vitoria - El Gobierno Vasco se dispone a pasar página del mal trago y los reproches a EH Bildu tras la prórroga presupuestaria y va a entrar en una nueva fase que tendrá como objetivo prioritario garantizar la estabilidad de la legislatura y reducir al mínimo el impacto que pueda tener el hecho de gobernar en 2019 con unas Cuentas que no están actualizadas, sino que están diseñadas para el año que está a punto de terminar. Según fuentes de su entorno, el lehendakari Urkullu está convencido de que será “complicado pero factible” garantizar la estabilidad tras la prórroga presupuestaria porque, según argumentan, no es la primera vez que se le complica el juego de alianzas. Además, en su Gobierno ya buscando la vía legal que permita activar medidas como el incremento del salario a los funcionarios y la subida de la renta de garantía de ingresos. La intención del Gobierno Vasco es que esos cambios entren en vigor el año próximo y que se despeje cuanto antes el método para hacerlo y la cuantía. La idea es firme y se están explorando distintas alternativas desde los servicios jurídicos, aunque desde el departamento de Azpiazu no pueden ofrecer más detalles.

Uno de los puntos que deben aclararse hace referencia a la posibilidad o no de aprobar los aumentos moviendo las cantidades presupuestadas y de manera autónoma con decretos desde el Gobierno, o si tendrían que someterse al aval del Parlamento Vasco (lo que supondrá que el gabinete PNV-PSE tenga que buscar un tercer socio), una vía que parece ya asumida en el caso de los funcionarios. Tanto en el caso de su sueldo como en la RGI, la subida inicial que contemplaba el proyecto para 2019 era de un 2,25%.

En cuanto al incremento salarial de los funcionarios, existe una dificultad adicional que tiene que ver con el debate sobre el reparto de competencias con el Estado y con la posibilidad de que la comunidad autónoma pueda subir el sueldo a sus trabajadores públicos sin el paraguas de un Presupuesto estatal que haga lo propio. Este asunto ya generó controversia y disputa jurídica con el expresidente Rajoy. El clima político, no obstante, ha cambiado con el presidente Sánchez. Además, aunque el socialista aún no ha aprobado sus Cuentas para 2019 y está muy en el aire que pueda llegar a hacerlo, ha anunciado que activará por decreto las medidas más importantes, entre las que se encuentra la subida salarial a los funcionarios, también en un 2,25%. En cuanto a la RGI, por otro lado, se desconoce además en qué términos podría elevarse la cuantía. Es un asunto que ha experimentado fluctuaciones en la negociación fallida, desde el 2,25% inicial hasta las subidas más acusadas que propuso el consejero Azpiazu para ganarse a EH Bildu.

La negociación frustrada ha dejado en evidencia que EH Bildu no va a contribuir a la gobernabilidad y que los recelos históricos entre la izquierda abertzale y el PNV perduran. Otra alternativa pasaría por que el PP superase su desencuentro con los jeltzales a cuenta del papel del PNV en el desalojo de Mariano Rajoy de La Moncloa. No obstante, desde el Gobierno Vasco aseguran que no se ha producido ningún acercamiento. El Ejecutivo tiene ahora por delante un escenario complicado en pleno ciclo electoral en el Estado, Europa y la comunidad autónoma, con las elecciones municipales y forales de mayo como el reto más inmediato y con mayores implicaciones para las relaciones entre los partidos vascos.

En cualquier caso, desde el equipo de Urkullu son categóricos cuando se trata de descartar alguna maniobra sorprendente como un adelanto electoral. Está previsto que los comicios autonómicos se produzcan bien entrado el año 2020. Urkullu era consciente desde que arrancó la legislatura de que iba a gobernar con un escaño por debajo de la mayoría absoluta. Además, en 2013 ya probó las hieles de una prórroga.