- Los roces entre los dos socios que componen el Gobierno español comienzan a ser ya una constante y la prohibición de los desahucios está suponiendo un dolor de cabeza para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ayer se vivió un nuevo capítulo en estos desencuentros entre PSOE y Podemos, esta vez en relación a las okupaciones.

Podemos admitió ayer que existen “discrepancias” sobre el real decreto con el que el Gobierno prevé dejar fuera de la ley los desahucios mientras dure el estado de alarma, ya que la formación de Pablo Iglesias rechaza las compensaciones económicas a los grandes tenedores de vivienda si sus casas están okupadas.

Así lo expresó en una rueda de prensa en la sede de Podemos la coportavoz de la formación, Isa Serra, que reconoció que el acuerdo anunciado hace dos semanas, y que conllevó la retirada de la enmienda antidesahucios que los morados habían interpuesto en los Presupuestos Generales del Estado, está ahora en “discusión” entre los dos socios. “Hay un acuerdo que tiene que ver con paralizar los desahucios y evidentemente hay diferencias respecto a si eso tiene que conllevar una compensación por parte del Estado o no. Yo espero que se resuelva esa discusión y que en los próximos días salga adelante”, resumió la dirigente morada.

Serra se refiere así a la intención del Ministerio que dirige el socialista José Luis Ábalos de que los grandes tenedores de vivienda (más de diez propiedades) tengan una compensación económica si sus casas están okupadas sin contrato, mientras a los residentes se les busca una alternativa para vivir.

El Ministerio considera que no compensar a esos propietarios por la cesión de propiedades, como pretende Podemos, corre el riesgo de ser declarado inconstitucional. Así lo explicó el propio ministro Ábalos, que evitó hablar de compensaciones económicas pero sí reconoció que estudian cómo hacer frente a posibles reclamaciones por no poder disponer de las viviendas que les pertenecen durante ese tiempo.

Es decir, lo que se está estudiando, según Ábalos, es “prever una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado”. “Es lo que estamos tratando de dejar claro: frente a cualquier reclamación, que la propia norma contemple la respuesta que se le debe dar”, resumió, intentando apagar una nueva polémica entre los dos socios de Gobierno.