- El PNV no es muy partidario de hablar de líneas rojas o condiciones previas en sus negociaciones pero, en el fondo, su exigencia al Gobierno español para que derogue el decreto que confisca los remanentes a los ayuntamientos se perfila como la clave de bóveda de las conversaciones presupuestarias. El portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se lo va a plantear en persona al presidente Sánchez en la reunión prevista para el próximo jueves a las 12.30 horas.

Según fuentes del grupo vasco consultadas, Esteban recibió ayer la llamada de La Moncloa para convocarlo a una reunión, dentro de la ronda de contactos del presidente español para abordar los Presupuestos de 2021, tratar de que la crisis sanitaria deje de utilizarse como ariete para la confrontación por parte de la derecha española, y renovar órganos como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En la reunión en La Moncloa, que será presencial aunque se ha dejado la puerta abierta a convertirla en telemática si el virus obliga, Esteban escuchará lo que tenga que plantear Sánchez porque es quien ha tenido la iniciativa. Pero, al haber anunciado de antemano que hablará sobre los Presupuestos, las mismas fuentes anticipan que Esteban le preguntará con quién pretende aprobarlos y le planteará que para el PNV es "muy importante" la regla de gasto de los ayuntamientos para que puedan hacer frente a esta crisis y utilizar sus remanentes con mayor flexibilidad. Lo sitúa "al mismo nivel de importancia que los Presupuestos".

"Si para ellos son importantes las Cuentas, para nosotros es importante utilizar los remanentes", zanjan desde el grupo jeltzale, que está liderando la ofensiva vasca contra el decreto, y redobla la presión a Sánchez colocando en mayúsculas y con luces de neón esta exigencia en el preámbulo de la negociación presupuestaria. Lleva hasta el máximo nivel de interlocución política, hasta Sánchez, la demanda planteada por el presidente de la asociación de municipios vascos, Eudel, Gorka Urtaran, y defendida por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en sus reuniones con alcaldes estatales críticos. No son balas de fogueo, porque el PNV es uno de los socios más leales de Sánchez y el presidente no está sobrado de apoyos.

Esteban le trasladará sin paños calientes que "tiene que sustituir" el decreto con el que pretende tomar prestado el remanente de los ayuntamientos y devolverlo en un plazo máximo de 15 años a cambio de una transferencia de 2.000 millones este año y 3.000 el próximo. El Gobierno español se asoma al abismo porque ningún partido salvo el PSOE quiere convalidar este decreto en el Congreso, pero trata de presentarlo como si fuera un favor a los ayuntamientos, con el argumento de que este rodeo les permite gastar los remanentes que de otra forma estarían secuestrados por la Ley de Estabilidad del PP. Lo presenta como si fuera el único camino y no existieran alternativas.

Pero el PNV cree que no son más que largas y que, tras prometer durante años que reformaría esa ley, el PSOE se escuda ahora en que Europa o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ponen freno al cambio. Los jeltzales piden que, si no se reforma, al menos sí se suspenda la regla de gasto por esta situación excepcional en plena pandemia del coronavirus. Además, Esteban avisa de que el decreto de los remanentes no tendrá vigencia en Euskadi porque se rige por el Concierto Económico, y la tutela de los ayuntamientos corresponde a las diputaciones forales. Y cree que el planteamiento del decreto es confiscatorio y que el Gobierno español tiene que dar solución de una vez por todas al freno que supone la regla de gasto.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a comparecer en comisión unos días antes de esta cita, el próximo lunes, obligada por todos los grupos para explicar este decreto. Es una comparecencia extraordinaria aprobada por la Diputación Permanente, y el PNV estará expectante para ver si presenta un planteamiento más flexible. Montero está abocada a una derrota parlamentaria con este decreto cuando lo tenga que convalidar en septiembre, pero está mostrando un discurso más duro que el del propio presidente, quien se abrió a dialogar con los alcaldes para evitar el varapalo.