- Los equipos jurídicos de JxCat y el PDeCAT elevaron ayer el cruce de reproches entre ambas formaciones en los juzgados en la vista de la demanda del partido fundado por Artur Mas a JxCat por la supuesta apropiación de la marca por parte del expresidente Carles Puigdemont para su nuevo partido.
La jueza valoró las medidas cautelares solicitadas por el PDeCAT y decidirá si las acepta en un plazo de 10 a 15 días. El abogado que representa a JxCat, Agustí Carles, acusó al PDeCAT de querer "paralizar" la actividad política de la formación que defiende al presentar la demanda, que considera un "fraude de ley".
Carles señaló que paralizar la actividad política de JxCat con la adopción de medidas cautelares supondría un "daño irreparable" y comportaría unas pérdidas económicas para la formación que cuantificó en 493.000 euros, el resultado de multiplicar la cuota anual de 120 euros por los 4.100 afiliados que ha afirmado tiene Junts.
Asimismo, señaló que la demanda del PDeCAT carece de legitimidad en tanto que se tomó por decisión de la Ejecutiva Nacional y no del Consell Nacional, que es el órgano que tiene la potestad para decidir si se presentan o no demandas que afectan al partido. Carles también acusó al PDeCAT de estar metiéndose "en la vida interna de otro partido" y enfatizó que JxCat tiene la intención de presentarse a las próximas elecciones.
Por parte del PDeCAT, se acusó a JxCat de querer "apropiarse" del capital político de la formación, y su abogada, Laia Bartomeus, justificó que la demanda no requería del aval del Consell Nacional, como se ha argumentado desde JxCat.
En la vista de medidas cautelares participaron en calidad de testigos varias de las personas que participaron el 27 de junio en una asamblea de JxCat que acabó desembocando en el control de las siglas por personas de la confianza de Puigdemont. De los testimonios se desprende que la asamblea se celebró a través de llamadas telefónicas y mensajes de whatsapp.
