, la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reactivará el próximo 2 de agosto en Madrid, y, para el mes de septiembre, está previsto que se reúna la mesa de diálogo sobre Cataluña, creada por ambos gobiernos a principios de 2020, pero que solo llegó a celebrar una reunión, antes de que el estallido de la pandemia de covid paralizara sus trabajos.

A pocos días de la celebración de la Conferencia de Presidentes, el lehendakari Iñigo Urkullu tampoco ha desvelado si acudirá el día 30 de julio a la cita salmantina, aunque sí ha advertido que él tiene su propia agenda ante la falta de invitación oficial.

Quien ha amenazado con no ir más a estas reuniones de presidentes autonómicos ha sido la jefa del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado al Ejecutivo de incumplir el reglamento de la Conferencia de Presidentes.

Según Díaz Ayuso, cuando el expresidente popular Mariano Rajoy convocaba estas reuniones, se informaba con los 20 días de antelación que el reglamento exige, se comunicaba el orden del día con los temas a tratar y se debatían previamente las posturas de los diferentes gobiernos para preparar dichas conferencias.

Por ello, ha advertido que en esta ocasión sí acudirá, pero, mientras Pedro Sánchez las organice sin programarlas con tiempo y “no se traten de acuerdo al reglamento”, con un orden del día, con 20 días de preaviso, la Comunidad de Madrid “no va a seguir asistiendo”.