Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha procesado por el 1-O a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que fueron altos cargos con Oriol Junqueras, por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, y les ha impuesto una fianza de 4,5 millones de euros.
En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugenia Alegret, que ha instruido la causa en el alto tribunal al exsecretario general de la vicepresidencia Josep Maria Jové -que actualmente forma parte de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat- y al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, concluye que ambos tuvieron una "participación activa" en los preparativos del 1-O y en la planificación de las denominadas "estructuras de Estado".
La juez, que ha citado a los dos diputados de ERC el próximo 11 de marzo para una declaración judicial una vez notificado su procesamiento, les ha impuesto la obligación de acudir mensualmente al juzgado, les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir de España y les ha fijado una fianza por responsabilidad civil de 2,8 millones en el caso de Jové y otra de 1,6 millones compartida para ambos.
La magistrada detalla en su escrito que ha descartado decretar prisión preventiva para Jové y Salvadó dada la "imposibilidad" de que destruyan pruebas y la "inexistencia" de indicios de fuga.
En el auto de procesamiento, que se puede recurrir, la juez aprecia indicios de criminalidad respecto a Jové, miembro de la mesa de diálogo entre gobiernos y que formó parte del equipo republicano que negoció con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez, por su "participación activa" en la preparación del 1-O y porque, por su cargo, "conoció y autorizó" gastos superiores a los 2,1 millones de euros para el referéndum ilegal.
La juez, que basa parte de sus indicios contra Jové a partir de las anotaciones en su agenda "Moleskine" intervenida por la Guardia Civil cuando fue detenido el 20S de 2017, cita como gastos públicos atribuidos al exnúmero 2 del vicepresidente Junqueras los relativos a la publicidad y difusión del 1-O (277.804 euros), al suministro de papeletas y censo electoral (980.312 euros), la cartelería y propaganda (51.750 euros), observadores internacionales (409.023 euros) y el registro de catalanes en el extranjero (314.451 euros).
Todo ello por un valor global de 2.166.661 euros supuestamente malversados, a los que a la hora de imponer la fianza la juez incrementa en un tercio, hasta alcanzar los 2.888.881 euros.
Además, según la juez, Jové "desoyó" los mandatos del Tribunal Constitucional al intervenir activamente en la búsqueda de los locales donde debía llevarse a cabo el referéndum, como reflejan los correos electrónicos y las conversaciones telefónicas intervenidas o la carta que Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat enviaron a los alcaldes de Cataluña para que cedieran locales para la votación.
La magistrada también procesa a Jové por un delito de prevaricación por la firma de un convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) con el que se consiguieron los datos personales del Registro de población y el de catalanes en el exterior, con la finalidad de contar con un censo para el 1-O.
De esta forma, según la juez, los organizadores del 1-O obtuvieron datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, ya que no disponían de competencias para ello.
En cuanto a Salvadó, que junto a Jové también fue detenido el 20S de 2017, la magistrada esgrime en el auto su implicación en la elaboración de las denominadas estructuras de Estado, haciendo especial hincapié en la Agencia tributaria de una eventual Cataluña independiente y en la recaudación de todos los impuestos.
La magistrada resalta que parte del articulado de la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas de 2015, suspendido por el Constitucional y en el que colaboró Salvadó, tenía por objeto la creación de estructuras de Estado dentro de "un proceso de transición nacional para la desconexión".
Jové y Salvadó fueron dos de los detenidos en la operación de la Guardia Civil el 20S de 2017 para impedir el 1-O, dirigida por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona -que ha procesado a una treintena de personas, entre ellos varios exaltos cargos del Govern, por los preparativos del referéndum ilegal-, si bien su causa acabó en el TSJC cuando ambos fueron elegidos diputados de ERC en el Parlament.
