- La decisión de aplazar las elecciones vascas del 5 de abril por la crisis sanitaria del coronavirus no ha dejado ningún cabo suelto. Al consenso político unánime alcanzado el lunes entre el lehendakari y la oposición, que garantiza que nadie vaya a hacer una batalla política con este asunto ni lo recurra a los tribunales, se le sumó ayer la decisión también por aclamación de la Junta Electoral vasca, que dice compartir este acuerdo y considera "proporcionado y conforme a derecho" el decreto propuesto por el Gobierno Vasco. Este órgano, encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, es el encargado de velar por el correcto desarrollo de la campaña electoral, el derecho a voto y el derecho de los candidatos a presentarse. Su aval es importante, y ahora llega tras unas jornadas de enredo y confusión porque la Junta creía que no tiene competencia para dejar sin efecto las elecciones, y ninguna ley prevé lo que debe hacerse en una situación nueva y de excepcionalidad como la actual. Sin embargo, el Gobierno Vasco le ha dado la percha para colgar el traje: la situación de emergencia sanitaria decretada por el Ejecutivo y el aislamiento de los vascos en sus casas impide garantizar una campaña electoral y el derecho a voto. Esa percha y los informes jurídicos y sanitarios han tenido la clave, y a la Junta Electoral le bastan. No pide ninguna reforma adicional.
Con esta decisión, queda zanjado el asunto. La nueva fecha se fijará por decreto y con acuerdo de los partidos cuando el Gobierno Vasco levante la declaración de emergencia, lo que supone tomar como referencia la realidad vasca y no el estado de alarma de Pedro Sánchez. La Junta Electoral no pone más deberes al Gobierno en relación con este asunto: no tendrá que forzar la maquinaria para impulsar una reforma de urgencia de la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco, algo que tendría que hacerse en la Diputación Permanente, porque la Cámara como tal está disuelta desde la convocatoria electoral. Esto supone un alivio, porque el informe jurídico que había recabado el Gobierno Vasco excluía de manera expresa la posibilidad de que la Diputación Permanente pueda "legislar", y mucho menos acometer una "reforma electoral". La Junta Electoral tampoco señala que sea necesario convalidar el decreto en la Diputación Permanente, aunque el lehendakari se lo va a remitir para que tenga la información. La carpeta queda cerrada, y tanto el Gobierno como la oposición podrán centrar sus esfuerzos en el virus. Urkullu firmó ayer mismo el decreto tras la decisión de la Junta y hoy entra en vigor. Ahora quedarán disueltas las juntas electorales provinciales y las de zona, aunque no la central, que es permanente.
La principal duda que planea en estos momentos sobre la política vasca es qué va a suceder con este periodo de interinidad que afronta el Gobierno. En realidad, el Ejecutivo sigue en pleno ejercicio de sus facultades hasta el día de las elecciones, y es entonces cuando pasa a encontrarse en funciones con las competencias limitadas. En cualquier caso, el Parlamento Vasco sí está disuelto desde que se convocaron las elecciones ahora pospuestas, y solo funciona la Diputación Permanente, un órgano en miniatura que se convoca para cuestiones urgentes, como sucedió con la comparecencia del lehendakari tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar. La Junta Electoral, en su decisión de ayer, deja caer en el último párrafo que es necesario un "diálogo constante entre la Diputación Permanente y el Gobierno Vasco, de modo que el control democrático siga ejerciéndose". Será la Mesa de la Diputación Permanente quien decida si se tercia o no convocar una reunión. No habrá un ánimo obstaculizador, pero otro debate distinto es si se puede convocar de manera sistemática y periódica como piden EH Bildu o Podemos, lo que supondría emular el pleno parlamentario. Tiene que celebrarse por una petición expresa, porque este órgano no es un instrumento ordinario que tenga las mismas funciones que el Parlamento, y los informes jurídicos de los letrados del Gobierno Vasco dicen que no puede aprobar leyes. Este es un asunto delicado, y está por ver si va a traer cola.
La clase política vasca vive todavía embriagada por el consenso del lunes, y el PNV lanzó ayer un llamamiento para que el juego limpio se mantenga y pueda mantenerse el consenso para gestionar la crisis del coronavirus. Pero aquí entra de nuevo la fecha de las elecciones. Si se llegara hasta octubre, el plazo límite para celebrarlas, existiría la posibilidad de que el Gobierno afrontase una larga precampaña de desgaste por parte de los grupos de la oposición qué más han marcado perfil con este debate, como la izquierda abertzale. La idea es no alargar de manera artificial esta interinidad y, si la situación sanitaria lo permite, celebrar las elecciones antes del verano. El PNV recalcó que quiere un gobierno fuerte cuanto antes porque, después de esta crisis sanitaria, habrá que afrontar una importante desaceleración económica. En algunos ámbitos ya se compara con la crisis de 2008. Todo dependerá de cuándo se levante la declaración de emergencia, que Salud calcula que estará vigente cuatro semanas. La idea es que la convocatoria electoral se produzca justo después de levantar la declaración, con el objetivo de que haya cuanto antes un gobierno sometido con normalidad al control parlamentario.
La decisión sobre las elecciones, además, sienta ya un precedente que evitará que, en un futuro, se produzca este mismo enredo. El decreto que firmó ayer el lehendakari, y que entrará hoy en vigor, se apoya en las causas de "fuerza mayor" para dejar sin efecto la convocatoria de las elecciones. El texto admite que tener a los vascos en sus casas es un impedimento para que haya campaña electoral y se pueda producir un contraste público de propuestas entre los candidatos. Además, en cuanto a la celebración de la jornada electoral en sí misma, conlleva desplazamientos y reunir a varias personas en espacios cerrados, con elementos delicados como las cabinas de voto y todos los utensilios que hay que tocar ese día. Todo ello se contradice con las medidas de aislamiento en el domicilio, y no era subsanable con actuaciones como la compra de guantes para los miembros de las mesas. El otro frente que se abría era la imposibilidad de garantizar el voto de aquellos que no puedan salir de casa. Además, el decreto reconoce que, aunque la declaración de emergencia vasca no abarcaba por ahora hasta el 5 de abril, era previsible que se prorrogara.
El decreto reconoce el vacío legal, pero argumenta que el silencio de la ley no excluye la necesidad de que exista una regla de conducta para casos no previstos. Se apela a principios generales como las causas de "fuerza mayor". Y se invoca también que los artículos 46 de la Ley 5/1990 de Elecciones al Parlamento Vasco y 51 de la Ley 7/1981 de la Ley de Gobierno confieren al lehendakari la capacidad para realizar la convocatoria de los comicios, y que esas facultades se mantienen tras la publicación de dicho decreto y hasta la celebración de las elecciones.
Ni el lehendakari ni la Junta tenían claro que tuvieran la competencia, pero la evolución del coronavirus ha sido una percha suficiente. La Junta Electoral ha escuchado lo que necesitaba: que no se puede garantizar que todas las personas voten por estar en su casa o en cuarentena, y que no son condiciones para hacer campaña. De ahí que diera un espaldarazo por unanimidad a la decisión. "Comparte" el consenso "en cuanto a la imposibilidad de proseguir el desarrollo electoral en las actuales circunstancias". También comparte el criterio de los servicios jurídicos del Gobierno de que esta decisión supone anular la convocatoria y realizar otra nueva. Afectaba al censo y a la participación política. La Junta concluye que "la declaración de emergencia sanitaria impide el normal desenvolvimiento de la cita".
Aval unánime. La Junta Electoral vasca, presidida por Juan Luis Ibarra, anunció ayer por unanimidad que "comparte el consenso" alcanzado por los partidos en cuanto a la "imposibilidad" de continuar con el proceso. Considera "legítima, proporcionada y conforme a derecho" la propuesta de decreto del lehendakari, y avala también el criterio recogido en el informe de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco en la medida en que dejar sin efecto la convocatoria supone anularla para convocar una nueva. La Junta cree que la decisión está suficientemente fundamentada en la declaración de emergencia sanitaria del Gobierno Vasco (no cita el estado de alarma decretado por Pedro Sánchez), porque esa situación dificulta el acceso con garantías al derecho a voto y a la campaña electoral por parte de los partidos, y cree que se han ponderado correctamente el ejercicio del derecho a sufragio y la salud.
Diputación Permanente. La Junta añade "el necesario equilibrio entre poderes" y pide un "constante diálogo entre la Diputación Permanente del Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco, de modo que el control democrático siga ejerciéndose".
"La Junta Electoral considera legítima y conforme a derecho la propuesta"
Decisión sobre las elecciones del 5-A
