- La Fiscalía mantiene abiertas un total de 109 diligencias penales en una docena de juzgados de instrucción por la situación creada en las residencias de ancianos a causa de la pandemia de covid-19. Madrid se encuentra a la cabeza de las actuaciones con 42 diligencias en trámite, y le sigue Catalunya con 24. Según datos facilitados ayer por la Fiscalía General del Estado, en algunas comunidades como Nafarroa y Murcia no se han abierto investigaciones penales mientras que en otras como Euskadi, Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana las que existían se han archivado o sobreseído.

Al total de 109 diligencias hay que añadir otras 12 que ya se tramitaban con anterioridad en los juzgados, según fuentes fiscales citadas por Efe. Estas cifras dan cuenta de 33 nuevas investigaciones en relación a las 86 de las que informó el pasado día 21 el Ministerio Fiscal, que no precisa los presuntos delitos que dieron su origen.

A estas investigaciones penales, se suman más de 160 diligencias por la vía civil que ha cursado el ministerio público, con el objetivo de vigilar la evolución de estos centros y de sus mayores en el marco de la protección de sus derechos como colectivo en situación de vulnerabilidad. No obstante, ese número no se corresponde con el total de residencias investigadas, que es más elevado dado que en algunos casos una misma investigación aglutina varias residencias o simplemente se realiza un seguimiento de muchas al mismo tiempo.

En materia penal, el total de investigaciones supone por tanto un incremento respecto de las cifras aportadas la semana pasada, cuando la Fiscalía elevó hasta 86 el número de residencias investigadas penalmente. En Madrid se han abierto un total de 51 expedientes, pero en 9 de los casos éstos se han acumulado a otros ya abiertos con anterioridad por los mismos hechos, por lo que la cifra oficial se ha quedado en 42.

De ellas, 28 diligencias de investigación corresponden a la Fiscalía Provincial, mientras que el resto se distribuyen en los juzgados de diversas localidades de la Comunidad madrileña, al igual que sucede con los procedimientos penales. En Catalunya, donde las diligencias de investigación penal abiertas son 24, solo consta hasta la fecha el archivo de una denuncia.

En cuanto a las actuaciones civiles, que se han tramitado como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales o diligencias informativas civiles, también se ha visto un repunte con los datos ofrecidos la semana pasada, pues de 126 se elevan a 176 actuaciones, de las que 11 han sido archivadas. Se tratan de actuaciones dirigidas a la protección y defensa de los derechos de las personas mayores. Según el Ministerio Público, los fiscales especialistas de todo el Estado se encuentran en “permanente contacto” con las autoridades sanitarias para facilitar la respuesta a aquellas incidencias que, en el marco de sus competencias, pudieran plantearse en torno a las residencias de mayores.

Según las cifras ofrecidas ayer, constan 78 investigaciones sobre amparo de personas en situación de vulnerabilidad en Catalunya; 19 en Castilla y León; 17 en Galicia; 14 en Andalucía; 14 en Comunidad Valenciana; 8 en Extremadura; 8 en Castilla-La Mancha; 4 en Aragón; otras 4 en Madrid; 3 en Cantabria; 3 en Canarias; 1 en La Rioja; 1 en Murcia; 1 en Nafarroa y 1 en la CAV.