bilbao - La eurodiputada jeltzale, Izaskun Bilbao, ha llamado a la puerta de la Comisión Europea para que se implique y se pronuncie sobre la ofensiva de la derecha española en contra del autogobierno vasco. Se da la circunstancia de que el pasado mes de noviembre se aprobó por mayoría absoluta en el Europarlamento una propuesta para proteger los derechos de las minorías nacionales, pero los mensajes que se están escuchando en Madrid van en dirección contraria. Bilbao ha registrado una pregunta con solicitud de respuesta por escrito a la Comisión Europea, a la que también le recrimina su silencio cuando se está apostando por incumplir una ley como el Estatuto, mientras que en otras ocasiones ha habido pronunciamientos velados sobre la ley y la tensión en relación a la situación en Catalunya. Bilbao denuncia la “cruzada” contra la convivencia y la diversidad, que afecta a cuestiones incardinadas ya en el marco europeo como el Concierto y la Ertzaintza.

En plena batalla preelectoral, el PP de Pablo Casado ha llamado de manera expresa a incumplir el Estatuto de Gernika, que es ley, y su partido aprobó en el Senado una moción en contra de las transferencias pendientes. También ha pedido que las fuerzas de seguridad estatales tengan prevalencia sobre las policías autonómicas, lo que amenaza la posición de la Er-tzaintza, uno de los pilares del autogobierno. Tanto Casado como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, proponen además que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas, y que se apruebe una reforma electoral para evitar la entrada de los nacionalistas vascos y catalanes en el Congreso de los Diputados. Vox, por su parte, pide directamente que se suprima la autonomía. Todos estos llamamientos chocan con la propuesta aprobada el año pasado en el Europarlamento que, por ejemplo, anima en su artículo 36 a los estados miembros a que adopten leyes electorales que faciliten la representación de las minorías nacionales, justo lo contrario de lo que proponen PP y C’s. También se alude a los derechos lingüísticos y al principio europeo de subsidiariedad, para que las instituciones cercanas al ciudadano se encarguen de gestionar ciertos asuntos.

Bilbao asegura en su pregunta que la Comisión Europea ha considerado en varias declaraciones públicas sobre la tensión territorial en el Estado español que “el incumplimiento del ordenamiento interno de un Estado miembro implica incumplir los tratados”. “Estas declaraciones contrastan con el silencio de la Comisión sobre la actitud de los principales partidos políticos españoles y de las instituciones que gobiernan, que llevan cuatro décadas incumpliendo flagrantemente las previsiones del bloque constitucional en lo que se refiere a la cuestión territorial”, sostiene. Además, añade que, en el marco de la “competición por aparecer como genuinos representantes del más rancio nacionalismo español”, varios líderes políticos “celebran y alientan estos incumplimientos de la ley y anuncian que persistirán y profundizarán en ellos si llegan a gobernar”. “Alimentan así una espiral que incrementará las tensiones territoriales”, avisa.

A partir de ahí, Bilbao plantea sus tres preguntas para que la Comisión aclare si “en aras a la neutralidad debe criticar también los incumplimientos legales” que denuncia el PNV; si considera que la actitud de la derecha española es “acorde con el lema Unidos en la diversidad y el respeto a los derechos de las minorías nacionales aprobados por el Parlamento Europeo”, y si “va a intervenir para prevenir un previsible incremento de las tensiones territoriales”.

“harta” En una nota de prensa, Bilbao se declara “harta de escuchar a líderes de partidos que se autodenominan constitucionalistas celebrando que se incumpla la ley”. “Defienden un nacionalismo antiguo, antieuropeo y que no ayuda a construir el futuro que necesitamos”, critica. Reivindica el informe aprobado en noviembre por 489 eurodiputados, que “propugna que la protección de las minorías sea uno de los contenidos básicos de un pacto sobre Democracia y Estado de Derecho, y apuesta por que incluya un mecanismo de supervisión, lo que abre las puertas a un mecanismo de arbitraje como el que sugiere la Directiva de Claridad propuesta por el lehendakari”.