Primer gran revés del Gobierno Sánchez con el rechazo al decreto de remanentes

El decreto planteaba a los consistorios que entregasen su remanente para que el Gobierno lo repartiese y pudieran beneficiarse todos los municipios del Estado, no solo los que tienen liquidez, para hacer frente a la crisis. A cambio, Hacienda, que se comprometía a devolver el dinero en un plazo de 15 años con intereses, entregaría a los consistorios 5.000 millones a fondo perdido.

El Ministerio que dirige María Jesús Montero había propuesto a los grupos parlamentarios tramitar el decreto como proyecto de ley, con objeto de que salieran adelante aquellas cuestiones del decreto sobre las que no había discrepancias, como la suspensión de la regla de gasto o la revisión de la financiación local.

Además, Montero había alcanzado apenas horas antes de la votación un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos que le permitió el apoyo de los morados y sus confluencias. Ese acuerdo consistía en la creación de un fondo de 3.000 millones de euros para la recuperación económica y social, unos fondos no condicionados que se distribuirían entre todos los ayuntamientos en función de la población.

Sin embargo, las formaciones que componen el Gobierno no lograron sumar a ningún otro grupo a favor del decreto. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo de coalición pierde la votación sobre la convalidación de un decreto ley.

De hecho, como se ha señalado el único voto positivo ajeno a los partidos gubernamentales fue el emitido telemáticamete el miércoles por Guitarte, quien votó convencido de que había un acuerdo que finalmente no fraguó. Optó por el sí al creer que había un pacto para liberar el 60% del fondo prometido y distribuir ese dinero entre los municipios sin condiciones, tuviera o no superávit, y evitando la controvertida cesión. Sin embargo, según informaron posteriormente fuentes próximas al diputado de Teruel Existe, de haber estado ayer en el hemiciclo tras comprobar que ese pacto no había llegado a buen puerto, Guitarte hubiera optado por la abstención.

El de los remanentes municipales es el primer decreto ley del Gobierno de coalición que no avala el Congreso ni lo tramitará para modificar su redacción.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo cifró el pasado miércoles en 27 los decretos leyes que el Gobierno había llevado al Congreso. El de los remanentes municipales es el primero en quedar derogado, es decir, sin efecto. Es, además, el quinto de la democracia en correr esa suerte: en 1979, en 2006, en 2017 (el de los estibadores) y en 2019 (para regular los alquileres de viviendas) se localizan los únicos precedentes.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, encargada de defender -sin éxito- el decreto, afirmó que el rechazo no desgastará al Ejecutivo ni condicionará la negociación presupuestaria que está ya en marcha. Al contrario, Montero enfatizó que "los grandes perjudicados serán los ayuntamientos". La responsable de Hacienda señaló que los ayuntamientos no percibirán una serie de recursos adicionales ni contarán con un margen más flexible para sus inversiones.

"El Gobierno asume que unas veces se gana y otras se pierde", manifestó Montero, quien reconoció que el Ejecutivo "ha tomado nota" del revés parlamentario y, por tanto, "la próxima vez", además de hablar con la FEMP, hablará con todos los grupos antes de presentar una determinada iniciativa.

Preguntada sobre una posible consecuencia de este desencuentro en la negociación presupuestaria, la portavoz del Gobierno aseguró que el debate del decreto municipal "no tiene nada que ver" con la que ya se ha iniciado, cara a obtener unos presupuestos nuevos en 2021.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, calificó como "una mala noticia" para los ayuntamientos el rechazo al decreto de remanentes. Además, el grupo municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclamó ayer que se convoque de forma "urgente" una reunión "al máximo nivel" entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda para negociar una nueva propuesta destinada a dar salida a los remanentes de los ayuntamientos. El portavoz del grupo municipalista, alcalde de Rivas Vaciamadrid y miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP, Pedro del Cura, advirtió de que los ayuntamientos no se pueden quedar ahora "en tierra de nadie y sin capacidad legal para movilizar sus recursos ante la crisis".

En una semana en la que las noticias sobre la operación Kitchen y el espionaje a Luis Bárcenas han puesto, una vez más, al PP en el ojo del huracán de la corrupción, el presidente de los populares, Pablo Casado, sacaba ayer pecho por lo sucedido en el Congreso y calificaba de "derrota histórica" la derogación del decreto sobre los remanentes municipales.

A juicio de Casado, el resultado de la votación en la Cámara Baja demuestra que existe un "grave problema de debilidad dentro del Gobierno" y de "arrogancia" e "incompetencia" para llegar a acuerdos no solo con otras fuerzas políticas, sino con otras instituciones, como es el caso de los ayuntamientos y entidades locales.

Para el líder de la oposición, lo sucedido supone una "victoria del municipalismo", y aseguró que su partido "ha liderado" esa "rebelión" de los más de 2.800 alcaldes de todo el Estado que se han opuesto a la forma en que el Gobierno quería controlar el uso de sus remanentes, y además cuando han demostrado una "buena gestión" ante la pandemia. En todo caso, apuntó que "hay que mirar al futuro" y que tras esta "grave derrota", el Consejo de Ministros tiene que adoptar medidas inmediatas para que los consistorios puedan utilizar esos remanentes que "legítimamente tienen".

"Es una derrota histórica en la que nuestro partido ha liderado la rebelión de los alcaldes"

Presidente el PP

"El Gobierno asume que unas veces se gana y otras se pierde, y tomamos nota de lo sucedido"

Ministra de Hacienda