- La reparación de las víctimas del franquismo dio ayer un paso de gigante con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Memoria Democrática, que actualizará la ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero con un sinfín de medidas, como la anulación de todos los juicios celebrados sin garantías y por motivos políticos durante el franquismo. Ello incluye el proceso contra el que fuera president catalán durante la II República, y fusilado por el franquismo, Lluís Companys. Pero también a Txiki y Otaegi, fusilados en septiembre de 1975, en los estertores de la dictadura, al igual que tres militantes del FRAP.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, definió la nueva norma como un “texto urgente” porque la democracia “no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta” que permitirá “homologar” la democracia española a las más avanzadas del mundo. Tras la aprobación en 2007 de la ley de Zapatero, los gobiernos de Rajoy la dejaron en la práctica sin efecto al no destinarle ninguna cantidad en los presupuestos del Estado.
Esa situación cambia ahora aunque el desarrollo de esta ley será muy largo, vaticinó Calvo. La misma incluye medidas que ya llevan años aplicándose en Euskadi, como la creación de un banco de ADN o el impulso de las exhumaciones. El mismo lunes salió a la luz que el prestigioso antopólogo forense Paco Etxebarria lleva asesorando al Gobierno de Pedro Sánchez en estas cuestiones desde febrero.
Además de declarar ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos, con sus correspondientes sentencias, instruidos durante el régimen de Franco, la ley incluye una condena expresa del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista. A partir de ahí, no hay prácticamente ningún recoveco sin cubrir, lo que llevará a realizar planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria. Además, a diferencia de la ley de Zapatero, el anteproyecto prevé un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros.
El texto recoge que será causa de extinción de fundaciones la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, al considerarse que son contrarias al interés general, lo que podría llevar a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Su presidente, Juan Chicharro, dio ayer por hecho el apoyo de Vox contra la ley y dijo esperar que el PP “también reaccione”. Se pondrá en marcha un plan de exhumaciones que reconocerá el derecho de los familiares a conocer lo sucedido, así como a la identificación y sepultura digna de las víctimas. Incluso se calcula que se podrían recuperar entre 20.000 y 25.000 cuerpos en cuatro años.
Por otra parte, el anteproyecto prevé la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, siguiendo la recomendación de las Naciones Unidas; así como de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, para recibir y almacenar el ADN de víctimas y familiares que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas. La creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura es otra de las novedades de esta iniciativa, así como que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española, esta última medida a propuesta de Unidas Podemos.
La norma también prevé retirar condecoraciones a personas relacionadas con el franquismo y que recibieron esas menciones por su actividad en contra de la democracia, como fue la concedida al policía fallecido Billy el Niño. IU se felicitó por la aprobación del anteproyecto de ley, que supone un “importante avance cualitativo”, aunque avanzó su intención de que el Congreso acabe aprobando una norma aún más ambiciosa. Mucho más crítico, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, censuró que el Gobierno recurra al “comodín” de Franco para tapar su gestión de la pandemia.
Fechas para celebrar. Se establecen dos fechas, el 31 de octubre, cuando se aprobó la Constitución, y el 8 de mayo, día de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la dictadura y a los exiliados españoles, respectivamente.
Conservar los archivos. Se protegerán los archivos de los expresidentes del Gobierno durante el periodo democrático y se impulsará la investigación de episodios históricos represivos y el retorno al Estado de fondos documentales del exilio.
Nuevo panteón. Se cambiará el nombre del Panteón de Hombres Ilustres por el de Panteón de España y se enterrará en él a personalidades relevantes.
“Esta ley va a permitir homologar la democracia española a las más avanzadas del mundo”
Vicepresidenta primera del Gobierno
