Las cuentas catalanas con un Tribunal político

Este órgano, que ni es un tribunal al uso ni pesa sobre él el principio de separación de poderes, no está regido por tanto por la Administración de Justicia ordinaria. Técnicamente, se define como un órgano de control externo reconocido en la Constitución, cuyo objetivo es fiscalizar las Cuentas y la gestión económica de los organismos públicos, así como analizar las responsabilidades contables de quienes tienen a su cargo Presupuestos institucionales.

Pero el elemento principal del Tribunal de Cuentas es que es un órgano político, ya que no es independiente del Congreso de los Diputados y de las formaciones políticas, que son las que eligen a los 12 consejeros que se encargan de comandar este organismo fiscalizador del Estado.

Aunque es un órgano que acostumbra a trabajar en silencio y alejado de los focos -viene ejerciendo su función de control de cuentas públicas desde el siglo XIX-, en los últimos años se ha vuelto inmerso en diversas polémicas, varias de ellas relacionadas con su fijación con el soberanismo catalán y las elevadísimas fianzas que ha impuesto a muchos de los altos cargos que han pasado por el Govern en los últimos años; las primeras de ellas, en relación a la consulta de noviembre de 2014.

Ahora, esta problemática ha vuelto con fuerza y ha situado en el centro de la tormenta al Tribunal de Cuentas, ya que reclama 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos de la Generalitat por supuestos gastos irregulares en acciones de exterior del Govern entre 2011 y 2017. Entre los encausados figuran los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras o el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell.

Ante estos procesamientos desde el organismo fiscalizador, que se vienen produciendo desde hace años, el independentismo en Catalunya denuncia una persecución por parte de un tribunal político y estudia opciones para afrontar el pago de las fianzas sin que los encausados pongan en riesgo su patrimonio o hipotequen sus finanzas personales. En esa línea, el Govern de Pere Aragonès ha anunciado la creación de un fondo de diez millones de euros en previsión de hacer frente al abono de las cantidades que se reclaman a los soberanistas. Sin embargo, no está claro que esta vía de asumir las fianzas mediante dinero público sea legal y la Generalitat podría ser acusada de un delito de cohecho por presupuestar fondos para destinarlos expresamente a personas particulares.

Pero no son sus ajustes de cuentas con los soberanistas lo único por lo que este Tribunal ha abandonado en ocasiones su habitual segundo o tercer plano. Otra de las sonadas polémicas de este organismo ha sido por las acusaciones de enchufismo y endogamia en su plantilla que ha recibido. Así, las relaciones familiares y afectivas entre muchos de los trabajadores salieron a la luz en el año 2014, y en 2017 el Tribunal fue condenado a una multa por el enchufe del hermano del presidente de la sección de Fiscalización.

Además, han sido habituales las informaciones sobre vinculaciones de funcionarios del ente con partidos políticos, mayormente con el PP, que siempre ha mostrado interés por este órgano y ha tratado de mantener un intenso control sobre él.

Más allá de los funcionarios y trabajadores del órgano, los consejeros elegidos por los partidos -que son quienes adoptan gran parte de las decisiones fiscalizadoras- tienen un incontestable sesgo político que contamina la labor del Tribunal. Entre ellos figuran nombres como Margarita Mariscal de Gante, exministra del PP entre 1996 y 2000 y ponente de la sentencia contra los ex altos cargos de la Generalitat, y Manuel Aznar, hermano mayor del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Más allá de todos los aspectos que ponen en duda el carácter independiente del Tribunal de Cuentas, se da la circunstancia de que este mismo mes de julio se agota el mandato de nueve años de los 12 consejeros de la institución -que en la actualidad son únicamente 11 tras la marcha del progresista Lluís Armet- y pasan a ejercer en funciones.

Por tanto, se produce una situación comparable a la que vive el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con una renovación pendiente de un gran acuerdo entre los dos principales partidos políticos del Estado, PSOE y PP. Y es que en el Tribunal de Cuentas rige un sistema de reforma del órgano similar al del CGPJ, que requiere de una mayoría de tres quintos, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

De esta manera, el Tribunal de Cuentas es un órgano que depende de las Cortes Generales, que son las que eligen a sus 12 consejeros -seis por el Congreso y otros seis por el Senado-.

Ahora, el PP, que tiene mayoría en el Gobierno del organismo tras el pacto al que llegó con el PSOE hace nueve años, ya ha avanzado que se niega a pactar su renovación por el momento, lo que avanza un bloqueo sine die como el que vive el Poder Judicial. Todo ello amenaza con restar más credibilidad a la institución en el momento en que debe resolverse el proceso contra los soberanistas catalanes.

El PP lo recurrirá. El fondo de diez millones de euros que la Generalitat ha dispuesto para abonar las fianzas de los ex altos cargos del Govern encausados por el Tribunal de Cuentas anticipa un nuevo embrollo judicial relacionado con el procés, ya que esta vía podría acarrear problemas legales al Ejecutivo de Pere Aragonès al destinar partidas públicas para personas particulares. En este sentido, el PP ya ha anunciado que recurrirá en los tribunales la estrategia de la Generalitat, mientras que el Gobierno español se lo piensa. Así las cosas, todo apunta a la llegada del enésimo frente procesal en la Justicia española en torno al independentismo catalán.

El independentismo denuncia una persecución por parte de este Tribunal y trata de evitar que los encausados pongan en riesgo su patrimonio

Entre sus consejeros figuran nombres como la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante o el hermano de José María Aznar