- La intención de Pedro Sánchez de dejar que se evapore el estado de alarma el 9 de mayo sin activar una alternativa está dejando un espacio libre para que lo ocupe el PP con su proposición de ley, en pleno clamor de los partidos y buena parte de las comunidades autónomas que se asoman al abismo sin un colchón jurídico que les permita mantener las restricciones a la movilidad en la lucha contra el coronavirus. El partido de Pablo Casado ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta para reformar la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, un documento al que ha tenido acceso este diario y que plantea dotar a las comunidades de herramientas. Pide que las autoridades sanitarias “de las distintas administraciones públicas” puedan “controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como al derecho de reunión, que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados, como en el número de personas”.
Esta reforma tiene puntos de conexión con las demandas del Gobierno Vasco, porque plantea límites para la circulación y las reuniones sociales y toca un problema que vivió en propias carnes Urkullu cuando el juez Garrido tumbó su intención de restringir los encuentros a seis personas y tuvo que solicitar en consecuencia el estado de alarma. La caída de la alarma pondría fin al toque de queda nocturno, los cierres perimetrales en municipios y comunidades, y las limitaciones en las reuniones. El PNV sigue defendiendo que lo más sencillo es prorrogar la alarma y así se lo pide a Sánchez, pero se abre a una alternativa y a tocar la Ley 3/1986 si el presidente no cede.
En puertas de las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, Sánchez lanza un mensaje optimista con la vacunación y dice que no tiene intención de prorrogar la alarma ni activar una alternativa, lo que deja a las comunidades en manos del criterio dispar de los jueces. Dice que ya hay herramientas, pero Moncloa admitió ayer que el toque de queda nocturno caería sin estado de alarma. Partidos como el PNV, EH Bildu, PDeCAT, Compromís, BNG y Ciudadanos aprietan a Sánchez.
El lehendakari se mostró ayer “preocupado”, e insiste en la prórroga de la alarma. El PNV quiere mantenerla hasta lograr la inmunidad de rebaño con la vacunación en agosto. No obstante, se abre a una reforma exprés, si tiene como objetivo habilitar a las comunidades para que limiten la movilidad en situaciones excepcionales como esta pandemia y puedan tener instrumentos. En principio, parece que eso mismo persigue la reforma del PP. En su literalidad, no alude a un mando único ni cita que la decisión sea del Estado, algo que podría quedar al albur de cómo se lleve esta ley a la práctica y del diálogo entre las administraciones o su voluntad de coordinación. Teóricamente aleja esta reforma de la vía alemana de Merkel, que sí puede imponer decisiones a los länder , aunque este es un extremo que ha evitado aclarar el PP. Desde el PNV no hicieron valoraciones y seguían analizando el texto.
El PP ha leído el momento y vuelve a intentar por segunda vez esta reforma. Se declaró dispuesto a liderar la alternativa y forjar un consenso con todos salvo EH Bildu. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aclaró que vería positivo el cambio legal si “es para darles a las comunidades autónomas instrumentos de limitación de la movilidad, no para recortar competencias”, como dijo en Radio Euskadi. Pero aclaró que no es lo más sencillo porque, aunque se tramite por la vía exprés, no llegaría en los quince días que calcula el PP y, mientras tanto, habría que prorrogar la alarma. Citó que el orden del día del próximo pleno está cerrado, y el Congreso parará por las elecciones.
El PP se apoya en el Consejo de Estado para tocar la ley 3/1986 porque le falta concreción, ya que permite tomar medidas con los enfermos y sus contactos, pero no aclara las que se pueden tomar en general. Pide modificar el artículo 3 para limitar la movilidad en las zonas afectadas y las reuniones; dictar la cuarentena para los enfermos u otras medidas para los contactos así como su localización; y adoptar las medidas “que se consideren necesarias”, con “principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad”. Mantiene las garantías judiciales. Esta ley y otras, como la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, ya fueron invocadas por el lehendakari hace un año, con el argumento de que puede facilitar “las intervenciones que supongan ejercicio de autoridad” para garantizar la tutela de la salud.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ofreció a Sánchez “consenso y un pacto de Estado”. La vicepresidenta Calvo insistió en que no hacen falta reformas y dijo que el Consejo Interterritorial podrá acordar el cierre de las zonas más afectadas, donde citó a “País Vasco, Navarra y Madrid”, y admitió que el toque de queda nocturno caería.