“La ley no permitiría privilegios a los presos de ETA ni aunque se traspasara Prisiones”

-Sí, socialmente se aprecia una consolidación de una convivencia normalizada. Esto fue un elemento que confirmó que definitivamente quedaba atrás la historia del terrorismo de ETA. Además, hay cosas que empiezan a cambiar. Por ejemplo, se están produciendo tímidos cambios en política penitenciaria. La disolución de ETA contribuye a que eso se esté produciendo.

Sin embargo, los acercamientos son cortos y a cuentagotas.

-El clima político en el Estado no facilita las cosas. Nosotros le hemos trasladado a Sánchez nuestras propuestas y sugerencias con toda claridad. Creemos que el camino que ha tomado es positivo, entendemos las dificultades, pero le invitamos a que la dinámica de acercamientos se desarrolle a un ritmo más intenso.

¿Son acercamientos o meros traslados? Ninguno ha sido traído a las cárceles de Euskadi.

-Algunos deben tomarse como traslados y otros son objetivamente acercamientos. Si alguien es trasladado de Algeciras a Herrera de la Mancha, estamos hablando de un traslado. Si es trasladado a una prisión que está en el entorno de Euskadi, podríamos hablar de un acercamiento parcial.

¿Deberían ser traídos todos a las cárceles de Euskadi?

-Somos favorables al acercamiento a las cárceles vascas pero somos conscientes de la dificultad y la progresividad. En su día hicimos una propuesta para distribuir a los presos en las diez cárceles que se encuentran a menos de 250 kilómetros de Euskadi. Este era un paso intermedio, no el final.

¿También deben ser acercados los que tienen delitos de sangre?

-No hay nada en el ordenamiento penitenciario que establezca que un preso debe estar más cerca o más lejos de su casa en función del delito por el que está condenado. Deben estar en las cárceles más próximas de su hogar de origen o residencia, ese es el principio que inspira la búsqueda de la reinserción.

El ministro del Interior dice que ya no tiene sentido la política de dispersión. Pero los presos siguen dispersados.

-Estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro. Esperamos que se den pasos en esa dirección. Hoy es difícil justificar legal, ética, humanitaria, social o políticamente el beneficio que pueda tener que un preso esté alejado de su familia.

Por parte de los presos y de su entorno, ¿se están dando pasos para facilitar su situación?

-Sería necesario que el desarrollo de las vías legales penitenciarias se hiciera con más atrevimiento y se profundizará más. Es fundamental que haya una lectura crítica de lo que ha supuesto la violencia de ETA en el pasado por parte de la izquierda abertzale. Es importante por el efecto positivo que eso tendría sobre las víctimas, por el impacto positivo que tendría en las relaciones políticas, y porque tendría un efecto importante en los procesos de progresión de grados y resocialización.

¿Ese posicionamiento de la izquierda abertzale arrastraría a los presos?

-Podrían acogerse a esa reflexión. Si la izquierda abertzale no hace ese reconocimiento, se deja solo a los presos. La mejora de la situación penitenciaria de un preso la decide, en última instancia, un juez, y este va a valorar, entre otras cosas, cuál es el distanciamiento crítico del preso respecto al delito cometido.

El PSE amaga con abandonar la Ponencia de Convivencia si Bildu no rechaza la violencia de ETA en el pasado. ¿Debe rechazarlo ya?

-Lo que es difícilmente sostenible es decir que el daño causado del GAL, el Batallón Vasco Español o la tortura fue injusto y que eso mismo no se pueda decir cuando hablamos de ETA. Ese problema hay que abordarlo y superarlo.

Sánchez se ha comprometido a transferir la competencia de Prisiones en enero de 2020, si su Gobierno aguanta. ¿Queda lejos?

-Es importante que se transfiera no solo por lo que afecta a los presos de ETA, sino porque las cárceles retratan la manera en que una sociedad enfrenta sus problemas. Es una competencia estratégica.

PP y algunas asociaciones de víctimas dicen que, en cuanto se transfiera, los presos de ETA gozarán de privilegios. ¿Esto sería así?

-Esa afirmación supone un desconocimiento absoluto del funcionamiento del sistema, un argumento poco sólido para oponer resistencia a la transferencia. La legislación penitenciaria no lo permitiría. La mayor parte de las decisiones en materia de beneficios penitenciarios, de progresiones de grado y de libertad condicional pasan por la mesa del juez. - H. Unzueta