MADRID - El exjefe del aparato militar de ETA Xabier García Gaztelu, Txapote, se negó a declarar en el juicio por el asesinato con bomba lapa del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera el 22 de octubre de 2000 en Gasteiz por lo que la Fiscalía pide que sea condenado a 40 años de prisión. La Audiencia Nacional inició ayer el juicio de Txapote, que fue jefe del aparato militar de ETA hasta su detención en Francia en 2001, como presunto inductor del atentado. También son juzgados los presuntos autores materiales, Iñigo Guridi Lasa, Xabi; Asier Arzalluz Goñi, Santi, y Aitor Agirrebarrena Beldarrain, Peio, que se enfrentan a la misma petición de pena del fiscal y que igualmente se negaron a prestar declaración. Todos ellos se encuentran en prisión cumpliendo condenas por otras causas de la banda.

Según el fiscal Guridi, Arzalluz y Agirrebarrena integraban el comando Ttotto, que estuvo activo en Araba entre junio de 1999 y febrero de 2001 y cuyo responsable último dentro del organigrama de la organización terrorista era Txapote, que se encargó de señalar como objetivo a Máximo Casado Carrera, que estaba destinado en la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca. Para ello se encargó de enviar a los miembros del comando datos de las costumbres de la víctima que le facilitaron los integrantes de un comando de información de ETA, Juan Carlos Subijana y Zigor Bravo, ya condenados a 28 años de prisión por estos hechos, además de las llaves del garaje del edificio en el que se encontraba la vivienda del funcionario. El fiscal añade en sus conclusiones provisionales que de esta forma los miembros del comando colocaron en los bajos del coche del funcionario una bomba lapa que hizo explosión cuando éste lo puso en marcha sobre las ocho menos cuarto de la mañana del 22 de octubre de 2000. ETA reivindicó en Gara 17 el asesinato de Casado Carrera, que la banda enmarcó “en una estrategia o dinámica contra el poder judicial y los carceleros”.

Además de la pena de prisión referida por los delitos de asesinato y estragos terroristas el fiscal solicita que se les prohíba aproximarse y comunicarse con la viuda y la hija de la víctima así como a acudir a Gasteiz o al lugar de residencia de los familiares del fallecido durante cinco años, y que indemnicen en 300.000 euros a cada una.

La acusación particular, ejercida por la viuda y la hija de la víctima, y la popular, por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), solicitan penas para los acusados de 44 y 33 años respectivamente, mientras que los abogados defensores reclaman la absolución. - Efe