- El Tribunal de Cuentas concluirá su mandato el viernes 23 de julio sin que existan a corto plazo perspectivas para la renovación de sus consejeros y en plena polémica por la causa que ha abierto contra ex altos cargos de la Generalitat, lo que ha llevado tanto a los partidos independentistas como al propio Gobierno español a cuestionar al organismo fiscalizador.
La renovación del tribunal que preside María José de la Fuente requiere un consenso entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición, puesto que los candidatos necesitan el respaldo de 210 diputados en el Congreso.
Y ahora ese pacto se antoja aún más complicado después de que el Tribunal haya abierto causa al independentismo catalán al reclamar cantidades millonarias a ex altos cargos de la Generalitat por el dinero público supuestamente desviado para promocionar el procés.
El tribunal, que ya condenó a varios altos cargos del Govern, entre ellos el expresident Artur Mas por la financiación de la consulta soberanista de 2014, tiene ahora abiertos expedientes contra más de 30 ex altos cargos del Govern por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas embajadas catalanas y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat. En este procedimiento, les reclama una fianza global de 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.
En este contexto, la semana pasada ocho partidos, en su mayoría socios del Gobierno, pidieron la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre la “neutralidad política” del tribunal en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable.
ERC, Junts, PDeCAT, BNG, CUP, EH Bildu, Más País-Equo y Compromís creen que el órgano ha podido incurrir en “irregularidades” y piden que se aclaren las “conexiones y vinculaciones personales de los consejeros y su incidencia sobre el principio de independencia”, así como la “naturaleza política de las acusaciones” que, a su entender, se han dirigido contra los independentistas catalanes.
En definitiva, buscan que el Congreso determine si el Tribunal tiene “legitimidad” y “competencia” para llevar a cabo estos procedimientos por responsabilidad contable, con qué “límites” debe desarrollar su función jurisdiccional, y si ha venido actuando con “sesgo ideológico”.
