madrid ?El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, apuntó ayer a la “difícil situación” en la que, hipotéticamente se encontraría este órgano en el caso de tener que juzgar a otros encausados en la causa del procés independentista en Cataluña ?aludiendo sin citarlo a los huidos como el expresident dela Generalitat Carles Puigdemont? debido al hecho de que 13 de los 15 magistrados que lo integran ya hayan tenido relación con este asunto en sus fases de instrucción o enjuiciamiento.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde presentó el proyecto para renovar el cargo por otros cinco años, Marchena apuntó a que a los 7 magistrados que han integrado la Sala del procés hay que sumar al instructor, Pablo Llarena, a los tres magistrados de la sala de recursos durante la instrucción, otro magistrado que sustituyó a uno de ellos que se puso enfermo y la jueza Carmen Lamela ?contaminada por haber instruido la causa contra el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero en la Audiencia Nacional?.

Marchena añadió que aunque quizá anticipa un debate jurisprudencial sobre este asunto, y de que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avalaría que los mismos siete magistrados que vieron la causa contra el exvicepresident Oriol Junqueras y los otros 11 líderes independentistas pudiera enjuiciar a los huidos (sin citar expresamente a ninguna de estas personas) lo cierto es que esta circunstancia sitúa a la Sala de lo Penal del Supremo en una “situación difícil”.

“En otro tipo de juicio quizá esto pueda resolverse, pero habrá que estudiarlo al tratarse en este caso de magistrados que han valorado a 500 testigos, 12 acusados, metros cúbicos de papel y que podría tener que volver a enjuiciar hechos similares con distintos protagonistas, ello nos sitúa en una situación difícil”, explicó para añadir que aún desconoce si la solución podría pasar por sustituciones u otro modelo.

Tras exponer brevemente sus principales objetivos a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, Marchena fue preguntado directamente por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes sobre diversas cuestiones como la referida a los aforamientos de cargos públicos ante el alto tribunal, que el magistrado que renovará su cargo ?ha sido el único en presentarse? abogó por reducir en número y ajustar en su “significado constitucional”. “En ocasiones me ha dado la impresión de que España se ha extendido la idea de que un cargo público no estaba bien visto si no tenía aforamiento, y esto es un error”, añadió, para apuntar que la figura “no debería ser tomada como privilegio, es una prerrogativa”.

El presidente de lo Penal del Supremo no ve problema con la ausencia de doble instancia penal, una cuestión que ya ha sido valorada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) porque es mejor “ser juzgado por el Supremo que venir con una sentencia ya dictada” en la que no se puede practicar prueba, y donde “todo está hecho”.

Filtración de la sedición Lesmes también preguntó a Marchena por la filtración periodística que se produjo unos días antes de conocerse la sentencia del procés relativa a que las condenas lo serían finalmente por sedición. A este respecto, el presidente del tribual señaló que este es un macroproceso “que fue macro desde el principio”, en el que había que notificar a más de doce partes y en tres centros penitenciarios diferentes. La sentencia era el “oscuro objeto de deseo de muchos” y la Sala era consciente, añadió, tras recordar que su propio correo personal fue hackeado en busca de los documentos que pudiera estar intercambiando con otros miembros del tribunal. En cuanto al hecho de que los medios adelantaran la sedición, Marchena explicó que antes del fin de semana hubo “pronósticos sobre el fallo que luego se han confirmado”. ? E.P./DNA