GASTEIZ - El Gobierno Vasco ha dado un nuevo paso para la materialización de la denominada ley de víctimas de abusos policiales al aprobar el decreto que define el funcionamiento de la comisión de valoración de las solicitudes que se presenten por las personas que consideren que sufrieron vulneraciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas policiales entre 1978 y 1999. Desde la apertura de la ventanilla de peticiones a finales del año pasado ya se han presentado unos 200 demandantes, aunque se espera que hasta septiembre del año que viene, fecha en la que se cierra el plazo, esta cifra podría llegar a los 400.

Una vez aprobado el decreto, la Ley vasca para el reconocimiento y reparación de abusos cometidos por las fuerzas policiales desde los años de la transición hasta final del siglo pasado entra en funcionamiento con total "seguridad jurídica", tal y como señaló ayer el secretario de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández. Ello a pesar de que la norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional con sendas impugnaciones de PP y Ciudadanos, que ponen en cuestión la constitucionalidad de la norma y sostienen que la comisión de valoración supone una suerte de tribunal de justicia. Estas dos formaciones consideran que el Gobierno Vasco no puede reconocer ni reparar a nadie que se presente como víctima de algún exceso policial mientras no haya una sentencia judicial.

Por su propia naturaleza la tortura u otros excesos de funcionarios públicos son vulneraciones de derechos humanos que, aunque dejen rastros visibles, difícilmente llegan a ser probados judicialmente. El decreto subraya las obligaciones que atañen a la comisión, que deberá garantizar que, en ningún caso, se produce por su parte "una invasión de la función jurisdiccional", señaló Fernández. La comisión de valoración comenzará pronto a estudiar las solicitudes y a proponer la declaración de la condición de víctima o su denegación. En los casos en los que este órgano tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales o procedimientos administrativos sancionadores abiertos, se deberá suspender la tramitación del expediente, es decir, no podrá actuar si los casos están inmersos en causas judiciales.

En definitiva, se trata de un proceso administrativo, centrado en el reconocimiento y la reparación de las víctimas. El equipo de expertos de la comisión de valoración está integrado por 11 miembros. Destaca el nombre de Francisco Etxebarria, el forense que identificó los cadáveres de Lasa y Zabala, asesinados por los GAL, y el autor del informe que cifra en más de 4.100 las personas que según sus cálculos fueron torturadas en Euskadi por los distintos cuerpos policiales desde 1960, tras el nacimiento de ETA.

También formarán parte de la comisión Sabino Ormazabal, ecologista y antimilitarista; y la abogada Juana Balmaseda; Elo Mayo, diplomada en trabajo social; los también forenses Benito Morentín y David del Valle; la psicóloga Marian Elizegi, y el historiador Luis Salas. Se completa la lista con dos representantes del Gobierno Vasco, la directora de Derechos Humanos, Monika Hernando, y María Ángeles Sánchez, técnico de esa misma dirección.

La ley fue aprobada con los votos del PSE y el PNV y prosperó gracias a la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, con el único voto en contra del PP. Este proceso de reparación comenzó con el decreto aprobado por el lehendakari Patxi López, que cubría los casos registrados entre 1960 y 1978, al final de la dictadura franquista.