- El Congreso acogerá el próximo miércoles un pleno extraordinario para votar algunos decretos ley que se han quedado pendientes de convalidar, como el de la retirada de las mascarillas en el exterior cuando se mantiene una distancia de metro y medio y que llega en medio de la quinta ola de coronavirus pese al buen ritmo de la vacunación. El decreto aprobado el pasado 24 de junio, y que entró en vigor 48 horas después, flexibilizó el uso de la mascarilla en el exterior tras más de un año de obligatoriedad.

Este debate y sobre todo la votación se produce cuando la pandemia se sitúa en una cifra similar a la de los contagios del pasado febrero en el pico de la segunda ola, con una subida de la incidencia acumulada. También se produce en medio de la resolución del Tribunal Constitucional declarando ilegal el confinamiento domiciliario y las medidas más duras del primer estado de alarma, y que Moncloa se ha comprometido a estudiar a fondo porque no comparte la sentencia al entender que se adoptaron medidas “urgentes y proporcionadas” para salvar miles de vidas. Un fallo judicial que fortalece la presión de Vox y de toda la derecha contra el Ejecutivo.

El pleno abordará además la convalidación de otros decretos aprobados en los últimos Consejos de Ministros: el que incluye medidas para reducir la temporalidad en el empleo público, el relativo a la bajada de IVA en la factura de la luz y el que regulará el arrendamiento de determinadas entidades del sector público de colecciones de bienes inmueble que forman del Patrimonio Histórico. Es decir, el que afecta a la garantía que da cobertura al acuerdo entre el Estado y la baronesa Carmen Thyssen-Bornemiza para un nuevo contrato de alquiler de sus 425 obras de la Colección y que durará quince años.

Será una sesión centrada en la discusión de estos decretos ley, así como en la votación de distintos dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, en la que se estrenarán en el banco azul reservado al Gobierno los nuevos ministros de Sánchez. En este contexto, la Mesa de la Cámara baja tiene previsto reunirse el martes para aprobar la convocatoria extraordinaria de este pleno en julio así como la celebración de la Diputación Permanente, el órgano que se constituye para cumplir las funciones del Congreso mientras se halla cerrado el periodo de sesiones, y que decidirá si cita o no a Pedro Sánchez y a los nuevos ministros. Se trata de las solicitudes registradas por el PP para que el líder del PSOE, los siete nuevos responsables de Presidencia, Política Territorial, Ciencia, Justicia, Transportes, Educación y Asuntos Exteriores y los dos que han cambiado de cartera (Miquel Iceta y María Jesús Montero) informen antes de septiembre a la Cámara baja de su “hoja de ruta” y de “cuáles son las decisiones que van a tomar en los próximos meses”.

El partido de Pablo Casado justificó estas peticiones de comparecencia apuntando que los ciudadanos no pueden esperar a que este nuevo Ejecutivo explique qué va a pasar con muchos de los temas que tienen pendientes los españoles, como el desarrollo de la Ley Celáa, la Ley de vivienda, la reforma de los peajes comprometidos con Bruselas, la deuda de España con los ayuntamientos, la reforma de la financiación local y autonómica o el futuro de los fondos europeos, entre otras. PP, Vox y Ciuadadanos, en base a su alineamiento político, urgen a estos ministros a que den cuenta de las líneas generales que adoptarán en sus diferentes departamentos.

También se debatirá una solicitud del PP para que el nuevo jefe de la diplomacia española, José Luis Albares, dé cuenta en la comisión del ramo de la posición española respecto a las protestas que se vienen sucediendo en Cuba desde hace días, y por las que la derecha afea a Sánchez por no mencionar “dictadura” para calificar el régimen de ese país.