- La Fiscalía ha esperado a que pasen las elecciones catalanas para pronunciarse en contra del tercer grado concedido a los presos soberanistas. Era un recurso que se daba por hecho, pero se ha retrasado hasta después de los comicios. De esta forma, la Fiscalía no ha puesto antes sobre la mesa una posición que podría haber impedido participar en la campaña a los presos soberanistas de ERC y JxCat. En cualquier caso, este movimiento llega ahora en puertas de la investidura del nuevo president y riza más el rizo para la improbable proclamación del socialista Salvador Illa, porque enrarece las relaciones entre los soberanistas catalanes y el Estado. La decisión de la Fiscalía, que los soberanistas achacan al Estado y, por tanto, al Gobierno esañol del socialista Pedro Sánchez, complica aún más la opción de un gobierno transversal de izquierdas formado por el PSC, ERC y los comunes, y más aún la investidura del propio socialista Salvador Illa. Además, un día después de que los soberanistas superasen por primera vez el 50% de votos (sumando a fuerzas posibilistas como el PDeCAT, sin escaño), en lugar de una oferta de diálogo sin letra pequeña, vuelve a escribirse un episodio en la judicialización de la política catalana.
La Fiscalía de Barcelona recurrió ayer la concesión del tercer grado por parte de la Generalitat con argumentos muy duros, insinuando que este régimen que obliga únicamente a dormir en la cárcel entre semana supone vaciar de contenido la sentencia condenatoria, y argumentando que los presos no han reconocido de manera expresa un delito de sedición y que la independencia solo se podría conseguir cambiando las leyes. Pidió suspender de manera cautelar mientras se decide sobre el fondo del asunto la semilibertad del exvicepresident Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, y Dolors Bassa; los líderes sociales del independentismo Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
La Fiscalía se apoya en las sentencias del Tribunal Supremo y dice que “no puede obviarse la extrema gravedad de los delitos cometidos”. Los juzgados de vigilancia penitenciaria tienen que decidir si este recurso suspende automáticamente el tercer grado, o bien si lo mantienen hasta que se estudie el fondo del asunto. Para defender el tercer grado se había argmentado que los presos han cumplido o iban a cumplir una cuarta parte de la condena. La Fiscalía se opone a “utilizar la progresión a tercer grado en fases tan iniciales de cumplimiento de la pena, como es el caso, como un modo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento”. Añadió que no han cambiado los “rasgos de personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva”, porque los condenados mantienen que su actuación fue legítima. Pide que admitan que, para conseguir sus fines, “no hay otra vía que la de la modificación legislativa por las vías legales”. El fiscal concluye que “no hay una voluntad superior del Parlament por encima del mandato constitucional, que es precisamente el que sustenta a las instituciones autonómicas de Catalunya”.
Una prueba del estado de ánimo que puede provocar esta decisión entre el soberanismo se vio en la reacción del Govern catalán. ERC ve cómo se estrecha el margen para intentar un acuerdo con los socialistas, aunque ya de por sí esta opción había sido rechazada expresamente por los republicanos catalanes. El Govern en funciones ve rotos los puentes con el Estado por este recurso materializado un día después de las elecciones, y la propia ERC, socia de JxCat en el gabinete, lo ve una “venganza” por el resultado de los comicios, con el empate a escaños entre los republicanos y el PSC, y el soberanismo superando por primera vez el 50% de votos.
La consellera de Justicia, Ester Capella, de ERC, se preguntó si “es casualidad que la Fiscalía recurra el tercer grado el día después de las elecciones”, y añadió que, por el contrario, lo que hubiera correspondido el día posterior a las elecciones hubiese sido “negociación, diálogo y acuerdos políticos” porque ninguna resolución judicial va a solucionar un conflicto que es de naturaleza política. Marta Vilalta, también desde ERC, lo consideró una “respuesta de un Estado vengativo a los resultados electorales”. “Intentan ganar con la represión lo que no pueden ganar en las urnas”, zanjó. Desde Junts, Jordi Sànchez vio intereses políticos en el ministerio público. “Es muy poco creíble que el Gobierno no controle a la Fiscalía”, aseguró.
El acuerdo con el PSC es ya por sí mismo complicado. ERC defiende la mesa de diálogo con Moncloa y no una vía de confrontación como la de Junts, pero insiste en la amnistía y el referéndum. Los socialistas pensaban en calmar las aguas con los indultos a los presos, una cuestión que podría terminar su tramitación próximamente aunque, por ahora, la tensión vuelve a ser la nota dominante en el debate de los presos.
“No han cambiado los rasgos de personalidad relacionados con la actividad delictiva”
Recurso
