madrid - Entre el 7 y el 16 de junio se detectaron en el área urbana de Madrid 117 vuelos ilegales de drones. Para contrarrestar el uso indebido de estos aparatos, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un sistema que, de momento, blinda los palacios de la Zarzuela y de la Moncloa, el Congreso de los Diputados y el Senado a esas amenazas.

Se trata de un sistema para la detección remota, identificación, seguimiento, monitorización y, en su caso, neutralización de aeronaves no tripuladas cuando supongan una amenaza, en el que se han invertido 290.000 euros. Un proyecto incluido en una programa con medidas que se pondrán en marcha paulatinamente y al que ayer dio su visto bueno el Consejo de Ministros. El subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, dependiente de Interior, Enrique Belda, explica que a finales de julio ya se empezó a instalar este sistema tecnológico, y operativo en los edificios que albergan las principales instituciones del Estado.

Desde cada una de sus sedes, donde se instalan los equipos, se pueden detectar los drones que presumiblemente están infringiendo las normas, es decir, a los que cuanto menos vuelen sin autorización. Pero el sistema, al que se ha denominado Global, seguirá implantándose y en una segunda fase tendrá como objetivo la protección de las cárceles, después de que la Guardia Civil ya detectara el pasado mes de mayo a drones entregando droga en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre.

Belda señala que a través de las redes sociales se “liberaron” tutoriales que enseñan a manipular drones para grabar o tomar fotografías sin permiso, incluso algunas que vulneran el derecho a la intimidad.

El Ministerio del Interior se ha visto obligado a tomar medidas que protejan el espacio público de la intromisión ilegal de estas aronaves, de tal manera que se pueda neutralizar cuando supone una amenaza e, incluso, actuar contra el operador que dirige el dron por control remoto. Y es que el sistema que ya ha empezado a funcionar puede comprobar, según subraya Belda, si el dron detectado tiene o no autorización para volar sobre la zona en la que lo esté haciendo. Porque el objetivo, añade, es reducir al máximo posible los riegos de vuelos no tripulados sobre zonas críticas.

Belda hace hincapié en cómo los avances tecnológicos han dotado a los drones de unas “prestaciones brutales” a precios asequibles y recuerda que hay vuelos imprudentes pero no intencionados que, sin querer causar daño, pueden resultar peligrosos, como los que se aproximan a los aeropuertos - Efe