on el mundo pendiente de la reciente muerte de Charles de Gaulle o el tifón que apenas un mes antes había arrasado Pakistán dejando a su paso más de 200.000 muertos, hoy hace cincuenta años, el 3 de diciembre de 1970, arrancó en la sala de Justicia del Gobierno Militar de Burgos el Consejo de Guerra contra dieciséis miembros de ETA, una organización que a los once años de su fundación -julio de 1959- estaba todavía en mantillas en comparación con lo que se convirtió en las décadas posteriores. Hasta el denominado Proceso de Burgos, tres eran las víctimas mortales de ETA: el guardia civil José Pardines (6 de junio de 1968 en Billabona), el comisario de policía Melitón Manzanas (2 de agosto de 1968 en Irun) y el taxista Fermín Monasterio (9 de abril de 1969 en Arrigorriaga). Y por el asesinato de los dos últimos se sentaron en el banquillo los dieciséis miembros de la banda que, en combinación con el equipo de abogados, en el que estaban, entre otros, José Etxebarrieta (hermano de Txabi Etxebarrieta), Miguel Castells, Jordi Sole Turá, Juan Mari Bandrés o Gregorio Peces Barbas, lograron darle la vuelta a la situación. Así, lo que era un juicio sumarísimo a los miembros de ETA se convirtió en un juicio al franquismo. Fue un proceso a la inversa que acabó con el Régimen en el banquillo. Las movilizaciones populares y la presión internacional lograron que se conmutaran las penas de muerte impuestas a seis de los procesados.

¿Cuál era el contexto político? Franco, que en diciembre de 1970 contaba con 78 años, sufría párkinson desde hacía diez años y su vitalidad iba en disminución. En julio de 1969 Juan Carlos de Borbón había sido designado su sucesor en la Jefatura del Estado a título de rey, “prestando juramento de lealtad a Franco, a los principios del Movimiemto y a las leyes fundamentales del Estado”. Sin embargo, en las filas franquistas había preocupación por garantizar la continuidad del régimen cuando Franco muriese, y ahí es donde emergía la figura de almirante Luis Carrero Blanco, delfín del dictador, a quien ETA mató en un atentado en diciembre de 1973.

Además, en 1970 se llevaron a cabo más de 1.500 huelgas, con más de 400.000 huelguistas. Todo ello fue un caldo de cultivo de protestas que estalló con ocasión del Proceso de Burgos.

En los dos años precedentes, la policía había logrado detener a dieciséis miembros de ETA. En diciembre de 1968 fue arrestado Unai Dorronsoro. En enero de 1969 fueron detenidos Goio López Irasuegi y Xabier Izko de la Iglesias cuando intentaban sacar a punta de pistola de la cárcel de Iruñea a Arantxa Arruti, mujer de López Irasuegi. En diversas redadas en marzo de 1969 cayeron Jokin Gorostidi y su novia Itziar Aizpura, Antton Karrera, Julen Kaltzada y Xabier Larena. Un mes después, en abril de 1969, estas detenciones llevaron a la policía a un piso de la calle Artekalle de Bilbao en el Casco Viejo, donde fueron detenidos Mario Onaindia, Txutxo Abrisketa y Bittor Arana. Mikel Etxeberria, pese a estar herido, logró eludir la acción policial. En su huida paró el taxi conducido por Fermín Monasterio, quien posteriormente aparecería muerto en Arrigorriaga. Etxeberria consiguió escapar y fue detenido décadas después en México. Por último, en una casa de la localidad cántabra de Mogroviejo, a los pies de los Picos de Europa, fueron detenidos Teo Uriarte, Jon Etxabe, Ione Dorronsoro y Enrique Gesalaga, que en la operación resultó gravemente herido por los disparos de un guardia civil.

Tras meses preparando el sumario de forma secreta, el capitán Antonio Troncoso, vocal ponente y asesor jurista de la fiscalía en el Proceso de Burgos, manifestó que el Ejército había elaborado un completo informe sobre la historia de ETA y su posible evolución, por lo que cabía entenderse que con este proceso se pretendía escenificar la liquidación de ETA y la victoria del Estado sobre la banda. Con la dirección de ETA detenida, se consideraba que la organización estaba cercenada de raíz, con lo que solo restaría, mediante un proceso ejemplarizante, juzgar, condenar y ejecutar a los dirigentes del grupo para disuadir a posibles continuadores.

Sabedores de la trascendencia que iba a tener el proceso, las dos ramas de ETA (V Asamblea y VI Asamblea) planificaron una serie acciones con el fin de acaparar la atención internacional. Los sextos prepararon una fuga de la prisión de Burgos, donde estaban encarcelados los encausados, pero, tras meses de trabajo, el intento se topó con un último muro de hormigón que hizo imposible la fuga días antes del inicio del proceso. Además, los encausados no querían fugarse antes de acabar el proceso, ya que tenían el convencimiento de que el juicio era una oportunidad única para su denuncia pública.

ETA V Asamblea, por su parte, internacionalizó el conflicto con una acción ejecutada apenas 48 horas antes de que comenzara el proceso. El 1 de diciembre era secuestrado en Donostia el cónsul honorario de la República Federal Alemana en la capital donostiarra, Eugen Beihl. En un comunicado emitido el día siguiente, ETA anunciaba que el futuro de Beihl quedaba ligado a lo que sucediera con los procesados. Los acusados en el proceso repudiaron esta acción, ya que, en su opinión, por un lado el secuestro de Beihl iba a poner a buena parte de la opinión mundial en contra de la organización armada y, por otra, se iba restar protagonismo a los propios encausados, que habían decidido utilizar el proceso para dar un aldabonazo internacional sobre la situación que se vivía en el Estado español bajo la dictadura de Franco. Beihl fue liberado el 25 de diciembe, tres días antes de conocerse las sentencias. Además, una semana antes del inicio del proceso, la policía detuvo en Madrid a 19 destacados dirigentes de la oposición, entre los que se encontraban Nicolás Sartorius, Pablo Castellano y Enrique Tierno Galván.

La presencia de dos sacerdotes entre los encausados (Julen Kaltzada y Jon Etxabe) hizo que la Iglesia Católica se presentara como parte interesada, solicitando infructuosamente que el juicio fuera civil y no militar. Además, el Gobierno franquista insistía en que el proceso fuese a puerta cerrada, en función a lo dispuesto en el Concordato de 1953. Sin embargo, y con el fin de internacionalizar lo que allí ocurriera, Kaltzada y Etxabe amenazaron con pedir su secularización por lo que el obispo de Donostia Jacinto Argaya, y el administrador apostólico de Bilbao, Jose María Cirarda, acudieron a la Santa Sede con el fin de conseguir que el juicio se celebrara a puerta abierta. Finalmente, el Consejo de Ministros del régimen franquista accedió a los deseos de la Santa Sede.

De este modo, aprovechando la presencia de la prensa en la sala y gracias a una meticulosa planificación, los acusados y sus abogados defensores convirtieron sus intervenciones en una denuncia global de la dictadura. Tal como señaló años después uno de los procesados, Teo Uriarte, “la batalla informativa internacional la perdió el régimen de Franco”. En una entrevista concedida a Deia, Xabier Larena explicaba de qué manera tan concienzuda habían preparado el juicio. “Durante las semanas anteriores hicimos muchas reuniones. Primero entre nosotros en la cárcel y después estuvimos muchas horas reunidos con los abogados. Cada uno de nosotros sabíamos el papel que íbamos a jugar en el juicio, sabíamos las preguntas que nos iban a hacer los abogados y cuál era la respuesta que debíamos dar cada uno. Todo estuvo preparado al dedillo”, afirmaba el santurtziarra.

El climax llegó con la intervención de Mario Onaindia, el último en tomar a palabra, que acabó por romper el juicio. “Sabíamos que era la batalla más decisiva de nuestra vida”, sentenció en sus memorias. Declarándose “marxista-leninista” e “internacionalista”, y haciendo caso omiso de las indicaciones del presidente del tribunal, afirmó: “Quiero aprovechar esta ocasión para exponer la lucha del pueblo vasco y la opresión que sufre. Gora Euskadi Askatuta!”. Según relataba años después: “Subí alguno de los escalones del foso hacia el estrado porque temía que en cuanto subiera la voz los grises me cogieran. El capitán Troncoso -el fiscal- se puso aún más lívido que de costumbre y desenvainó el sable dirigiendo su punta contra mí como si temiera que fuera a abalanzarme contra él”. El grito de Onaindia de Gora Euskadi Askatuta! fue la señal para que todos los procesados comenzasen a cantar el Eusko Gudariak. Hasta ahí llegó el juicio.

Años después, Larena señalaba que, a expensas de la sentencia, en ese momento tenían la presunción de que habían ganado el juicipo. “El juicio estaba ganado solo por el hecho de que se hizo ante el mundo. Fue la primera vez que se permitió la entrada a un juicio de un corresponsal del Pravda de Moscú. El juicio se empezó a ganar desde ese mismo momento. En un receso, uno de los abogados oyó decir al coronel Ordovás, que presidía el Tribunal: Estos cabrones nos están desbordando”.

Si dentro de la sala los procesados jugaron su papel, en la calle la movilización fue un factor determinante. Desde el día 9, que se dio por concluido el proceso, el clamor en favor de los acusados se fue extendiendo. Tres centenares de intelectuales y artistas se encerraron en el Monasterio de Monserrat en Catalunya, mientras que se dieron manifestaciones en París, Milan, Roma o Berlín. Los Gobiernos de Francia e Italia solicitaron a Franco que no hubiera penas de muerte y artistas como Pau Casals, Rafael Alberti o Pablo Picasso se sumaron a la causa. Este último se negó a acudir a Barcelona a la inauguración de un museo con su nombre. Y como se ha señalado, el 25 de diciembre ETA liberaba a Eugen Beihl, el cónsul honorario alemán en Donostia, que había sido secuestrado el día 1.

Lo más trágico y luctuoso fue la muerte del joven Roberto Pérez Jauregi, que falleció el 8 de diciembre, unos días después de ser herido por disparos de la Policía cuando participaba en una manifestación de protesta en Eibar.

Por fín, el 28 de diciembre el capitán general de Burgos confirma la sentencia. En total, nueve penas de muerte ya que, en un acto casi macabro, a tres de los acusados: Teo Uriarte, Jokin Gorostidi y Xabier Izko de la Iglesia se les condenaba a dos penas de muerte a cada uno. Unai Dorronsoro, Xabier Larena y Mario Onaindia, eran condenados a una pena de muerte. De los 16 encausados, solo Arantza Arruti, la mujer de Goio López Irasuegi, era absuelta. La presión hizo mella y el Consejo de Ministros presidido por Franco acordó “hacer uso de la prerrogativa de la gracia del indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos que el Consejo de Guerra de Burgos, y con alto patriotismo, juzgó”. Los 16 militantes de ETA ganaron la batalla. Aunque tuvieron que pasar años en la cárcel. En los siete días que duró el proceso lograron transformarse de acusados a acusadores para poner al Régimen de Franco en el banquillo. La condena fue para los acusadores.