-El Tribunal Constitucional ha anulado la disposición transitoria décima de la Ley Vasca de Policía, tras un recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez referente a la consolidación del empleo. Esta disposición, ahora anulada, era la que iba a permitir consolidar los puestos de los interinos. En concreto, preveía que, en aquellos casos en que el porcentaje de interinidad fuera superior al 40%, se pudiera habilitar un turno diferenciado de acceso en las ofertas públicas de empleo para quienes acreditaran un mínimo de ocho años de antigüedad. Esta decisión es un torpedo para el Ejecutivo vasco, que había incluido un procedimiento similar en el proyecto de Ley de Cuerpos y Escalas para poner fin a la interinidad con carácter general en la Administración vasca. En una nota, el Gobierno Vasco consideró que esta decisión del alto tribunal está “fuera de la realidad” y no es sensible ante el problema de la elevada interinidad. Denunció las “decisiones recentralizadoras” y el recurso a la vía judicial. El Gobierno vasco espera ahora redoblar sus esfuerzos con el Gobierno español para que modifique el marco legal y, en paralelo, va a estudiar otras vías para los interinos. La consejera Garamendi se reunirá en breve con el ministro Iceta para abordarlo, y hoy mismo se verán Erkoreka y Marlaska.

El Gobierno vasco considera que el recurso del Gobierno español y la resolución judicial del TC “dan la espalda” al mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del 19 de marzo de 2020. La resolución admitió que la falta de procesos selectivos no justifica la perpetuación del personal interino y reclamaba al Estado español que resolviera esta situación. La nota pide al Ejecutivo español que no se ponga de perfil ante esta realidad y cambie el el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

El Gobierno español rechaza la posibilidad de diseñar un proceso restringido para los trabajadores temporales porque cree que vulnera el principio de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad que se contiene en la normativa básica estatal. El Gobierno vasco plantea un turno diferenciado que acogerá a las personas que acrediten un mínimo de ocho años de experiencia. La prueba sería práctica, para acreditar la pericia en tareas habituales de ese puesto de trabajo. Así se garantiza también el mérito y la igualdad.

Todos los grupos del Parlamento Vasco salvo PP+C’s y Vox avalaron ayer la “política de transparencia y negociación” de las competencias pendientes por parte del Gobierno vasco, al que piden que les remita el acuerdo final sobre el traspaso de la gestión de centros penitenciarios, previsto para marzo. La información se remitirá después del acuerdo y no antes, como pretendía PP+C’s, lo que se interpretó como un intento de torpedear las negociaciones con el Ejecutivo español. Salió adelante una enmienda transaccional de PNV y PSE con Unidas Podemos, con el respaldo de EH Bildu.

Por amplia mayoría la Cámara reclamó asimismo que el modelo penitenciario que se implante en Euskadi tome como base las propuestas de resolución del Parlamento, y que el legislativo haga un seguimiento.