PAMPLONA. El próximo 16 de septiembre dará comienzo en la Audiencia Nacional el juicio contra 47 personas vinculadas a la defensa de los derechos de los presos. El juicio se alargará durante al menos tres meses, según han hecho saber los encausados a través de una nota enviada a los medios de comunicación. La Fiscalía solicita penas de entre 15 y 11 años de prisión que suman más de 600 años.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó procesar por pertenencia o colaboración con organización terrorista a 47 acusados de integrar presuntamente el denominado frente de makos o frente de cárceles de ETA bajo la cobertura de los distintos entes de los que formaban parte, entre ellos el colectivo de abogados BL, la organización de la defensa de los derechos de los presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares Etxerat.

Entre los navarros procesados, se encuentran las abogadas Amaia Izko y Jaione Carrera, y los miembros de Herrira Jon Garay, Eneko Villegas, Fran Balda, Sergio Labayen y Nagore García. Todos están citados a declarar los días 9 y 10 de mayo. En un auto de 104 páginas, en muchas de las cuales hay un corta y pega de los informes de la Guardia Civil, el juez relata el funcionamiento y estructura del entramado que forma el denominado frente de cárceles, desarticulado en las operaciones Jaque, Mate y Pastor practicadas en enero de 2014, enero de 2015 y marzo de ese mismo año.

El magistrado hace un análisis, siempre basado en los informes de la Guardia Civil, de cada uno de los órganos que conforman esta estructura, entre ellos el denominado KT (Koordinazio Taldea/Grupo de Coordinación), cuya función principal era dirigir el EPPK "de forma integral" y también era utilizado por ETA para "dirigir y dar directrices generales al conjunto del frente de cárceles garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad" a la organización armada.

Velasco asegura que sus miembros son "plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y que su actividad contribuye a los fines" de esta, dice el juez. Entre sus presuntos integrantes se encuentran Arantza Zulueta, Jon Enparantza y otros seis procesados por pertenencia a organización terrorista. Los dos primeros en grado de dirigentes. Naia Zuriarrain, por su parte, lo está por colaboración.

El auto incluye también a Iñaki Goioaga, senador de EH Bildu contra el que Supremo abrió causa. A su vez, explica el auto, existe un núcleo de coordinación KG, que es el órgano permanente y estable formado por las organizaciones que integran el frente de cárceles y que se encarga de la transmisión de las necesidades económicas de las organizaciones que participan en sus reuniones, al objeto de una mejor distribución de los fondos económicos que obtiene Herrira pese a que reconoce que no hay evidencias "que constaten fehacientemente" su vinculación con ETA a través de su estructura Sostengu.

Delitos económicos De forma paralela al auto de procesamiento, el juez Eloy Velasco abrió una pieza separada para investigar posibles delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el juez ordenó la busca y captura e ingreso en prisión a través de una OED cursada a Francia para Emilie Martín por su liderazgo en Herrira.

Por su parte, Sortu denunció la "violencia legal" que a su juicio se ejerce contra las 47 personas encausadas, entre las que se encuentra la portavoz de la formación Amaia Izko. Esta actuación judicial muestra, a juicio de Sortu, que el Estado "utiliza la violencia para seguir boicoteando el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria" y para "seguir negando la palabra y la decisión" a los vascos.