barcelona - El cerco judicial sobre Roger Torrent se estrecha. Después de que el Gobierno español le advirtiera de consecuencias penales, ayer fue el Tribunal Constitucional (TC) quien lanzó un serio aviso al Parlament para que no adopte ninguna iniciativa relacionada con pasos concretos para llegar a ejercer del derecho de autodeterminación. La resolución suspende varios puntos de la declaración aprobada por la Cámara catalana el pasado 25 de julio, referida al “derecho de autodeterminación, derechos civiles y resolución del conflicto”. Tanto al dirigente de ERC como a los miembros de la mesa del Parlament se les insta a “su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida a penal, en las que pudieran incurrir”.

“No se puede convertir al Parlament en órgano censor que limite la libertad de expresión. Si abrimos puerta a la censura sabemos dónde empezamos pero no como acabamos”, replicó Torrent, quien señaló a Pedro Sánchez. “Sánchez tiene la misma consideración por el parlamentarismo que Rajoy. Aquí no se puede hablar sobre la monarquía pero hay otros parlamentos en los que se puede pedir que se aplique el 155 en Catalunya y, es más, cuentan con el voto del PSOE. En el Parlament se tiene que poder hablar de todo lo que interesa a la ciudadanía, no solo de lo que le gusta al Gobierno español”, criticó el republicano.

Asimismo, se requiere a Torrent, a los demás miembros de la Mesa y al Secretario General de la Cámara, Xavier Muro, respectivamente, su obligación de “impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la sentencia del TC”, relativa a la resolución 92/XII de la Cámara catalana, sobre “priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia”. El último punto de los preceptos suspendidos se refería a la monarquía, y en el que se señalaba que el Parlament “reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática”. El TC dictó recientemente que el Parlament no tiene competencias para censurar a la monarquía.