- Al Gobierno español le quedan apenas un par de páginas que voltear en su agenda para encontrarse de bruces con un compromiso marcado en rojo por el Ejecutivo vasco: deben comenzar a negociar en diciembre el primer bloque del calendario de transferencias para completar el Estatuto de Gernika, unas competencias que tienen que ser asumidas por ley desde las instituciones vascas, y entre las que destaca la gestión de las prisiones. La consejera de Gobernanza y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha trabajado estos días con el Ministerio de Política Territorial de Carolina Darias para encarrilar el esquema de la negociación de las once materias que deberían quedar en manos del Gobierno Vasco en marzo, y exigir que se conformen los grupos técnicos que despejan el camino antes de la firma final y la ejecución de los traspasos en la Comisión Mixta de Transferencias. El objetivo es que la gestión de las prisiones pase a ser competencia del Gobierno Vasco para el 31 de marzo, tal y como se contempla en el calendario.

El Ejecutivo vasco quiere agilizar y acelerar los preparativos. Precisamente ahora, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha redoblado el movimiento de presos hacia cárceles situadas en los territorios vascos o próximas a ellos, con más de 60 traslados en los últimos cinco meses. Sea o no un movimiento encaminado a preparar el terreno para la transferencia, en la práctica es un paso complementario y genera un contexto propicio para dar el empujón final.

La principal dificultad, al margen de la batalla política de la derecha española, es el considerable volumen del traspaso, aclarar el papeleo sobre las obras de la futura cárcel de Zubieta y quién las asumirá si el proyecto sigue adelante, o el descontento que puedan manifestar algunos colectivos de funcionarios. Siguiendo el precedente catalán, podría darse el caso de que el Gobierno Vasco dé a elegir a los funcionarios de prisiones si quieren seguir trabajando en Euskadi pasando a encontrarse bajo la tutela de la Administración autonómica o, por el contrario, si prefieren pedir un cambio de destino con tal de seguir trabajando para la Administración estatal. Son unos 800 trabajadores.

Con el traspaso, el Gobierno español podría desprenderse de la responsabilidad sobre los presos de ETA y la izquierda aber-tzale, y eso podría suponer un alivio para Pedro Sánchez. Aguantaría el chaparrón inicial de la derecha española por el arreón final en los acercamientos y la transferencia pero, de ahí en adelante, quedaría liberado de las críticas que ha escuchado cada vez que ha tomado una decisión sobre los presos porque ya no sería cosa suya. La ley que se tendría que aplicar en las cárceles vascas para conceder un permiso de salida o una progresión de grado seguiría siendo la estatal, pero existe margen para actuar con el criterio de la reinserción. Desde el Ministerio de Darias se limitan a confirmar a este periódico con carácter general que existen conversaciones sobre todas las transferencias con todos los ministerios concernidos, en el caso vasco y en el caso de otras comunidades que también tienen que abordar competencias pendientes.

El principal adversario de esta transferencia es la lectura apocalíptica que realizan formaciones como el PP, que asegura que Catalunya ya la tiene transferida y la utiliza para dar un trato de favor a los presos soberanistas, de manera que en el caso vasco serviría para que las cárceles se conviertan en un entorno paradisíaco para los presos de ETA, ya disuelta. Es un prejuicio de la derecha española solo porque será el Gobierno Vasco quien tendrá que aplicar la ley penitenciaria, aunque sea la misma ley que en el resto del Estado y además siempre quede la salvaguarda del control judicial. Lo que sí tendría el Gobierno Vasco es un margen para potenciar la reinserción, los permisos de salida o las progresiones de grado desde las juntas de tratamiento de las cárceles si se vieran resultados favorables en los reclusos tras aplicar los programas de resocialización, pero Lakua ha matizado que no se aplicarán criterios políticos, sino técnicos. La consejera Beatriz Artolazabal ha apostado por una gestión más humana impulsando el régimen abierto para evitar los efectos perniciosos del encarcelamiento, que siempre debe ser la última salida.

Desde el punto de vista económico, sí hay tela que cortar en esta transferencia. En este traspaso están envueltos, por un lado, los edificios, y las obras para habilitar la nueva cárcel de Zubieta en sustitución de Martutene, dotadas con 41,3 millones por parte del Gobierno español y sobre cuyo futuro tendrían que hablar ambas administraciones y el Ayuntamiento de Donostia, que ha lamentado los retrasos de Madrid en la ejecución. Las obras comenzarán en abril, precisamente justo después de que se efectúe la transferencia, si es que se cumple el plazo previsto. De ahí que sea necesario aclarar el escenario.

También están implicados los 800 funcionarios que trabajan en las cárceles vascas y más de un millar de presos y el traslado de los expedientes de los reclusos. En total, el colectivo de funcionarios de prisiones en todo el Estado asciende a unos 24.000. Se han filtrado ya algunas resistencias en medios próximos a la derecha, que hablan de que existen recelos en ciertos ámbitos de funcionarios que no se ven seducidos por la idea de pasar a trabajar para la Administración vasca y, menos aún, si lo tienen que hacer en un escenario de alta concentración de presos de ETA y la izquierda abertzale en el caso de que se produjera un acercamiento significativo a prisiones de Euskadi. Vienen a decir que van a quedar en territorio comanche y sin amparo de España si no consiguen un traslado a otra prisión del Estado. Aunque, al mismo tiempo, la derecha española dice que esos presos van a terminar en la calle porque el Gobierno Vasco busca darles beneficios.

El vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, circunscribía esta semana el meollo del traspaso al peso económico y las gestiones técnicas que deben acometerse, pero no vio otras dificultades jurídicas y rechazó pretextos políticos. La consejera Artolazabal también urgió a su traspaso y a acelerar los contactos porque el tiempo corre y el plazo vence en marzo.

Desde el Gobierno Vasco precisan que la negociación de las once materias se abordará en bloques de tres o cuatro, y se va a priorizar el asunto de las prisiones. Puede ser que haya mesas paralelas, de manera que varios bloques se negocien al mismo tiempo. Se trata de agilizar al máximo las gestiones para que de aquí a marzo pueda haber acuerdo. En este primer bloque se encuentran la gestión de las prisiones (hay tres en la comunidad autónoma: Basauri, Zaballa y Martutene, aunque en este último caso sobrevuela el proyecto para sustituir sus instalaciones obsoletas por un nuevo complejo en Zubieta), seguros, servicios privados de seguridad, meteorología, seguros agrarios, transporte por carretera, fondo de protección a la cinematografía, mercado de productos de pesca, paradores de turismo, asignación de los códigos bibliográficos del ISBN e ISNN, y ordenación del litoral.

En paralelo, está coleando el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital estatal, pero hay voluntad política y las dificultades técnicas para ensamblar esta prestación con la Renta de Garantía de Ingresos vasca no están provocando que se paren las máquinas en la negociación del resto de competencias. Además, en la actualidad se está trabajando con una encomienda de gestión entre el Estado y Lanbide. Esta competencia fue sobrevenida y surgió sobre la marcha cuando el Gobierno español diseñó esa nueva prestación.

Existen otros dos bloques de transferencias. El segundo de ellos debería quedar zanjado en octubre del año que viene y recoge 17 materias entre las que destacan otros huesos duros de roer como los puertos y los aeropuertos. El último bloque lo integra la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, cuya negociación terminaría en mayo de 2022. Es la competencia que mayores resistencias provoca en el Estado desde los estratos centralistas de los funcionarios públicos y desde partidos como el PP que acusan a Sánchez de romper la caja única de las pensiones, cuando en realidad Euskadi actuaría como ventanilla para recaudar las cotizaciones y pagar las prestaciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido hasta la fecha menos competencias de las esperadas por la sucesión de elecciones generales y la posterior irrupción del coronavirus. Fueron las competencias sobre algunas líneas de tren de cercanías por sentencia del Tribunal Constitucional, la AP-68 que supuso que Euskadi gestione toda la red de carreteras, la legislación sobre productos farmacéuticos, el seguro escolar para prestaciones sanitarias a partir de 3º de la ESO, y las ayudas previas a la jubilación en empresas afectadas por ERE.