- El profesor de Sociología de la UPV/EHU Eguzki Urteaga es una de las voces más autorizadas para hablar sobre el desarrollo de Iparralde. El sociólogo, habitual en distintos medios de comunicación tanto en euskara, francés y castellano, acaba de publicar su trigésimo tercer libro, un análisis sobre la ordenación y desarrollo de este territorio. En este trabajo, publicado por la editorial L'Harmattan, Urteaga repasa las últimas tres décadas y ofrece numerosas claves para entender mejor los avances realizados en Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa.

¿Cuándo comienza a configurarse una política de ordenación y desarrollo en Iparralde?

—La política de ordenación y desarrollo del País Vasco norte surgió a inicios de los años noventa a raíz del declive progresivo de la lucha armada practicada por Iparretarrak y como consecuencia de la voluntad de los poderes públicos de pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación. Entonces vio la luz la Prospectiva País Vasco 2010, que constaba de un diagnóstico con un análisis pormenorizado del territorio en todas sus facetas, y presentaba otro apartado prospectivo que diseñó seis escenarios para el horizonte 2010 en función de las medidas tomadas por las administraciones públicas. Este informe supuso una toma de conciencia de la clase política local y de la sociedad civil organizada del territorio sobre la necesidad de diseñar e implementar unas políticas ambiciosas para Iparralde.

¿En qué se distingue el modelo llevado a cabo en el País Vasco norte?

—A partir de ese momento se puso en marcha una nueva gobernanza que supone una manera novedosa de elaborar, implementar y evaluar las políticas públicas. Consistió en asociar a todos los actores concernidos por una problemática, como la lengua vasca, el desarrollo económico o la cohesión social para, de manera conjunta entre los actores institucionales y sociales, realizar un diagnóstico del territorio, fijar unos objetivos a medio y largo plazo, y elegir las medidas que permitirán alcanzar estos fines. Para ello, fue necesario dotarse de instancias de concertación, tales como el Consejo de Desarrollo, que agrupa a los representantes de la sociedad civil organizada, y el Consejo de Electos, que reúne a los principales cargos electos de los diferentes niveles político-administrativos, desde alcaldes hasta eurodiputados.

¿Cuáles son las principales características de esta nueva gobernanza?

—Básicamente la implementación de esta nueva gobernanza, que requiere tiempo y paciencia para surtir efectos tangibles, implica el reconocimiento de los actores de la sociedad civil como interlocutores legítimos con los cuales es preciso dialogar y acordar, un conocimiento mutuo de los actores involucrados, la concertación permanente entre las instituciones y la sociedad civil organizada, una negociación a lo largo de todo el proceso, unas decisiones aceptadas, una aplicación efectiva de las medidas consensuadas y una evaluación compartida. La aplicación de esta nueva gobernanza, además de desembocar en la elaboración de sendos proyectos territoriales y en la ratificación de contratos territoriales sucesivos, ha dado lugar a amplios consensos sobre temas tan sensibles como la institucionalización de Iparralde y el proceso de paz. Más allá incluso, ha contribuido a modificar la cultura política local, que se basa hoy en día en el diálogo, la negociación y el acuerdo.

¿Se puede trasladar este modelo a otros territorios?

—Al considerar esta nueva gobernanza como ejemplar, el Gobierno francés ha intentado aplicarla en otros territorios con éxitos dispares. Para que funcione es necesaria, además de la voluntad política de las instituciones y de los cargos electos, la existencia de un territorio dotado de una fuerte identidad y, por otra parte, la fortaleza de la sociedad civil organizada. En este sentido, con adecuaciones, sería aplicable tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral de Navarra, que gozan de un alto nivel de institucionalización, sinónimo de amplias competencias y de notables presupuestos. La crisis provocada por la pandemia del coronavirus y la necesidad de alcanzar amplios acuerdos, tanto entre instituciones como entre partidos políticos así como entre los poderes públicos y la sociedad civil organizada en torno a la reconstrucción socioeconómica y los proyectos estratégicos, pueden propiciar su aplicación.

¿La creación de la Mancomunidad Vasca puede poner en riesgo esta nueva gobernanza en Iparralde?

—Desde su creación en enero de 2017, la Mancomunidad Vasca ha dedicado sus primeros tres años de existencia a organizarse internamente, a apropiarse todas las competencias contempladas por la ley y a elaborar e implementar 21 políticas sectoriales. Asimismo, en el nuevo pacto de gobernanza de la Comunidad de Aglomeración del País Vasco se precisan las funciones da cada una de las instancias así como las relaciones que mantiene la Mancomunidad con las demás entidades, tales como el Consejo de Desarrollo. Este último tiene una doble misión, como órgano asesor asociado a esta institución: la realización de propuestas y recomendaciones previamente a la elaboración de las políticas públicas y la evaluación de las mismas una vez llevadas a cabo. No en vano existe cierta distancia entre la teoría y la práctica. Por lo cual, es preciso que el incremento de institucionalización del territorio no se traduzca por un deterioro de la gobernanza local.

¿Existe una voluntad de los electos locales de ir más allá en la institucionalización del territorio? Su reivindicación inicial consistía en la creación de una Colectividad Territorial a estatus particular.

—Efectivamente, la demanda inicial tanto de los electos locales como de la sociedad civil de Iparralde consistía en la creación de una Colectividad Territorial con estatus particular que gozaría de las competencias de un Departamento y de ocho competencias adicionales relativas, entre otras, a la política lingüística o a la cooperación transfronteriza. El Gobierno francés respondió con una negativa a esta solicitud pero aprovechó la aprobación de la ley de descentralización Notre para proponer la creación de una Comunidad de Aglomeración del País Vasco. Esta respuesta es considerada como un primer paso que deberá tener una continuidad, bien a través de la delegación de competencias del Estado, de la Región y del Departamento a la Mancomunidad Vasca, previa negociación y acuerdo entre ambas partes, bien a través de un cambio normativo que permita transformar esta institución en un Colectividad Territorial, lo que supondría la elección de sus miembros mediante sufragio universal directo.