barcelona - Las movilizaciones de la Diada darán este próximo 11 de septiembre, miércoles de la semana que viene, el pistoletazo de salida a un curso político frenético y de alta tensión en Catalunya. El escenario que se presenta es muy incierto y con muchos frentes de atención. El foco está puesto sobre todo en la sentencia del juicio contra el procés independentista, previsiblemente en octubre, pero hay otras claves e incógnitas también de mucho calado que revolucionarán la vida política catalana. Y también la española.

Pese a los recíprocos llamamientos públicos de ERC y el espacio posconvergente (PDeCAT y JxCat) por una unidad del independentismo catalán, el día a día pone en evidencia que la realidad dista mucho de ese escenario. La lucha por la hegemonía en el soberanismo ha abierto una brecha casi insalvable entre los dos socios de gobierno en la Generalitat, ERC y los posconvergentes, lo que dificulta una estrategia común hacia una hoja de ruta compartida y unas respuestas coordinadas a los retos claves que se avecinan en las próximas semanas y meses en Catalunya: Diada, sentencia del juicio al procés, posibles elecciones españolas y quizá también catalanas, aprobación de Presupuestos catalanes? Esquerra ha pasado de ser el abanderado de la vía unilateral y de ruptura con el Estado para alcanzar la independencia a un posibilismo que le lleva incluso a abroncar a Podemos por no apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Por su parte, JxCat insiste en la vía unilateral como única salida hacia la independencia.

La división no es solo entre las dos principales fuerzas políticas independentistas, también lo es a su vez en el seno de una de ellas. Carles Puigdemont implosionó la antigua Convergència y su estallido desató una pugna interna entre quienes abogan por una vía más tranquila y pragmática -en línea con la cultura política tradicional de ese espacio a la hora de buscar un encaje de Catalunya en el Estado- y los que apuestan por la ruptura como única alternativa. En ese pulso, Puigdemont ha tomado la delantera a los posibilistas que se agarran a PDeCAT (el partido sucesor de Convergència) y que batallan por el mantenimiento de ese legado político frente a una JxCat que quiere la vía unilateral, aunque el expresident de la Generalitat, con el apoyo también del actual president, Quim Torra, no logra unir bajo el paraguas de la Crida a ambas almas. Hasta ahora la pugna entre las dos corrientes es intramuros y la sangre no ha llegado al río, pero este curso parece decisivo para el destino de ese espacio. La suerte judicial y política que corra Puigdemont marcará mucho cuál de las dos sensibilidades se lleva el gato al agua.

Las dos grandes referencias del independentismo catalán están pendientes de resoluciones judiciales que se librarán este curso. El expresident Puigdemont aguarda la resolución del conflicto sobre su acta de eurodiputado en el Parlamento Europeo, tras lograr el escaño en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo. La Eurocámara se niega a aceptarle como parlamentario mientras no tenga el aval de la Junta Electoral española (para ello tendría que presentarse físicamente ante este órgano y, si lo hiciera, sería detenido y encarcelado). Finalmente será el Tribunal de Justicia de la UE el que decidirá y, si lo hiciera a favor de Puigdemont, este tendría la inmunidad parlamentaria que incluso le permitiría regresar al Estado español sin que pudiera ser detenido. En esa situación se encuentra Oriol Junqueras, que también logró un escaño en el Europarlamento. El tribunal de Justicia de la UE verá su caso el próximo 14 de octubre y, si se diera el caso de que la corte de Luxemburgo hace una interpretación extensiva de su condición de inmunidad parlamentaria, podría incluso determinar su puesta en libertad de forma inmediata y automática.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Llarena, que instruyó la causa de Puigdemont, podría reactivar la euroorden de búsqueda y captura del expresident si hubiera una sentencia condenatoria contra los líderes del procés en el juicio que les juzga en el Tribunal Supremo. Esto también afectaría a los exconseller Toni Comín y Lluis Puig (que también huyeron a Bélgica), Clara Ponsatí (en Escocia), así como a la dirigente de ERC Marta Rovira (en Suiza). Sería la tercera euroorden contra ellos, después de que las dos anteriores fueran retiradas, una vez que la justicia alemana negase la extradición de Puigdemont por rebelión, al no existir ese delito en la legislación alemana.

La Diada es el mejor termómetro para diagnosticar el estado de salud de la vida política en Catalunya y las relaciones entre los partidos catalanes. La cita anual del 11 de septiembre llega este año con el independentismo dividido, los partidos constitucionalistas dando la espalda a los actos oficiales de la conmemoración, y los comunes (la confluencia catalana de Unidas Podemos) situados entre dos aguas. Las inscripciones para la movilización han registrado un descenso notable respecto a los datos del año pasado, aunque a última hora ha repuntado esa tendencia. Pese a la fractura en el independentismo, ERC y JxCat se conjurarán para ensayar una respuesta unitaria a la con toda probabilidad inminente y dura sentencia del Tribunal Supremo al juicio por el procés.

En Catalunya -y en el Estado español en su conjunto- se espera con ansiedad la resolución del juicio al procés independentista que culminó con el referéndum del 1 de octubre de 2017. Dos años después de aquella convocatoria a las urnas que no contó con el permiso del Gobierno español y que acabó a porrazos policiales, el Tribunal Supremo publicará su sentencia, previsiblemente antes del 16 de octubre. Ese día se cumplirán dos años desde la entrada en prisión provisional de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, de modo que, si no hay sentencia, el juez de la sala que juzga el caso deberá decidir si prorroga o no la prisión provisional. Se espera una sentencia condenatoria dura para los 12 encausados, para los que el fiscal pide condenas de hasta 25 años de prisión, como es el caso del exvicepresident de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras. El ministerio público y Vox les acusan de un delito de rebelión, desobediencia y malversación de fondos mientras que la Abogacía del Estado considera que los actos juzgados constituyen un delito de sedición y desobediencia. Algunas fuentes jurídicas y expertos creen que finalmente la sala presidida por el juez Manuel Marchena se inclinará por la sedición, lo que rebajaría las penas, pero en cualquier caso serían prolongadas. Sea cual sea el veredicto final, los líderes independentistas ya han avisado de que no aceptarán ninguna sentencia que no sea la absolutoria y han avanzado que promoverán la movilización continua y fuerte en la calle y en las instituciones. Es un polvorín para la política catalana y estatal que tendrá una gran repercusión internacional.

La división estratégica en el independentismo salpica también al debate presupuestario. En el Govern de coalición entre JxCat y ERC no hay unanimidad sobre cómo ahormar la mayoría necesaria para aprobar las Cuentas públicas del próximo año. Su aprobación es vital, ya que el gobierno actual presidido por Quim Torra se vería en una delicada posición si tuviera que prorrogar las Cuentas de 2017. JxCat y ERC suman 66 diputados en el Parlament, sobre un total de 135, por lo que están a dos votos de la mayoría necesaria para aprobarlas. Quedarían en manos de la CUP (cuatro diputados) o de los comunes (ocho diputados). Esquerra ha hecho guiños al PSC y a la confluencia catalana de Podemos pero esto no es del agrado de JxCat, que cree que su apoyo estaría vinculado a algunas renuncias en clave de autogobierno. El pulso por las Cuentas con el vicepresident de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, de ERC, está servido durante el próximo otoño, mientras este negocia con la oposición.

Todas las dudas sobre el escenario catalán en este próximo curso tienen vasos comunicantes con la situación política en el Estado español y, en concreto, con el bloqueo político que parece abocar a una repetición electoral el 10 de noviembre si antes del próximo 23 de septiembre no hay acuerdo para una investidura. Esas elecciones alterarían el curso político catalán y, junto a la sentencia del Supremo por el procés, podrían provocar un adelanto de las elecciones autonómicas en Catalunya. Tanto Puigdemont como Torra han rechazado esta posibilidad conscientes de que los sondeos favorecen claramente a ERC. Aunque, cada vez que Puigdemont se ha enfrentado a las urnas, incluso cuando los agoreros le vaticinaban un desplome, JxCat ha salido bien del paso, por delante de los republicanos. En las elecciones europeas, Puigdemont tuvo una cómoda victoria frente a la lista que encabezaba Junqueras.