Ni siquiera el anuncio del adelanto electoral nos pilló de sorpresa. La XI legislatura vasca ha sido tan anodina que ni el hecho de adelantar las elecciones seis meses ha supuesto la más mínima alteración ni entre los medios de comunicación ni entre los partidos políticos, por más que la oposición haya sobreactuado a la hora de valorar la nueva fecha de celebración de elecciones. Ya se encargó el portavoz de Gobierno de adelantar, ahí sí, por sorpresa, que el lehendakari había sometido a consulta en el Consejo de Gobierno la cuestión, de tal forma que a nadie sorprendió la fecha del 5 de abril.

El estéril intento de Elkarrekin Podemos de intentar amortizar su apoyo al Presupuesto alargando la legislatura hasta octubre no hizo sino confirmar lo que ya era un secreto a voces y dar por zanjada ésta. Solamente Urkullu sabe cuáles son los verdaderos motivos que le han impulsado a tomar esta decisión, pero entre ellos, sin duda, está el del beneficio partidista. De hecho, la determinación de la fecha electoral cuando no se finaliza una legislatura es el primer acto de campaña de quien tiene la prerrogativa para hacerlo, por más que se quiera disfrazar de los más variopintos motivos como el de ahorrarnos meses de campaña electoral. Teniendo en cuenta que llevamos dos años de elección en elección, se hace difícil creer que la misma pueda incomodar tanto como para tener que adelantar los comicios.

Seguramente, la decisión del lehendakari tiene mucho más que ver con la imposibilidad de sacar adelante cualquier iniciativa legislativa en el Parlamento que con ninguna otra circunstancia; de hecho, el momento en el que el PNV decidió apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez, se empezó a escribir el final de la legislatura. Porque una cosa es ser capaz de sacar unos Presupuestos vascos como consecuencia de una carambola en el Congreso, lo que obligó a votar a favor a Elkarrekin Podemos, y otra muy distinta intentar agotar una legislatura estando en minoría en el Parlamento con un Partido Popular, otrora socio preferente, ejerciendo una oposición tan irresponsable como destructiva. De ahí que el lehendakari afirmara en la rueda de prensa de lunes que su deseo era el de obtener la mayoría absoluta en solitario o en su defecto sumando escaños con el que durante tres años y medio ha sido su socio fiel el PSE, algo que, a la vista está ve más factible en abril que en octubre.

Tanto es así que Urkullu, en esa misma comparecencia, anunció que el Consejo de Gobierno iba a aprobar dos proyectos de ley en su reunión del día siguiente por más que el Parlamento estuviera ya disuelto, y por lo tanto no sirva más que para adelantar trabajo de cara a la siguiente legislatura en la que espera aprobar el proyecto también la Cámara.

Una Cámara, la vasca, que a lo largo de esta legislatura ha aprobado varios proyectos legislativos pero que salvo excepciones -como la Ley de víctimas de vulneraciones de derechos humanos o la de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos- han sido fundamentalmente técnicos y con muy poca carga política.

Una legislatura, la nuestra, que contrasta con la catalana, que en los últimos cuatro años ha vivido en un permanente enfrentamiento ideológico entre nacionalismos periféricos y centrales o incluso con la española, que ha vivido la primera moción de censura exitosa de la historia reciente.

Habrá que esperar a los resultados electorales, pero si Urkullu y compañía no alcanzan la ansiada mayoría absoluta, harían bien en elegir a un socio que les garantice la posibilidad de afrontar los retos que tiene y tendrá Euskadi y que difícilmente se podrán resolver como hasta ahora, esto es, simplemente dejando las cosas como están.