Madrid, Valencia y Andalucía muestran su malestar y reclaman pasar a la fase 1

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión telemática del presidente y varios de sus ministros con los presidentes autonómicos, salió al paso del malestar de estas comunidades con la decisión del Gobierno subrayando que "no se puede forzar el ritmo". Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que también participó en el encuentro, se mostró partidario de no revisar los informes de estas Comunidades Autónomas y defendió la pulcritud con la que trabaja el equipo técnico del que no facilitó los nombres.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió el paso a la fase 1 de la desescalada para reactivar la economía de una región que concentra el 60% de las grandes empresas y que es el "motor económico" para que todos los demás sigan funcionando". También solicitó refuerzo sanitario y la puesta en marcha del fondo no reembolsable para las CCAA.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió que se revise "de manera inmediata" la situación de las provincias de Málaga y Granada que han quedado en la fase 0 de la desescalada, lo que considera "un agravio evidente"; y reclamó también que en el criterio para el reparto del fondo de 16.000 millones anunciado vuelva a primar la población.

También decepcionado se mostró Ximo Puig, que dijo que la Comunidad Valenciana no ha pasado en su conjunto a la fase 1 porque "han cambiado la reglas de juego a mitad de partido". Puig afirmó también que, aunque no buscará la confrontación, "lealtad no es sumisión", de ahí que solicite que se vuelvan a estudiar el caso para revertir lo más pronto posible la decisión adoptada.

Así, Montero señaló que en la conferencia todos los dirigentes autonómicos expresaron que la desescalada debe abordarse con la máxima cautela, con lealtad y "sin trasladar falsos agravios o especulaciones". Asimismo, destacó que no se puede "forzar el ritmo" para avanzar en fases porque esto podría costar muy caro en vidas humanas "y en el ámbito económico y social". Y advirtió a las CCAA que no se llegará antes "por correr de forma precipitada". "Es importante mantener lo conseguido y no echar por tierra el proceso", aseveró.

Quim Torra garantizó que el Gobierno catalán no recortará el gasto público para superar la crisis del coronavirus y propuso al Gobierno el uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos, así como un plan para los próximos tres meses destinado a "salvar" la economía, "interviniendo y gastando" sin pensar en el déficit.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, demandó mayor unidad entre autonomías y mando único, y celeridad para conocer qué requerirá el Gobierno a las autonomías para avanzar a la fase 2.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró que va a luchar para que la movilidad de los aragoneses pueda producirse en toda la comunidad de acuerdo a los estándares sanitarios y para que la reactivación económica tras la pandemia se produzca pronto, pero también para que se flexibilicen las normas en el medio rural.

En cuanto al fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que Pedro Sánchez anunció el pasado domingo a los presidentes de las CCAA, Montero precisó ayer que hay que fijar el criterio de su reparto . En la conferencia de presidentes de ayer se pusieron de manifiesto las diferencias que hay en los criterios que propone cada presidente regional.

Juanma Moreno (Andalucía), Fernando López Miras (Murcia) y Ximo Puig (Valencia) piden priorizar la población; Emilio García Page (Castilla-La Mancha), el gasto sanitario; Francina Armengol (Baleares), la caída de ingresos; y Quim Torra (Catalunya), que no se cambie.

La semana pasada, Montero explicó que el fondo se dividiría en tres tramos, estableció unos criterios de reparto para cada uno de ellos, y avanzó que se distribuiría entre las CCAA en función de "parámetros objetivos basados en los gastos ocasionados por el COVID-19" conforme a la información que hayan remitido las comunidades autónomas.

Precisó que habría un tramo de 10.000 millones que se destinaría a cubrir gastos sanitarios distribuidos en función de los indicadores oficiales de impacto de la pandemia, y otros 1.000 millones para gasto social que se repartirán por criterios poblacionales. El tercero, de 5.000 millones, se destinaría a paliar la reducción de recursos propios de las comunidades autónomas por la caída de la actividad económica y que se distribuirían en función de los datos de caída de la recaudación.

"Es injusto que se haga el reparto de los fondos por número de habitantes y no por costes de servicio"

Presidente de Cantabria

"El reparto de los 16.000 millones debe ser según la incidencia de la pandemia en cada territorio"

Presidente de Castilla-La Mancha