MADRID - Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, acudió ayer al Congreso acompañado de un procurador con el fin de recoger las actas de eurodiputado del expresident y de Toni Comín, electos por Junts per Catalunya-Lliures per Europa, y lo hizo portando varios documentos: un juramento de la Constitución española de los dirigentes soberanistas ante un notario belga y un poder notarial para que las credenciales fuesen entregadas al letrado. Sin embargo, la Junta Electoral Central (JEC) no lo aceptó y dejó vacantes tanto estas dos plazas -hasta que se produzca el acatamiento en aplicación del artículo 224.2 de la Ley del Régimen Electoral General- como la del republicano Oriol Junqueras, a lo que el letrado respondió que esto “se convierte ahora en asunto de legalidad europea”. “Si Puigdemont y Comín no han venido es por culpa del juez Pablo Llarena, porque la justicia no quiere entregarles la inmunidad que les corresponde y si hubieran venido, habrían sido detenidos”, justificó Boye mientras la Cámara baja aumentaba sus medidas de seguridad “por si llegaba Puigdemont para detenerlo”. “Están mirando hasta las alcantarillas”, zanjó el abogado.

Boye se muestra convencido de que, para Europa, Puigdemont y Comín “sí son eurodiputados”, por lo que proseguirá con su pelea para que el reconocimiento de esos cargos se haga efectivo en las instituciones europeas. El organismo electoral dio ayer por válidos los acatamientos de 50 eurodiputados electos, incluido el de la representante de Ahora Repúblicas, la coalición de la que forma parte ERC, Diana Riba, cuyo recuerdo a los “presos políticos” en la fórmula de acatamiento generó dudas en la Junta Electoral, pero finalmente optó por tramitar su credencial. A modo de anécdota tampoco se dio ésta al ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ausente por razones de agenda. El organismo había citado a las doce del mediodía a los 54 eurodiputados elegidos el 26-M para proceder al acto imprescindible de promesa o juramento de la Constitución.

Una funcionaria de la JEC solicitó con discreción a Boye que abandonara la sala, porque en ella solo podían estar los eurodiputados electos y le impidió entregar a la presidencia de la Junta los papeles que llevaba consigo. “Ni siquiera los han leído”, censuró el abogado, quien había intentado que la JEC enviara a los exiliados el acta de proclamación de los electos al Parlamento Europeo, con copia certificada, para poder entrar en Estrasburgo. Sin embargo, este órgano negó la petición a los dos independentistas y les recordó que “la credencial se expide una vez que el candidato electo ha prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, conforme establece el artículo 224.2 de la LOREG”. “A nuestro entender el trámite a efectos jurídicos ya está cumplido”, declaró Boye, quien defendió que ambos fueron proclamados eurodiputados el viernes pasado y que lo de ayer únicamente era un “acto de legalidad interna española y no de legalidad europea”. Fuentes de JxCat corroboraron posteriormente que la documentación de los políticos soberanistas quedó registrada y que lo más probable es que sea examinada el próximo jueves.

La JEC dio por buenos todos los acatamientos que pronunciaron los eurodiputados, desde el empleado por Diana Riba, esposa de Raül Romeva, que pidió “la libertad de los presos políticos” y “el retorno de los exiliados”, y haciéndolo también por “el derecho de autodeterminación” y por “imperativo legal”, coletilla esta última que usaron otros eurodiputados, como el caso de Izaskun Bilbao (PNV) y Pernando Barrena (EH Bildu). La jeltzale subrayó la escasa “normalidad política” en la Cámara Baja debido a la ausencia de los tres dirigentes secesionista. “No hemos tenido normalidad política porque hay tres diputados proclamados electos al Parlamento Europeo y no han podido tomar posesión de sus actas”, lamentó. Por su parte, Barrena señaló que esta decisión, por la que se prima la conveniencia de la judicatura sobre los derechos de los eurodiputados electos, es “un fraude electoral” y una “burla” a todas esas personas que votaron a Junqueras, Puigdemont o Comín”. Los electos de Vox juraron acatar la Constitución “por España”.