- Nadie sabe a ciencia cierta por qué el Gobierno español se resiste a reunir la Comisión Mixta del Concierto Económico para aumentar la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma vasca, y permitirle cubrir la laguna que va a dejar el desplome de la recaudación fiscal por el coronavirus. Si tal y como parece insinuar el presidente Sánchez existe una discrepancia con los cálculos y no le termina de cuadrar la estimación que hacen las diputaciones forales sobre el terremoto recaudatorio, de unos 2.000 a 3.000 millones menos, ayer el Gobierno Vasco puso sobre la mesa los datos recién publicados sobre el segundo trimestre del año, que reflejan una histórica caída del PIB del 20,1% y que demostrarían que la situación es crítica y no intenta dar gato por liebre ni hay truco en las estimaciones. Con este cuadro, el consejero de Hacienda en funciones, Pedro Azpiazu, elevó la presión sobre el Gobierno español ante la gravedad del contexto económico y vio más urgente que nunca convocar la Comisión para que se estabilice el marco financiero.

El Ejecutivo vasco, en una comparecencia donde ofreció por primera vez una cifra orientativa del límite de déficit que pide (un 3,5% frente al 0% que se había fijado inicialmente), argumentó que necesita aclarar cuanto antes las cifras como paso previo para pedir una autorización de endeudamiento y acudir a los mercados con el objetivo de captar los recursos necesarios para financiar los servicios públicos. Este debate tiene profundas implicaciones políticas y amenaza seriamente la confianza que había depositado el PNV en la investidura de Pedro Sánchez. El consejero jeltzale recordó que la vicepresidenta Calvo asumió con el PNV el "compromiso político" de reunir la Comisión en la primera semana de julio y "se ha incumplido". Admitió que todavía no ha sido posible cuadrar los cálculos con la ministra Montero aunque su acuerdo decía que la comunidad autónoma debía tener una capacidad de endeudamiento suficiente para compensar la caída de la recaudación. "Hay que trabajarlo desde los números y la política", zanjó Azpiazu.

Tras presentar una situación crítica "sin precedentes en tiempos de paz", el Gobierno Vasco en funciones aseguró que hay varios factores que pueden contribuir a la "estabilización", entre los que citó las provisiones de liquidez para las empresas desde las diputaciones, los ERTE o la nueva senda de estabilidad que se debe pactar con el Estado, en alusión al déficit y la deuda que deberían permitir que la comunidad autónoma movilice los recursos necesarios para cubrir la caída de la recaudación. Se habló de una caída fiscal del 18%, que supondrá que el Gobierno Vasco deje de percibir "unos 2.000 millones". "Es urgente e imprescindible convocar la Comisión Mixta cuanto antes", dijo Azpiazu. El viceconsejero Alberto Alberdi fue quien planteó la cifra del déficit del 3,5% para el conjunto de la administración vasca, y precisó que es "menor" que la caída de la recaudación prevista, "que puede tener un impacto del 4,1% del PIB". La cifra del 3,5% no es definitiva y dependerá del cierre de la recaudación de junio, porque esa estimación se hizo con los datos de mayo.

Que el déficit sea inferior a la caída de la recaudación no se plantea como guiño. Según explican a este diario en el departamento de Azpiazu, bastaría con ese déficit porque la comunidad tiene otros recursos como sus arcas saneadas, que le permiten tener un remanente y utilizar el superávit; y cuenta con recibir unos 560 o 590 millones del fondo Covid de Sánchez, según los propios cálculos del Estado. Pero insisten en que la cifra del 3,5% es orientativa.

La situación es acuciante para el Gobierno Vasco ante las malas noticias que no cesan, con despidos en Tubacex e ITP. Sin embargo, Sánchez da la sensación de seguir esperando algo. Se especuló con que estuviera pendiente del acuerdo europeo, pero ya se ha producido. Podría aguardar a que Euskadi haga oficiales las cifras en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre, lo que expone a Sánchez a una larga travesía en el desierto a nivel parlamentario porque el PNV no va a negociar nada. Otro escenario posible es que quiera la fotografía global del Estado ahora que negocia con los ayuntamientos que no tengan que cumplir la regla de gasto este año.