Otros frentes judiciales

trapero y la rebelión Tal vez la causa que más acuse los efectos de la sentencia será la del mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, quien junto a la antigua cúpula del Departamento de Interior espera juicio de enero por contribuir al despliegue de la hoja de ruta unilateral, garantizando la pasividad de la policía catalana ante el 1-O y las concentraciones ante los registros del 20-S.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela los procesó por dos delitos de sedición, pero la Fiscalía lo elevó a uno solo de rebelión lo que, en la práctica, podría acarrear una condena menor que la de los otros dos sumados. La sentencia del Supremo podría forzar ahora al ministerio público a rectificar su calificación. Paralelamente, mandos de los Mossos son investigados en distintos juzgados catalanes -en la mayoría de casos a raíz de denuncias de particulares- por desobedecer la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de impedir el referéndum suspendido por el Constitucional. A la espera de un recurso encallado en la Audiencia de Barcelona, siguen imputados comisarios que integraban la cúpula de Mossos durante el 1-O, entre ellos el que comandó el cuerpo durante el 155, Ferran López, y la actual número dos en la policía catalana, Cristina Manresa.

la mesa del parlament Desgajada del proceso por rebelión contra los líderes independentistas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tiene previsto desde el 28 de noviembre la causa contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament y una exdiputada de la CUP que facilitaron la tramitación de las leyes del procés. La Fiscalía pide penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación para los seis acusados por un delito de desobediencia grave, aunque en su día el Supremo les interrogara en la condición de investigados por rebelión, sedición y malversación, antes de decidir remitir la causa al TSJC al considerarlo el órgano competente para juzgarlos.

la organización del1-O La logística del referéndum, desde la distribución postal o la gestión informática hasta la designación de los observadores internacionales, ha dejado a las puertas de juicio a una treintena de cargos del Govern, técnicos y empresarios, procesados por malversación, prevaricación, desobediencia y falsedad documental, delitos a los que la Fiscalía pugna por añadir el de organización criminal.

Los registros ordenados por el juzgado en sedes del Govern fueron, además, los que dieron pie a la multitudinaria concentración ante la consellería de Economía que el Supremo considera uno de los hitos de los delitos de sedición por los que ha condenado a los Jordis.

Por su condición de aforados como diputados de ERC en el Parlament, el TSJC se ha hecho cargo de la investigación a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, hombres de confianza de Oriol Junqueras al frente de la consellería de Economía, a quienes las acusaciones arrogan un papel crucial en la planificación del referéndum y en la creación de la incipiente Hacienda catalana. La malversación de fondos públicos que el Supremo considera probada en su sentencia ensombrece las perspectivas judiciales de los acusados por la logística del 1-O, aunque al mismo tiempo aleja las posibilidades de que los tribunales les acaben imputando el delito de organización criminal, que la sentencia descarta.

los alcaldes del 1-o Ninguno de los 700 alcaldes a los que la Fiscalía General instó a abrir diligencias en vísperas del 1-O, en su ofensiva contra los apoyos municipales al referéndum, ha llegado por el momento a juicio y son apenas media docena los que han acabado imputados. El TSJC archivó eN julio la causa contra el conseller de Interior, Miquel Buch, porque no firmó ninguna resolución para ceder locales municipales para el referéndum, en un argumento que puede marcar la senda de futuras resoluciones.

sindicatura electoral Apenas un mes estuvieron en el cargo los cinco síndicos electorales a los que el Parlament designó para supervisar el referéndum, con funciones análogas a las de una Junta Electoral: el Tribunal Constitucional los fulminó, en vísperas del 1-O, con una multa coercitiva de 12.000 euros diarios.

Su dimisión no impidió que la Fiscalía se querellara contra ellos por los delitos de desobediencia, usurpación de funciones y malversación. Están a la espera de que se señale su juicio, en el que afrontan penas de dos años y nueve meses de cárcel.

matamala Amigo íntimo y mano derecha del expresident Carles Puigdemont, el empresario Josep Maria Matamala lo acompañaba cuando la policía alemana lo detuvo en marzo de 2018, a raíz de la euroorden de detención, que acabó siendo retirada tras el revés de la justicia alemana. Ello motivó que la Audiencia Nacional abriera una causa al empresario por encubrimiento, junto a dos mossos y al historiador Josep Maria Alay, que también viajaban en el coche del expresident huido. Matamala, que vive en Waterloo junto a Puigdemont desde que se refugió en Bélgica, regresó a España tras ser elegido senador por JxCat en las elecciones generales del pasado mes de abril, lo que le convertía en aforado. Una vez disueltas las Cortes por la liza electoral del 10-N y perdida la inmunidad, ha regresado junto al expresident.

torra Dos años después del choque de trenes que desembocó en el 155 y los líderes del procés en la cárcel, la contestación del independentismo, con el color amarillo y el clamor pro presos políticos por bandera, ha dejado ya varias denuncias en los tribunales. El president de la Generalitat, Quim Torra, se sentará en el banquillo el 18 de noviembre por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28-A, una instrucción que sí ha acatado en el período electoral previo al 10-N.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional sigue los pasos a un grupo de los llamados CDR, heterogéneo y asambleario movimiento ciudadano que tras la fallida DUI ha liderado las movilizaciones más radicales por la liberación de los presos y el despliegue de la República catalana.

Siete activistas de los CDR permanecen en prisión preventiva, acusados de preparar sabotajes con explosivos en las protestas post sentencia y de flirtear con la lucha armada, en una causa que la Audiencia Nacional mantiene bajo secreto de sumario y en la que se esperan más detenciones. La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil, ha indignado a buena parte del soberanismo, que ve tras ella un montaje del Estado para criminalizar el movimiento.