- Si algo caracteriza a Yolanda Díaz es que no es de las dirigentes políticas que escurre el bulto y tiene el don de expresarse para que todos le entiendan. Después de días de silencio ayer tenía la patata caliente de posicionarse sobre la polémica derogación de la reforma laboral que el Gobierno de coalición pactó con EH Bildu para amarrar la prórroga de la alarma y, aunque no mencionó ese acuerdo ni se atrevió a ponerle plazos y forma a la supresión, fue lo más sincera posible: "Se hará cuando sea posible". En su intervención durante la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, la ministra del ala de Unidas Podemos señaló que la erradicación de la ley laboral "seguirá su curso y su camino, y lo hará con diálogo social, como siempre", después de que la patronal suspender a toda vía de comunicación al conocer que el consenso entre socialistas, morados y la coalición soberanista instaba a la eliminación íntegra de la reforma laboral del PP, algo que la ministra Nadia Calviño obligó al PSOE a rectificar porque entiende que sería "absurdo y contraproducente" en el actual contexto.

La derogación, según se recogía en el acuerdo programático, y, conforme Díaz ha aseverado en otras ocasiones, se abordaría en dos fases, en una primera donde se tratarían los aspectos más lesivos y en otra posterior que trataría sobre la creación de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. La titular de Trabajo evitó entrar ayer en el calendario para sacar adelante la contrarreforma -el pacto con Bildu habla de acometerla antes de que acaben las medidas extraordinarias vinculadas al coronavirus- ni en si se podrá considerar "integral". "Ha de ser abordado cuanto antes, pero nos encontramos inmersos en una pandemia", zanjó. Asimismo, es consciente de que no puede ser derogada de súbito, pues se trata de un entramado jurídico complejo en el que conviven medidas que recortaron derechos con otras que actualizan y ajustan la regulación del cambiante mundo del empleo.

Interpelada sobre el portazo de la CEOE a una mesa de diálogo social, Díaz indicó que la comisión tripartita sobre la prolongación de los ERTE más allá del 30 de junio "sigue vigente". La dirigente de Podemos, principal damnificada de la alianza con EH Bildu, trabaja para volver a sentar a patronal y sindicatos. Su tarea y la de su secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha estado presidida desde el pasado enero por el empeño de desplegar su programa político mediante la negociación, tratando de evitar el error que en 2012 cometió el PP, cuando aprobó la reforma laboral apartando a las organizaciones sindicales, de ahí que su contacto con las centrales y la CEOE sea casi diario. De hecho, ya logró que todos firmaran su propuesta de subida del salario mínimo nada más arrancar el año y en esas fechas ya se afanaba con empresarios y sindicatos en el calendario y objetivos del laborioso desmantelamiento de la normativa laboral que abanderó el Gobierno de Mariano Rajoy, comenzando por la supresión de los despidos por baja médica reiterada.

Para hablar de los cambios legales necesarios para combatir la precariedad laboral, la responsable de Trabajo defendió ayer que "debemos acometer las transformaciones de fondo que este país necesita en el ámbito laboral y del trabajo, sin tardanza. Nuestra respuesta debe ser ambiciosa". Apuntó además que el mercado laboral en mayo ha entrado en una fase de "absoluta contención". Después de una destrucción intensa por la crisis del covid-19, de finales de marzo y buena parte de abril, Díaz recalcó que, aunque con prudencia, "estamos en un tránsito de contención".

La ministra quiso destacar que los representantes de los empresarios y los sindicatos han demostrado su madurez y "altura de miras", al tiempo que se mostró confiada en que "esta senda tan fructífera continuará dando frutos a lo largo de la legislatura". En este escenario, Díaz aludió a la importancia de los ERTE para evitar la destrucción de puestos de trabajo; y subrayó que el porcentaje de población activa protegida en abril a través de expedientes temporales de empleo, la prestación a autónomos y a desempleados llega al 30% -6,68 millones de trabajadores-, el doble de lo registrado hace diez años, "en el momento más álgido de la crisis anterior, y con un nivel de paro muy superior al de hoy".

Políticas activas de empleo. La senadora del PNV Nerea Ahedo defendió ayer el fortalecimiento de las políticas activas de empleo ante la crisis, censurando que se desviaran los recursos que las comunidades autónomas reciben para formación para destinarlo a prestaciones. "Si el empleo cae debe haber un aumento de inversión en empleabilidad", replicó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticando que el Ejecutivo español se escude en la pandemia para justificar su medida. "El empleo también depende de la formación", recalcó Ahedo, instando de nuevo a que se acelere la tramitación de los ERTE aprobados ya que "miles de personas siguen sin cobrar 72 días después".