barcelona - El Govern acordó ayer iniciar acciones legales contra el Ejecutivo español para reclamarle 1.317 millones de euros pendientes de pago, correspondientes principalmente a la financiación de 2019.
Así lo anunció en una rueda de prensa la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, tras la primera reunión después del paréntesis estival. De esta forma, Budó acusó al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de “vulnerar” la ley al “incumplir” sus obligaciones financieras con la Generalitat.
En concreto, el ejecutivo de Quim Torra considera que esta deuda de Hacienda de 1.317 millones de euros procede de una mejora de la recaudación del año 2019 -de 874 millones de euros- y de una parte del IVA de 2017 que se tenían que liquidar este año -de 443 millones de euros-, y que en ninguno de los casos han sido transferidos a la Generalitat.
El Govern considera que el Ejecutivo en funciones “está incumpliendo sus responsabilidades” financieras con la Generalitat, al igual que hace con otras comunidades autónomas, tal como fija la ley 22/2009 que regula el sistema de financiación.
Así, y de acuerdo con esta ley, Budó argumenta que la Administración General del Estado “está obligada” a hacer estos ingresos, se esté o no en prórroga presupuestaria, para que las comunidades puedan hacer frente a sus obligaciones.
Budó recordó que el Govern ya remitió un requerimiento hace unos días al respecto pero que “el Gobierno español lo ha desatendido” alegando que las actualizaciones no son posibles porque el Ejecutivo está en funciones. “Es un argumento legal que no podemos admitir pues los ingresos solicitados son acción de administración ordinaria y por tanto legalmente exigibles a un Gobierno en funciones”, defendió la consellera.
Para la portavoz del Govern de la Generalitat, “últimamente el Gobierno del Estado proyecta sus problemas internos al resto de administraciones”. Budó añadió que, a raíz de su petición hace unos días, “el resto de comunidades se ha activado para reclamar” lo que le corresponde, y señaló en concreto que Galicia y Castilla y León “no descartan” tomar también medidas legales. - Efe