- El líder del PP, Pablo Casado, aseguró ayer que espera que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe y frene mediante un recurso el fondo que ha creado la Generalitat para abonar las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos del Govern. En cualquier caso, haga lo que haga Moncloa, los populares trataran de paralizar en los tribunales la partida de diez millones de la Generalitat, con un recurso o bien al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o bien al Constitucional.

Así lo anunció ayer Casado en la segunda jornada del curso de verano que organiza su partido en San Lorenzo de Escorial (Madrid). El presidente del PP explicó que espera que el Ejecutivo español actúe ante el anunciado fondo del Govern que dirige Pere Aragonès para abonar las fianzas del Tribunal de Cuentas. “Es lo que pedimos a Sánchez y es lo mínimo que tiene que hacer por responsabilidad”, manifestó.

Dicho esto, el jefe de la oposición reiteró que su formación presentará un recurso por presunto delito de malversación y prevaricación. “Tendremos que decidir si vamos al Tribual Superior de Justicia de Catalunya o al Constitucional”, añadió.

Mientras tanto, el Gobierno español asegura que estudiará y “recurrirá” si no está “con arreglo a ley” la decisión del Govern de avalar a los ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de hasta 5,4 millones de euros.

Así lo manifestó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que señala que la Generalitat, al igual que otros ejecutivos autonómicos, sabe que se debe trabajar “en los límites de la legalidad”, lo que “no es optativo, sino obligatorio”; y reitera que la Abogacía del Estado estudiará esta cuestión.

Por su parte, el Govern insiste en abonar las reclamaciones del Tribunal de Cuentas a los soberanistas y, en esa línea, defiende la legalidad del fondo creado para cubrir las fianzas. Así, el conseller de Economía, Jaume Giró, subrayó que se trata de “un instrumento para recuperar la libertad” cubriendo riesgos no previstos.

En la sesión de control del Parlament al Govern, tres grupos -Ciudadanos, JxCat y PP- preguntaron al Ejecutivo sobre la creación de este fondo, aprobado el martes mediante un decreto ley.

En este pleno, el conseller de Economía negó las acusaciones de “fraude de ley” y de “malversación” que realizaron el diputado de Ciudadanos Ignacio Martín Blanco y la diputada del PP Lorena Roldán.

Según Giró, “el decreto es todo lo contrario a la malversación” porque lo que pretende es cubrir “unos riesgos que no estaban contemplados hasta ahora” y garantizar “el apoyo a los servidores públicos” en los procedimientos judiciales o administrativos abiertos por ejercer sus cargos.

“De la misma forma que se hace en cualquier democracia del mundo se les da cobertura a estos servidores públicos hasta que no haya una sentencia firme”, explicó el conseller de Economía, que también recalcó que, en el supuesto de que se produzcan sentencias condenatorias, “la Generalitat recuperará el dinero que ha destinado a cubrir riesgos”.

La Generalitat reivindica así el fondo “como instrumento para restablecer la libertad de poder ejercer la acción política en Catalunya”.