Euskadi y Madrid pactan una ley y chocan en la vía para estabilizar el empleo público

En el caso de la Ley de Policía, no está claro todavía si el Gobierno de Sánchez va a llevar al Tribunal Constitucional la parte del texto donde no se ha producido un entendimiento. En concreto, se ha resuelto la discrepancia sobre la figura de los interinos de la Policía municipal, que al final se va a permitir porque el propio Tribunal Constitucional le ha dado luz verde en una sentencia reciente, pero se mantiene el desacuerdo en un debate capital: los procesos de consolidación de empleo, es decir, la posibilidad de que las próximas OPE de este año incluyan un procedimiento específico para estabilizar los puestos de los trabajadores que atesoran como mínimo ocho años de experiencia en el sector público y que han funcionado con contratos temporales.

Este punto afecta a miles de personas y, además, se contiene en otros proyectos de ley como el de empleo público o de escalas de la administración. Es un asunto determinante para el consejero de Autogobierno en funciones, Josu Erkoreka, que también se encarga de la función pública. La alta tasa de interinidad es un problema endémico en la Administración pública vasca, de ahí la relevancia de este conflicto. Existen precedentes de leyes donde no se alcanzó en su momento un acuerdo y donde el Estado optó por correr un tupido velo y no recurrir para mantener la sintonía con el Gobierno Vasco y el PNV. Ocurrió con la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, que no fue recurrida por el expresidente Rajoy, del PP.

La ley 7/2019 de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco y la ley 10/2019 de Ordenación Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales fueron publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco el año pasado, y las discrepancias surgidas fueron sometidas a la comisión bilateral de cooperación con el Estado. Por ello, el plazo para llegar a un acuerdo o, por el contrario, hacer oficial el recurso ante el Tribunal Constitucional, finalizaba el 9 de abril de este año. En medio de todo este proceso estalló la crisis del coronavirus, el Gobierno español decretó el estado de alarma y suspendió todos los plazos administrativos. El Tribunal Constitucional recuperó cierta normalidad en junio y decidió no reanudar los plazos, sino reiniciarlos desde cero. Por lo tanto, queda aproximadamente medio año para que el Gobierno español confirme si recurre o no la consolidación de empleo. Hay un tercer asunto pendiente de negociar, los decretos digitales del Gobierno español concebidos para cerrar las páginas de internet del independentismo catalán.

En cuanto a la ley de centros comerciales, una ley del Parlamento Vasco y no del Gobierno, el acuerdo ha sido total y el asunto está zanjado, según las fuentes consultadas. El texto fue aprobado por unanimidad en el Parlamento, y lo que se plantea en el pacto entre ambos gobiernos es que se acometa en un año un desarrollo normativo respetando la normativa básica y el marco de la Unión Europea. En la antesala de la aprobación de esta ley, surgieron algunas fricciones entre la oposición y el Gobierno Vasco, precisamente a cuenta de la seguridad jurídica y la necesidad de adaptarse a Europa, aunque al final se produjo un acuerdo y la ley fue impulsada por todos, también PNV y PSE. El acuerdo con el Gobierno español insta a respetar ese marco de la normativa básica y Europa en el punto donde se regula la superficie máxima de esos centros comerciales. Las fuentes consultadas aclaran que no tiene por qué ser una rectificación de la ley aprobada. Se puede acometer un desarrollo por reglamento, o algún retoque desde el Parlamento Vasco, en función de lo que se vaya decidiendo desde la Cámara de Gasteiz, la legisladora.

La ley fija una superficie máxima de 2.500 metros cuadrados en las periferias de las ciudades con más de 30.000 habitantes. En los cascos urbanos de esos municipios, la extensión puede ser de hasta 30.000 metros cuadrados. En localidades de entre 10.000 habitantes y 30.000, se habla de 15.000 metros, y para el resto, la dimensión máxima queda en 2.000 metros cuadrados. Con carácter general, el acuerdo considera que los artículos que estaban en disputa se han dictado dentro de las competencias autonómicas sobre "ordenación del territorio y urbanismo", de manera que no tiene nada que objetar, y solo establece como salvaguarda las infraestructuras de interés general.

En el caso de la Ley de Policía, persiste un desacuerdo crucial. El Estado considera que la única consolidación de empleo posible en la Policía local es la que tiene cobijo en los Presupuestos estatales para 2017 y 2018. El Gobierno español rechaza la posibilidad de diseñar un proceso restringido para los trabajadores temporales porque cree que vulnera el principio de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad que se contiene en la normativa básica estatal. El Gobierno Vasco quiere consolidar una gran cantidad de puestos de trabajo en las próximas OPE, porque es una petición del Consejo Vasco de Función Pública en el que participan los sindicatos mayoritarios (ELA, LAB, UGT y CCOO). Por ejemplo, se recoge en el proyecto de ley de Cuerpos y Escalas, donde se apuesta por crear un turno diferenciado de acceso en esos exámenes cuando la interinidad supere un 40% en las administraciones públicas. Ese turno diferenciado acogerá a las personas que acrediten un mínimo de ocho años de experiencia. El objetivo es aprovechar ese capital humano con tanta experiencia a sus espaldas. La prueba sería práctica, para acreditar la pericia en tareas habituales de ese puesto de trabajo. Así se garantiza también el mérito y la igualdad. Este procedimiento se incluye también en las disposiciones transitorias 19 y 20 del proyecto de Ley de Empleo Público Vasco. Por lo tanto, es un debate con un gran alcance.

Por el contrario, sí se ha alcanzado un acuerdo sobre los complementos por cese y ocupación de nueva actividad (ambas partes interpretan que el complemento se ajustará a la normativa básica estatal y no podrá superar los porcentajes máximos de aumento autorizados), y también ha habido entendimiento sobre la figura de los interinos de la Policía local, las personas que desempeñarán funciones auxiliares cuando haga falta personal y cuya labor ha sido autorizada por el Tribunal Constitucional en dos sentencias. Se ha acordado igualmente dejar claro que las prestaciones por jubilación forzosa o fallecimiento entrarán dentro del concepto de asistencia social y no del sistema de la Seguridad Social.

El Boletín Oficial publica hoy también el comienzo de la negociación de dos leyes más, la de Presupuestos vascos de 2020, y la de Cooperativas de Euskadi. Esta negociación la pilotará ya el próximo Gobierno Vasco que resulte constituido tras la sesión de investidura, porque el actual se encuentra en funciones desde las elecciones del pasado día 12. Los dos acuerdos que publica hoy el boletín se alcanzaron antes de las elecciones por los equipos técnicos del consejero Josu Erkoreka y la ministra Carolina Darias.

Ley de Ordenación Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales. Es una ley del Parlamento Vasco y no del Gobierno. En ella, el acuerdo ha sido total. Se ha pactado acometer en un año un desarrollo normativo respetando la normativa básica y el marco europeo.

Quinta modificación de la Ley vasca de Policía. La figura de los interinos ha quedado avalada por el propio TC en recientes sentencias. Queda la discrepancia sobre los procesos para consolidar el empleo público.

OPE. El Gobierno Vasco quiere consolidar puestos de trabajo en las próximas OPE, una petición del Consejo Vasco de Función Pública. Se recoge también en los proyectos de empleo público y escalas, donde se apuesta por crear un turno diferenciado de acceso en esos exámenes cuando la interinidad supere un 40% en las administraciones públicas. Ese turno diferenciado acogerá a las personas que acrediten un mínimo de ocho años de experiencia.