Si los doce meses que culminan hoy han sido vertiginosos e inesperados a nivel político, el año que comienza apunta a ser igual de frenético o incluso más. 2019 va a estar condicionado por un calendario lleno de citas marcadas en rojo ya desde el mes de enero, cuando comenzará el macrojuicio contra los responsables del procés y la consulta del 1-O. Y en primavera se producirá una cita con las urnas que va a marcar el equilibrio de fuerzas y el reparto del poder territorial en todo el Estado. El 26-M podría no ser la única convocatoria electoral del año, con un Pedro Sánchez que podría tomar la decisión de adelantar las generales a pesar de que por el momento ha mostrado vocación de resistir.
En cuanto a Euskadi, 2019 será el año en el que se irá revelando el recorrido del nuevo estatus, se verá si el traspaso de competencias se hace realidad y, en el ámbito de la violencia, el relato cobrará gran importancia.
Goteo de acercamientos, presión de PP y C’s y la batalla del relato
2018 ha sido el año de la disolución definitiva de ETA pero algunas de las consecuencias de su actividad violenta siguen latentes. En las cárceles del Estado francés cumplen condena 47 presos de la banda (en Portugal hay otro recluso etarra) y en el Estado español son otros 217 los que purgan en prisión. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció una política penitenciaria más laxa con los presos de ETA dando a entender que procedería a acercamientos, pero ninguno de los alrededor de quince traslados hasta ahora ha sido a cárceles de Euskadi. Además, el goteo de movimientos ha sido muy lento y es una incógnita que tónica mantendrá ante la presión cada vez dura de PP, Ciudadanos y ahora también de Vox. También está en el aire el desenlace de la Ponencia de Memoria y Convivencia en el Parlamento Vasco. Al desmarque inicial del PP, se le añade ahora el del PSE que ha recuperado su discurso crítico hacia EH Bildu en relación al suelo ético sobre la condena de la violencia de ETA, en definitiva sobre el relato.
El todo o nada para la reforma del Estatuto y el futuro del autogobierno
2019 puede ser el año del todo o nada para el autogobierno vasco. La Ponencia sobre el Nuevo Estatus para Euskadi que aborda la reforma del Estatuto actual se encuentra en la fase en la que los cinco expertos juristas designados por cada uno de los grupos parlamentarios deben consensuar un texto articulado sobre las bases presentadas por los partidos. PNV y EH Bildu han pactado un borrador que es rechazado por PSOE, PP y, parcialmente, por Elkarrekin Podemos, formaciones que han presentado sus aportaciones. Van a tenerlo muy difícil los expertos para consensuar un texto que luego pasará a los partidos para que estos redacten el documento definitivo que será llevado al Congreso y al Senado para su aprobación definitivo. PNV y Bildu podrían optar por ir hasta el final aunque no se les sumaran otras fuerzas, aunque los jeltzales son partidarios de ensanchar el consenso. Pero la empresa se antoja muy difícil. De entrada, no parece fácil que los juristas lleguen a un acuerdo que los partidos que los han designado no han podido alcanzar.
El reloj electoral marcará el paso de los traspasos pendientes a Euskadi
El traspaso a Euskadi por parte del Estado de las 37 competencias pendientes va a estar muy presente en la agenda política vasca de este año. El Gobierno de Pedro Sánchez ha expresado su voluntad de proceder a la transferencia de todas ellas, salvo la del régimen económico de la Seguridad Social, a la que pone reparos técnicos, ocultando motivaciones políticas. El resto de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika se abordarán siguiendo el orden del calendario que está elaborando Moncloa y que tiene que presentar en breve al Ejecutivo de Iñigo Urkullu. El tiempo juega en contra de la ejecución de todos los traspasos ya que a esta legislatura apenas le queda año y medio en el mejor de los casos. Un adelanto electoral a otoño de 2019 o incluso al superdomingo electoral del 26 de mayo haría muy poco factible la negociación y la ejecución de la mayoría de las transferencias.
Pendientes de una sentencia que podría incomodar al PNV
En diciembre quedó visto para sentencia el juicio por el caso de Miguel, que ha juzgado durante meses al ex número dos del PNV en Araba, Alfredo de Miguel, y a otros 25 imputados por una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. Durante el proceso judicial, la existencia de mordidas ha quedado acreditada por la declaración del empresario Josu Arruti y ahora queda por ver qué sentencia recaerá sobre el principal acusado que, a diferencia de otros investigados, rechazó un pacto con la Fiscalía.
Durante 2019 se dará a conocer la sentencia de lo que podría ser el primer gran caso de corrupción acreditado en Euskadi. A nivel nacional los procesos por corrupción seguirán también su curso, como en el juicio por el caso ERE, del que queda conocer la sentencia; o el de la Gürtel, que tiene varias piezas pendientes de juzgar.
26 de mayo: triple cita con las urnas y numerosas incógnitas
En la triple cita electoral del próximo 26 de mayo -municipales, autonómicas y europeas- se verán por fin los nuevos equilibrios políticos en el Estado español y se despejarán numerosas incógnitas. Entre ellas, la irrupción de Vox -que puede ser fuerte tanto a nivel europeo como en ayuntamientos y autonomías- o si las nuevas tres derechas sumarán mayorías suficientes para adquirir poder a nivel regional y municipal. Como ha ocurrido en las pasadas elecciones andaluzas, la entrada de la formación de Santiago Abascal en las instituciones podría decantar la balanza hacia la derecha.
Enfrente estarán el PSOE y Podemos, que tratarán de conservar las instituciones donde gobiernan desde 2015, entre ellas algunas de las principales comunidades autónomas y consistorios. Es el caso de los llamados Ayuntamientos del Cambio, como Madrid o Barcelona, que la formación morada tendrá complicado revalidar, inmersa en numerosas crisis internas y a la baja en las encuestas. Respecto a los socialistas, su principal reto será conservar el Gobierno en regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia o Aragón, donde han gobernado en la actual legislatura con el respaldo externo de Podemos.
En relación a Euskadi, la tendencia apunta a que el PNV podría revalidar su hegemonía en las tres diputaciones y en las tres capitales vasca. Así lo indican las encuestas publicadas, que incluso otorgan a los jeltzales la victoria en Gasteiz y en Araba, donde en 2015 ganó en sufragios el PP aunque no logró gobernar.
Barkos examina su ‘Gobierno del cambio’ en las elecciones forales
Nafarroa volverá a ser un laboratorio de ensayo de lo que puede pasar en el resto del Estado. Las elecciones forales del 26 de mayo pondrán a prueba la resistencia del cuatripartito navarro liderado por la presidenta Uxue Barkos. Tras cuatro años de mudanza total en la vida política e institucional navarra que han supuesto el fin de los gobiernos regionalistas y la llegada de un gobierno a caballo entre nacionalista y progresista, los comicios de primavera servirán para ver si el experimento ha calado en la sociedad navarra. La semana pasada el líder del PP, Pablo Casado, dijo en Iruñea que la reconquista de España por parte de la derecha que encarnan su partido junto con Ciudadanos y Vox empezará por Nafarroa. Las encuestas siguen favoreciendo por la mínima al cuatripartito, aunque está por ver cómo puede afectar el cisma de Podemos en su devenir electoral y, en consecuencia, en su aportación numérica a una eventual alianza con el resto de formaciones que integran el Gobierno en coalición (Geroa Bai, EH Bildu y Ezkerra-Izquierda). La amenaza de Casado puede ser un arma de doble filo ya que puede llevar al PSN a poner distancia y acercarse al cuatripartito, aunque al trasluz de lo visto en esta legislatura la brecha de los socialistas con el Gobierno foral es grande. En cuanto al Ayuntamiento de Iruñea, el cuatripartito encabezado por el alcalde Joseba Asiron tiene más complicado repetir al frente del gobierno.
El año del final del culebrón sobre los restos del dictador
Primero iba a ser después del pasado verano, luego coincidiendo con el aniversario de su muerte, posteriormente se anunció que para final de año, y la última declaración de Pedro Sánchez ha sido la semana pasada afirmando que, si sus restos han permanecido en el Valle de los Caídos durante 40 años, puede esperar unos meses más. El Gobierno español quiere que la exhumación de Franco se realice con total seguridad jurídica de modo que ningún recurso judicial de la familia o de algún partido o agente pueda paralizar el traslado de los restos del dictador y tener que buscar otra vía para sacarlo del mausoleo. Esta es la explicación al retraso y los cambios de fecha del Gobierno. Mientras tanto, la familia del dictador intenta ganar tiempo y llevar los restos a la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno de centro de Madrid. Esta posibilidad está ya judicializada y, frente a los argumentos de los herederos de Franco, el Ejecutivo de Sánchez argumenta motivos de orden público, de riesgo de amenazas terroristas, de colapso de la zona en fechas señaladas o de enfrentamientos dentro de la cripta, donde la policía no puede entrar por ser un lugar sagrado. Por otro lado, 2019 también será un año importante para ver si evoluciona la investigación sobre los crímenes del franquismo que realiza en Argentina la jueza María Servini, que choca en sus intenciones con la ley de amnistía de 1977 que blinda a exministros y expolicías franquistas aún con vida.
La extrema derecha condicionará el nuevo Gobierno andaluz
El sorprendente resultado de Vox en los comicios andaluces del pasado 2 de diciembre -se hizo con 12 escaños y con la llave de Gobierno- ha propiciado que se hable ya de las tres derechas. Hemos asistido al primer pacto entre ellas para la repartición de la Mesa del Parlamento y todo apunta que esa mayoría volverá a repetirse para elegir a Juanma Moreno como próximo presidente de la Junta, desbancando al PSOE tras casi 40 años de hegemonía. Así, es evidente que la formación de Santiago Abascal condicionará las políticas del nuevo Ejecutivo autonómico, debido a los pocos reparos del PP y C‘s en llegar a acuerdos con la extrema derecha. Es más, el presidente del PP, Pablo Casado, ya ha mostrado en los últimos días su total disposición a exportar la triple alianza a otras comunidades autónomas tras los comicios de mayo, e incluso a nivel nacional. En Génova muestran muy buena sintonía con Vox e incluso Casado ha aireado en varias ocasiones su buena relación con Abascal.
Entre penas muy elevadas y la posibilidad de un indulto
El juicio más mediático de 2019 llegará nada más comenzar el año, a finales de enero. Tras 15 meses en prisión provisional, Oriol Junqueras, los exconsellers, los Jordis y Carme Forcadell serán juzgados por el Tribunal Supremo. Todos ellos se enfrentan a una petición de penas muy alta por delitos de rebelión. La Fiscalía pide 25 años de prisión para Junqueras; 17 para Sànchez, Cuixart y Forcadell; y 16 para Forn, Bassa, Turull, Rull y Romeva. La Abogacía del Estado, en cambio, se inclinó por acusarlos de sedición, delito que conlleva condenas inferiores. Teniendo en cuenta la elevada petición de penas, algunos de los procesados podrían pasar largo tiempo en prisión si son condenados. En esa tesitura, volvería a cobrar fuerza la opción de los indultos. El Gobierno Sánchez nunca ha descartado dicha posibilidad e incluso hay voces dentro de los socialistas que la defienden abiertamente, como Miquel Iceta. Está por ver si Sánchez se expondría a una decisión de tal calibre.
Entre el 155 de PP y C’s, el diálogo de Sánchez y la salida del referéndum
Al margen del juicio a los líderes independentistas, la situación política en Catalunya se mantendrá en ebullición este año que empieza. Mientras PP y Ciudadanos siguen blandiendo el artículo 155 para suspender la autonomía e intervenir las principales instituciones catalanas, el Gobierno de Pedro Sánchez intentará mantener una dinámica de diálogo institucional con la Generalitat en el marco de la Constitución. Por su parte, el president Quim Torra y el independentismo en general intentará no romper la baraja del diálogo, pero buscará abrir el campo de juego hacia una salida que contemple una consulta que vaya más allá del actual Estatut. El juicio del 1-O pondrá a examen la unidad independentista entre PDeCAT y ERC que Carles Puigdemont ansía en reunir en torno a la Crida, pero que no convence a Esquerra.
