madrid - El Gobierno español marcó ayer su posición respecto a los acontecimientos que se están produciendo en Catalunya, y a lo que está por venir cuando se conozca de forma inminente la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del procés. Así, al gabinete de Pedro Sánchez no le temblará el pulso a la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana, como ya lo hiciera el expresidente español Mariano Rajoy. Se trata, eso sí, de una advertencia a futuro, ya que considera que ahora mismo no se dan las condiciones para dar este paso.
El tenso pleno que se vivió el pasado jueves en el Parlament a cuenta de la orden judicial de encarcelar a los siete miembros de los CDR acusados de terrorismo ha encendido las alarmas en Moncloa. La Cámara catalana aprobó, entre otras medidas, una propuesta de resolución de JxCat y ERC que reclama la salida de la Guardia Civil de su territorio. Más allá, el bronco debate que se vivió, sobre todo entre las fuerzas independentistas y Ciudadanos, recordó al ambiente previo a la aprobación de las leyes de desconexión.
Tras el Consejo de Ministros celebrado ayer, la portavoz de Moncloa, Isabel Celaá, subrayó la firme decisión del Ejecutivo de recurrir los acuerdos aprobados en la Cámara catalana por suponer una “clara extralimitación y ataque a la convivencia entre catalanes”. Dichos acuerdos, que salieron adelante con los votos de ERC, JxCat y la CUP, incluían una respuesta institucional contra la sentencia del procés y la amnistía total de los políticos presos. Celaá advirtió de que, aunque “la Constitución es nuestra herramienta común para el diálogo”, también lo será “si fuera necesario para la defensa de nuestros valores y nuestro sistema contra aquellos que quieran vulnerarlo”.
De este modo, trasladó al president catalán, Quim Torra, que el gabinete Sánchez no dudará en utilizar la Carta Magna, y en concreto su artículo 155, “si fuera necesario” para defender los valores y el sistema democrático contra los que quieran atacarlo. Agregó que ahora no se dan las “circunstancias” para aplicarlo porque no se han vulnerado leyes y no se ha perjudicado “gravemente el interés general”, ya que lo aprobado en el Parlament no eran leyes, sino “proposiciones no de Ley, resoluciones que no están en la Ley”. No se trata de leyes de desconexión como las aprobadas en septiembre de 2017, precisó.
En este mismo sentido se pronunció la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien insistió en que “ya tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que nos marca la pauta de la aplicación del artículo 155, y si concurren las circunstancias no se dudará en la aplicación”. Sobre la cuestión del orden público y la seguridad en Catalunya, cuando el próximo martes se celebra el aniversario del referéndum del 1-O, Delgado recalcó que es obligación del Gobierno mantenerla, por lo que “si es necesario”, se intervendrá y se reforzará la seguridad.
Estas declaraciones no fueron suficiente para el PP, que siguió presionando ayer al Gobierno con la cuestión catalana. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, exigió a Pedro Sánchez que rompa sus pactos con el PDeCAT, para que sea creíble su censura a Quim Torra. “Pedimos que el gobierno no solo se encargue de condenar sino que rompa con el partido de Torra”, aseveró en una entrevista en TVE. Subrayó además que en Catalunya hay que aplicar la Constitución, “desde el primer artículo hasta el último”.
Electoralismo En Catalunya también siguieron los ecos del pleno del jueves y el presidente del Parlament, Roger Torrent, arremetió contra Ciutadans y su portavoz, Carlos Carrizosa, que terminó siendo expulsado del hemiciclo. “¿Qué escenario quieren generar? Es de una irresponsabilidad y peligrosidad evidente. No se puede comparar el Parlament con una situación de terrorismo”, señaló. En declaraciones a Rac1 agregó que “a nadie se le escapa que hay unas elecciones españolas convocadas y todas las actitudes tienen que ver con la voluntad de maximizar los resultados electorales”. Torrent calificó por último la discusión que se vivió en la Cámara como un “espectáculo lamentable que no merecen los ciudadanos del país”.
El líder del PSC, Miquel Iceta, acusó a los grupos independentistas de pervertir el Parlament y de cometer “uno de los errores más grandes en democracia”, por enfrentar la Cámara catalana con el poder judicial con sus críticas a las detenciones de los CDR. Entrevistado en Onda Cero, zanjó que “no diré que el independentismo es violento pero si alguien que se ampara en el independentismo cae en la violencia, deberían ser los propios independentistas los primeros en denunciarlo”.
