ra "la consulta de Mas". Así describían, con un tono despectivo, los detractores de la convocatoria electoral que el entonces president fijó el 9 de noviembre de 2014, y que tuvo que derivar en un proceso participativo del que hoy se cumplen seis años, para sortear el acoso judicial al que el Govern estaba siendo sometido. Fue una especie de ensayo de laboratorio del referéndum del 1-O y sus consecuencias después de que el Tribunal Constitucional amputara en 2010 el Estatut y diera el pistoletazo de salida al procés. A día de hoy, el conflicto sigue enquistado, hay dirigentes independentistas en la cárcel, exiliados y casi 2.900 represaliados. El giro a la izquierda en Moncloa solo trajo promesas y una mesa de diálogo en el limbo, mientras Catalunya aguarda otros comicios, el 14-F, donde la correlación de fuerzas mantendrá la hegemonía soberanista, que no sufre desgaste pese a las pugnas internas y la represión externa.
Aquello supuso una inyección de optimismo en el independentismo, que entendió que esa gran movilización demostraba que el movimiento tendría fuerza suficiente para doblegar al Estado desde la unidad política, el impulso de la calle y la desobediencia civil e institucional. La Generalitat cifró en 2.305.290 el número de personas que participaron en la consulta: el 80,76% respaldó la secesión, el sí-no (sí a un Estado propio pero no independiente) contó con el apoyo del 10,07% y el no llegó al 4,45%.
Para desembocar en ese punto se habían producido antes consultas extraoficiales en municipios entre 2009 y 2011. La primera tuvo lugar en Arenys de Munt y centenares más le siguieron la estela, incluido la capital catalana el 10 de abril de 2011. Todo se aceleró tras la multitudinaria Diada de 2012, la primera organizada por la ANC: Artur Mas adelantó elecciones con el derecho a decidir como bandera, calculando que lograría la mayoría absoluta y controlaría los tempos del procés. Las cloacas del Estado hicieron su trabajo aireando informes policiales sobre el president y el soberanismo, y la extinta CiU no solo no ganó los seis escaños que necesitaba sino que perdió 12 y quedó a merced de las condiciones de ERC, con Oriol Junqueras al frente, para garantizarle la gobernabilidad, entre ellas esa consulta de autodeterminación.
Se fijó para el 9 de noviembre de 2014 y para recabar el apoyo no solo de CDC, ERC y la CUP, sino también de ICV-EUiA y Unió Democràtica, partidarios de una tercera vía, se diseñó esa doble pregunta: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado?" y "En caso afirmativo, ¿quiere que ese Estado sea independiente?". Mas ofreció pactar los términos de esa consulta no vinculante a Mariano Rajoy, que rechazó una lista de 23 puntos que le propuso el president como alternativa y avalar una convocatoria que, según insistía, vulneraba el artículo 1.2 de la Constitución. En su convocatoria Mas invocó tres artículos de la Carta Magna y el Estatut para aclarar que el Parlament puede formular una propuesta de reforma constitucional, pero el politizado TC tumbó la consulta y el Govern formuló un proceso participativo bajo el mando de 20.000 voluntarios. El Constitucional tampoco lo avaló pero siguió su curso.
Las largas colas en los locales de votación se leyeron como un triunfo personal de Mas frente a Moncloa. El pulso se agravó. Y se llegó al 27 de septiembre de 2015 a unas elecciones con una lista conjunta del soberanismo, a excepción de la CUP, llamada Junts pel Sí y engrasada con perfiles de la sociedad civil como Carme Forcadell, que presidía la ANC antes de ser presidenta del Parlament y acabar en prisión por la causa del 1-O. Los buenos resultados de esa plancha quedaron esta vez condicionados por los necesarios votos del partido antisistema, que se cobró su pieza: la cabeza de Mas, quien cedió el testigo a Carles Puigdemont para que la legislatura pudiese arrancar. Políticamente es bien conocido el devenir: su sucesor gestó el referéndum de 2017 y acabó exiliado en Waterloo; su sucesor, Quim Torra, apartado por los tribunales; Junqueras, en la cárcel junto a otros dirigentes como Josep Rull, arrestado en plena investidura a president; otros decidieron también abandonar Catalunya como Marta Rovira o Anna Gabriel; líderes civiles como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart están entre rejas; y la Justicia tuvo que refugiarse en el delito de sedición ante la imposibilidad de demostrar la rebelión... Y ahora se habla de indultos y no de amnistía.
El 9-N terminó con una querella contra Mas, inhabilitado dos años por desobediencia, y tres consellers: Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau. Pero el espíritu de aquella consulta permanece vigente.
Los contrarios al derecho a decidir demonizaron a Mas, que sorteó al TC gestando un proceso participativo, como luego a Puigdemont y Torra
