Barcelona- En una jornada plagada de gestos simbólicos hacia Catalunya, Pedro Sánchez caminó sobre las 10.00 horas los 600 metros que separaban el hotel donde pernoctó en la noche del jueves -y donde en la mañana de ayer se citó con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau- de la Llotja de Mar, recinto donde se celebró el polémico Consejo de Ministros entre fuertes medidas de seguridad. El presidente español, más allá del ánimo de algunos ciudadanos, fue recibido entre pitos y caceloradas, pese a querer trasladar un mensaje de colaboración institucional. Posteriormente, el Gobierno justificó que en el comunicado conjunto no se mencionase la Constitución porque se incluyó la búsqueda de una respuesta democrática en el marco de la “seguridad jurídica” porque ese término implica cumplir todo el ordenamiento, la Carta Magna, el Estatut y el resto de leyes. Así lo expresó la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, acompañada por la portavoz del Ejecutivo socialista Isabel Celaá, quien realizó una valoración “positiva” de la reunión entre Quim Torra y Sánchez ahondando en que “uno de los objetivos de este Gobierno es encauzar políticamente las relaciones con Catalunya para buscar una salida al conflicto”. “Siempre hemos buscado espacios de diálogo. No existe ninguna otra receta: ni soflamas emocionales ni aplicación perpetua del artículo 155. Esto es lo que se hizo durante una reunión extensa entre los presidentes. En sí mismo es un avance”, destacaron desde Moncloa.

En la nota firmada por sendos gabinetes se afirmaba que “con el objetivo de garantizar una solución deben potenciarse los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de las sociedad catalana, en el marco de la seguridad jurídica”. “No hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico, compuesto por todas y cada una de las normas, empezando por la Constitución, los Estatutos de autonomía y el resto de las leyes que lo componen”, volvió a insistir Batet, quien recalcó que esa expresión está contemplada en el artículo 9 de la Constitución española. Así, el Ejecutivo de Sánchez esquivó tener que reconocer que aceptaran la petición del Govern de que no se incluyera una referencia a la Carta Magna en el comunicado de los dos gobiernos. Ambas ministras defendieron continuamente la vía del diálogo y apelaron a la “reciprocidad” por parte de los partidos que componen el Ejecutivo de Torra, llamando al diálogo y consenso entre todas las fuerzas que forman el arco parlamentario catalán. A su vez, eludieron responder a las preguntas de si el encuentro había servido para desbloquear la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 después del gesto del independentismo de aprobar el techo de gasto. Optaron, por contra, ensalzar que el “deshielo” que supuso la primera reunión entre Sánchez y Torra el pasado julio “ha dado sus frutos” con acuerdos y medidas concretas en beneficio de los ciudadanos. Ambos se han emplazado para cumbre el próximo enero después de que el Govern haya ganado esta vez con el relato de la bilateralidad.

La cuestión es si esta rebaja de la tensión política servirá para aprobar las Cuentas públicas procedentes de Madrid, reprochando a las “fuerzas de la derecha” que hayan bloqueado la reforma de la Ley para que el Senado no tenga la última palabra sobre la modificación de la senda de déficit. Celaá consideró que es una “anomalía democrática” que el Senado, con mayoría del PP, pueda bloquear la aprobación de la nueva senda de déficit (1,8%) que salió adelante con la mayoría que aprobó la moción de censura. La titular de Educación también arremetió contra el PP y Ciudadanos por su reiterada propuesta de aplicar el artículo 155. “Lo invocan como si fuera el único artículo de la Constitución”, recalcó antes de expresar su convicción de que “la defensa de la aplicación perpetua de ese artículo no aporta ninguna respuesta política, salvo que tras su invocación permanente se esconda un afán de recentralización perpetua de las competencias de la autonomía de Catalunya”. Tras dejar claro que el Gobierno “no está en absoluto de acuerdo” con ese planteamiento, precisó que no quiere volver a una “España de triste recuerdo de años atrás, centralista y recentralizadora”.

Celaá rechazó que el Ejecutivo de Sánchez vaya a interferir en la vía judicial que hay contra el anterior Govern al ser preguntada por si creía que se podía normalizar la situación política mientras hubiera “presos y exiliados”. Replicó que España es un Estado de derecho que se sustenta sobre la separación de poderes y el Ejecutivo no puede interferir en el orden judicial: “es el poder judicial quien decide o determina prisión o libertad”. El “camino político” que ha puesto en marcha el Gobierno español es el que puede conducir “al final del túnel” del conflicto en Catalunya, zanjaron.

réplica desde el govern Desde el Govern, su portavoz Elsa Artadi puntualizó, en alusión a los incidentes matinales -exacerbados desde las televisiones de carácter estatal, que convirtieron el día en un espectáculo-y saldados con 12 detenidos y 28 mossos heridos, que “seguimos sin entender hacer un Consejo de Ministros en el centro de Barcelona, con todos los problemas de movilidad que han conllevado”. Aparte de ver “insuficiente” el gesto de anular el juicio al expresident Lluís Companys, “se ha decidido unilateralmente cambiar el nombre del aeropuerto de El Prat por el de Tarradellas, sin contar con el resto de las instituciones, ni el Ayuntamiento ni el propio aeropuerto. No nos importa tanto el nombre como el reconocimiento de presidentes en el exilio, por ejemplo”, refiriéndose a Carles Puigdemont. En cuanto a las relaciones entre sendos gabinetes para discurrir por la vía del diálogo, advirtió de que “si ambos gobiernos nos vemos de seis meses en seis meses, no vamos a avanzar. Sea cual sea el mecanismo y los interlocutores, si no son más constantes, no servirá para nada. Al explicárselo al Gobierno de España, se decidió vernos a la vuelta de Navidad”.

Reparar la dignidad de Lluís Companys. El Consejo de Ministros aprobó una declaración de reparación, reconocimiento y restitución de la plena dignidad de Lluís Companys. Por eso se rechaza y condena el Consejo de Guerra que decidió la ejecución del president de la Generalitat asesinado en 1940 por el régimen franquista tras ser detenido por la Gestapo en Francia.

Aeropuerto Josep Tarradellas. “Un gesto simbólico hacia la sociedad catalana y de reconocimiento a esta figura”. Así definió Moncloa su decisión de bautizar el aeropuerto de El Prat con el nombre del histórico presidente de la Generalitat pese a no contar con la opinión del Govern.

Subida del sueldo de los funcionarios. El Gobierno socialista aprobó una subida de hasta 2,25% del sueldo de los empleados públicos. La medida entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019. A este incremento se le podría sumar un 0,25% según la evolución del PIB y otro 0,25% de fondos adicionales, hasta alcanzar un 2,5% con carácter general y un máximo de 2,75%.

Subida del salario mínimo. La subida del salario mínimo a 900 euros, que empezará a aplicarse este 1 de enero, supondrá un alza el 22 % respecto a la actual cuantía que está fijada en 735,9.