La Guardia Civil ha detenido al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés debido a una acusación por presunta violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
El magistrado fue detenido por agentes de la Guardia Civil en su domicilio de Majadahonda (Madrid) tras una denuncia tramitada la pasada noche por su esposa en el marco de un posible delito de violencia de género.
El juez Fernando Valdés fue propuesto por el PSOE al Tribunal Constitucional, cargo al que accedió en 2012. Debía haber sido renovado hace un año.
Fuentes conocedoras del caso han señalado que el magistrado ha estado unas horas detenido y ha sido luego puesto a disposición judicial este martes por la mañana, decretándose su libertad con la obligación de personarse ante el juzgado.
No obstante, debido a su condición de magistrado en el tribunal de garantías, se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que sólo este órgano podrá investigarle.
El juez Fernando Valdés Dal-Ré (Valladolid, 1945) fue propuesto por el PSOE al Tribunal Constitucional, cargo al que accedió desde 2012 y que debía haber sido renovado hace un año. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e inspector de Trabajo en situación de excedencia de la promoción de 1968.
Ha sido catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las Universidades de Salamanca y Valladolid. Durante su trayectoria académica ha sido profesor asociado de las Universidades de París X (Nanterrre) y Lyon 2 (Lumière).
También fue director general del Servicio Jurídico del Estado (1986-1990), consejero de Estado durante ese mismo periodo y vicepresidente del Instituto Europeo de Juristas de Derecho Social (2004-2007). También presidió la Comisión que elaboró el anteproyecto de texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Voto particular sobre los presos del procés
Valdés es uno de los cuatro magistrados, además de ponente, encargados de analizar en profundidad los recursos presentados contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'Ley Mordaza', impulsada por el Partido Popular en 2015.
Por otro lado, ha participado en la reciente sentencia dictada por el Constitucional, que exige a los jueces hacer una investigación "suficiente y eficaz" antes de acordar el archivo de denuncias por violencia de género.
Asimismo, ha sido uno de los magistrados que emitieron un voto particular contra la decisión del Pleno del TC de avalar las prisiones preventivas de los ahora ya condenados por el 'procés' independentista en Cataluña.
