- La tensión vuelve a resurgir entre el PSOE y Unidas Podemos, los dos pilares del Gobierno de coalición del presidente Pedro Sánchez. En esta ocasión, la formación morada ha elevado la voz por enésima ocasión, esta vez tras la acusación directa a los socialistas de retrasar la aprobación del real decreto para prohibir desahucios de población vulnerable durante el estado de alarma. A pesar de que se había alcanzado un acuerdo pacífico recientemente, las aguas vuelven a bajar revueltas. Fuentes próximas al vicepresidente Pablo Iglesias pusieron en solfa que los ministerios de Economía y Justicia apunten a compensar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda, en su mayoría bancos y fondos de inversión, medida que los de Iglesias no ven con buenos ojos.

Podemos ha alzado la voz ante lo que podría ser la laminación de una de sus medidas estrellas en materia social. Según Europa Press, que cita fuentes cercanas a la vicepresidencia segunda encabezada por Iglesias, el partido no apoyará que se indemnice de ninguna manera a los tenedores de vivienda. Instan a que el real decreto amplíe en el tiempo la prohibición de ejecutar desahucios, en vigor al menos hasta el 31 de enero de 2021. Y parece que no van a dar su brazo a torcer. El argumento esgrimido es la compensación a los grandes propietarios, por la que aboga un PSOE que llama a pulir los aspectos jurídicos al máximo. Sería además un resarcimiento al 100% a las entidades bancarias y los fondos de inversión, fuera cual fuera el caso concreto, y podría certificarse esta próxima semana en el Congreso de Ministros. En todo caso, no es una cuestión surgida esta semana, si no que la controversia a dos bandas viene de lejos.

Fue en octubre cuando la formación morada planteó ampliar el plazo para imposibilitar los lanzamientos. La propuesta, no obstante, no caló en el PSOE desde el principio. Ello provocó una vuelta de tuerca por parte de Unidas Podemos, que redobló la presión presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado -diseñados por ellos mismos junto a los socialistas- junto a ERC y EH Bildu, que prorrogaba la imposibilidad de ejecutar desahucios por efecto de la pandemia del covid-19 hasta finales de 2022. Los socialistas aceptaron el envite y emprendieron unas negociaciones que, en principio, llegaron a buen puerto. Llegaron a tal punto que los de Iglesias retiraron la enmienda, previo principio de acuerdo para alargar el decreto antidesahucios al menos hasta mayo, y que apuntaba de inicio a proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. El vicepresidente se apuntó el tanto al asegurar que la medida se tomaría antes de finales de año. Pero fue el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien echó un jarro de agua fría a las pretensiones de Unidas Podemos al apuntar que el PSOE prefería ralentizar el proceso para ajustar aspectos jurídicos.

Parece que las desavenencias no permitirán que el decreto salga adelante antes de fin de año, salvo volantazo de última hora, como ha acontecido en otros casos en los que Iglesias y Unidas Podemos han alzado su voz contra Sánchez. Sin embargo, este tan solo es un nuevo episodio en la serie de disputas entre los morados y el PSOE. Una de las últimas desavenencias tiene su foco en Marruecos, con el viaje finalmente suspendido a Rabat para limar asperezas con el Gobierno alauí, una relación especialmente sensible para la diplomacia española por la situación del Sahara.

Mientras que Iglesias puso recientemente encima de la mesa la posibilidad de realizar un referéndum de autodeterminación en el Sahara, Sánchez prefirió templar gaitas. Y con el conflicto abierto y las puertas de una cumbre con Marruecos a la que en principio iban a acudir ambos, saltó una nueva fricción: el presidente desplazó de la cita al vicepresidente. Aunque fuentes gubernamentales descartaron desde el primer minuto que la ausencia tuviera relación con las posiciones de Iglesias con respecto a la causa saharaui, finalmente la parte marroquí decidió posponer el encuentro bilateral hasta febrero, con lo que apagaba un tira y afloja entre los morados y los socialistas, que además impactó de refilón en la ministra de Exteriores, Arancha González-Laya. La excusa esgrimida fue que la situación derivada de la pandemia del covid-19 desaconsejaba el encuentro entre ambas delegaciones.

Otros motivos de disensiones en el seno del Gobierno español han sido asuntos como el SMI -Salario Mínimo Interprofesional- o la jornada laboral de cuatro jornadas, que han amenazado con romper una coalición que, por ahora, ha logrado capear los temporales. E incluso llegar a acuerdos por el bien del Ejecutivo. Pero lo cierto es que las prisas del vicepresidente Iglesias por avanzar asuntos aún no debatidos en el Consejo de Ministros ha minado la moral de Sánchez, que ha visto como su guion preestablecido cambiaba de la noche a la mañana por culpa de Iglesias. Y también ha generado controversias con varios de sus ministros, como Margarita Robles (Defensa), Nadia Calviño (Economía) o Juan Carlos Campo (Justicia).