madrid - Los socialistas cruzan los dedos y contienen el aliento para que en las próximas horas se confirme la abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez. Habrá una primera votación en el Congreso de los Diputados este domingo, y otra definitiva el próximo martes. Todavía sobrevuelan algunos riesgos y amenazas de última hora que pueden complicar la proclamación del presidente español. El PSOE y los soberanistas han alcanzado un acuerdo para poner en marcha una mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán, con la importante novedad de que el resultado de los trabajos de esa mesa se someterá a consulta entre los ciudadanos de Catalunya. Se espera que el Consell Nacional de ERC previsto para hoy ratifique ese acuerdo, aunque se enfrente a fuertes presiones desde sus socios del Govern (JxCat) y el entorno del expresident Puigdemont. En JxCat creen que ERC ha actuado por su cuenta pactando con Sánchez una mesa que se queda corta, y sin contar con el propio president Torra, que es quien debe sentarse en la silla. La Ejecutiva del PSOE ratificará mañana lo pactado.

Pero mañana mismo tendrá lugar otra reunión clave de un actor externo que puede tener consecuencias. La Junta Electoral Central decidirá si procede que el líder de ERC encarcelado, Oriol Junqueras, sea eurodiputado y, sobre todo, si debe dejar fuera de circulación de manera inmediata al president del Govern, Quim Torra, aunque su sentencia de inhabilitación no sea firme. La Junta podría optar por ponerse de perfil para no cargar a sus espaldas con unas decisiones de tanto alcance político. Si se produjeran dos varapalos para el independentismo, podrían trastocar lo pactado y torcer el escenario. Pero, en principio, ERC ha dejado claro que lo que decida hoy su Consell Nacional será definitivo y no cambiará de opinión digan lo que digan la Junta Electoral Central o el Tribunal Supremo.

En el caso de Junqueras, lo cierto es que ya se ha producido el gesto político que pedía ERC, que consistía en que la Abogacía del Estado acatara el pronunciamiento de la justicia europea y apoyase que Junqueras tome posesión del escaño en la Eurocámara. Pero el informe de la Abogacía dejó abierto un resquicio de consecuencias imprevisibles al dejar en manos de la Junta Electoral Central que decida si en el caso de Junqueras se ha producido una incompatibilidad sobrevenida, es decir, que ya no puede ser eurodiputado ni tiene inmunidad porque la decisión europea ha llegado tarde y ya ha sido inhabilitado por el Supremo por el procés. La situación es más peliaguda en el caso de Torra. Su inhabilitación inmediata supondría un terremoto que daría rienda suelta a las presiones de JxCat, y posiblemente a una convocatoria de las elecciones catalanas en dos meses, en medio de una fractura absoluta entre los socios de gobierno, JxCat y ERC, pero algunos círculos ven poco probable que Torra sea apartado.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha condenado al president a una pena de inhabilitación por desobediencia al no haber retirado a tiempo los lazos amarillos de los edificios públicos en campaña electoral. Esa sentencia, sin embargo, no es firme, se puede recurrir y, de hecho, el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado al respecto. Se esperaba que Torra no fuera inhabilitado hasta dentro de unos cuantos meses, a la espera de completar todo ese recorrido judicial. Pero la Junta Electoral podría quitarle el acta de parlamentario mañana mismo de manera fulminante atendiendo a los recursos del PP, C's y Vox. La derecha se apoya en una reforma de la ley electoral de 2011 concebida para evitar que los miembros de ETA o la izquierda abertzale entraran en las instituciones, y que permite apartar a un cargo aunque la sentencia no sea firme. Torra podría ser apartado de la presidencia por una reforma ad hoc pensada para ETA y que, para más señas, sigue en vigor aunque la organización esté disuelta y la izquierda abertzale sea un partido más que juega con total normalidad en la arena parlamentaria. Según esa reforma, "son inelegibles los condenados, aunque no sea firme, por delitos contra la administración pública cuando la misma haya establecido pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo". Torra ha sido condenado meses después de haber accedido al escaño y ser president, pero la reforma contempla la inhabilitación sobrevenida. Aun así, en algunos ámbitos se considera poco viable que Torra sea apartado de inmediato. Hay precedentes de alcaldes condenados por corrupción, pero este caso no es similar y hay voces que apelan a actuar con proporcionalidad, sin excesos.

composición de la junta La Junta Electoral Central se puede inclinar por no apartar a Torra, porque basará buena parte de su reflexión en el informe de la Junta Provincial de Barcelona, que apela a la mesura. Pero, por otro lado, no hay nada en la composición ideológica de la Junta Central que permita augurar un fallo favorable a Sánchez. El órgano está muy dividido entre conservadores y progresistas, y se ha destacado por tomar decisiones controvertidas. La Junta la componen 13 personas: ocho magistrados del Supremo elegidos por sorteo, y cinco catedráticos (el PSOE nombró a dos, y PP, C's y Unidas Podemos a uno cada uno). Su presidente, Segundo Menéndez, y su vicepresidente, Eduardo Calvo, son progresistas, pero no se pueden sacar más conclusiones. Si la Junta quitara a Torra su acta de parlamentario, no podría ser president. El Parlament tendría dos meses para nombrar al sustituto. Si no lo lograra, habría elecciones.

ERC reúne hoy a los más de 200 miembros del Consell en medio de las presiones de JxCat. Torra ha convocado hoy al vicepresident Aragonès, de ERC, para que lo pactado con Sánchez no implique al Govern. La investidura arranca el sábado, la primera votación es el domingo (precisa mayoría absoluta) y, la segunda, el martes, donde Sánchez espera reunir más votos a favor que en contra.