Lakua trasladará a Sánchez el mismo plan para acercar a los presos que rechazó Rajoy

Hace tres años, el Ejecutivo vasco propuso el traslado incondicional de los presos de ETA a diez cárceles que se encontraban a un radio de 250 kilómetros de Euskal Herria. La propuesta realizada al presidente Rajoy cayó en saco roto. El entonces, líder del PP señaló que “la única política de futuro en materia antiterrorista es aplicar la ley”, al tiempo que rechazó la posibilidad de que el Gobierno pudiera plantearse un acercamiento de los presos a Euskadi.

La diferencia entre la propuesta planteada a Rajoy y la que ahora se va a trasladar a Sánchez es que los presos sean trasladados a siete cárceles en lugar de diez. Se trata de las cuatro de Euskal Herria -Basauri, Martutene, Zaballa y Pamplona- y las de El Dueso, en Cantabria, Logroño y Burgos. El cambio viene motivado por el descenso de presos, que en la actualidad son 210, cifra en la que están incluidos los reclusos del EPPK, los que están fuera de este colectivo, y quienes se encuentran en prisión domiciliaria debido a padecer enfermedades graves.

Según Fernández, el acercamiento de los presos no debe ser contemplado como un premio a los presos de ETA, sino como una forma de “hacer justicia a sus familiares y evitarles un sufrimiento que no deben pasar”. Señalan que para quien se encuentra privado de libertad, da lo mismo estar preso en la cárcel de Algeciras que en la de Basauri o Martutene, pero la diferencia es para sus familiares y allegados, que se ahorran los 1.000 kilómetros del viaje. Además, desde el Ejecutivo de Gasteiz se recuerda que la ley contempla que el recluso cumpla condena en cárceles próximas a su entorno familiar y social.

Asimismo, según Fernández, “ahora hay un Gobierno tras mucho tiempo en estado de interinididad, por lo que se da la oportunidad y las condiciones para cumplir el espíritu de la ley”. El secretario vasco de Derechos Humanos y Convivencia quiere dejar claro que una cosa es el acercamiento de los presos y otra el proceso de resocialización y reinserción de los reclusos. En esta cuestión, Jonan Fernández considera que es el preso quien debe dar los pasos necesarios de cara al cambio de grado o para la obtención de los beneficios penitenciarios. Así, de cara a la política penitenciara y con el fin de lograr la resocialización de los reclusos, Fernández considera que “se requieren estrategias e instrumentos” y el hecho de que los presos estén más cerca de su entorno familiar puede ayudar a que los reclusos den los pasos encaminados a su reinserción en la sociedad.

Rechazo de Covite y PP Las palabras de Fernández sobre el acercamiento de los presos concitó el más absoluto rechazo por parte del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) que acusó al Gobierno vasco de “ceder ante las pretensiones del colectivo de presos de ETA (EPPK)”.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, aseguró que la izquierda abertzale “siempre ha tenido en su mano el fin de la dispersión”, pero, según señaló, “prefiere seguir sacando rédito político culpando al Estado y a las víctimas de que haya una política penitenciaria de dispersión en vez de permitir a los presos de ETA que puedan desvincularse de la banda terrorista y así ser acercados a cárceles vascas”.

A juicio de Covite, “es importante lograr que los presos rechacen a la banda terrorista para ser acercados a cárceles en el País Vasco porque ETA ejerció una violencia política, y si el acercamiento está orientado a la reinserción, el mínimo exigible para un condenado por terrorismo es el repudio tajante a la organización a la que perteneció y bajo cuyas siglas ejerció el terrorismo”. Para el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, es “indispensable” que el Estado “establezca mediante esta exigencia un suelo ético basado en el rechazo a la violencia”. Por ello, Ordóñez reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “no permita que el nacionalismo vasco marque la hoja de ruta en materia de política penitenciaria” porque el Gobierno Vasco “trabaja a favor de los intereses de ETA”.

Por su parte, el nuevo portavoz parlamentario del PP, Carmelo Barrio, acusó al Gobierno Vasco de “convertirse en intermediario” de EH Bildu al pedir que se acerque a presos de ETA. Barrio lamentó que, tras la constitución del nuevo Gobierno de España, el PNV se haya “convertido en el negociador” con el Ejecutivo socialista de las cuestiones de política penitenciaria respecto a los presos de ETA.

Apuesta del foro social En este contexto, el Foro Social Permanente cree que se dan las condiciones para dar pasos “decididos” hacia un cambio en la política penitenciaria por los gobiernos, pero también por parte de los presos y organizaciones de la sociedad civil, y establecer “una vía vasca” que contenga un itinerario de reinserción “claro y con garantías”. A juicio del portavoz del Foro, Agus Hernán, es hora de encarar esta cuestión. “Personas que defendieron la dispersión por razones políticas ahora se oponen con rotundidad porque hoy en día no tiene sentido”, señaló.

Al detalle

SIETE Cárceles. La propuesta que tiene previsto entregar el Gobierno Vasco al Ejecutivo español presidido por Pedro Sánchez es trasladar a los presos vascos a las cuatro cárceles de la CAV y Navarra (Basauri, Martutene, Zaballa y Pamplona) y a las de El Dueso, Logroño y Burgos.

210 Presos. Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, habló ayer de 210 presos. En la lista de Etxerat aparecen 199 reclusos en el Estado español, a los que hay que sumar los que están fuera del colectivo del EPPK o quienes se encuentran en prisión domiciliaria o libertad atenuada por padecer graves enfermedades.

70.000 Personas. El pasado sábado más de 60.000 personas en Bilbao y otras 10.000 en Baiona se manifestaron para reclamar el acercamiento de los presos a cárceles vascas, así como la puesta en libertad de los reclusos que padezcan enfermedades graves e incurables.