Madrid/Barcelona - El Gobierno de Pedro Sánchez elevó ayer el tono de su discurso respecto a los acontecimientos en Catalunya y advirtió a la Generalitat, presidida por Quim Torra, de que ordenará la “intervención” de las fuerzas de seguridad del Estado “en términos de proporcionalidad y necesidad” si los Mossos siguen sin ejercer su función de “garantizar el orden público” en la comunidad autónoma. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Fomento, José Luis Ábalos, enviaron cartas a los respectivos consellers en las que piden explicaciones por “las graves alteraciones de orden público y seguridad del tráfico” del fin de semana.
En la misiva remitida por la vicepresidenta al conseller Pere Aragonès, Calvo denuncia que “aparentemente” ha existido una “dejación de funciones” por parte del Ejecutivo autonómico, con consecuencias de carácter económico y social y para la seguridad pública. “En este sentido es nuestra obligación evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido”, asegura Calvo, sin perjuicio, avisa, de otros requerimientos en curso sobre “actos concretos y sus posibles responsabilidades”.
Marlaska, en su carta al conseller de Interior, Miquel Buch, señala que los hechos ocurridos en algunas autopistas catalanas constituyen una “grave perturbación del orden público y de la seguridad del tráfico” en el que, sin embargo, los Mossos, “aun hallándose presentes”, no cumplieron su función. Por ello, el titular de Interior requiere a los responsables de la Generalitat para que dicten las instrucciones necesarias o, en caso contrario, “se ordenará la intervención” de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para preservar el “libre ejercicio de los derechos y libertades y el mantenimiento de la seguridad ciudadana”.
Por su parte, el titular de Fomento, José Luis Ábalos, se dirige al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet. Ábalos expresa su “más profundo malestar” por los altercados sucedidos en los puestos de peaje de las autopistas AP-7 y AP-2 durante el pasado fin de semana. Incidentes que, a su juicio, dañan la imagen de España y de Catalunya y en particular de las instituciones que la representan. “Confío en que no se vuelvan a producir situaciones o hechos similares, y que se garantice la libre circulación de personas y mercancías”, añade. Todo ello, alerta Ábalos, “sin perjuicio” de que se adopten las “medidas necesarias” para que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que puedan presentar los afectados por la actuación de los “responsables directos de los hechos”, se tramiten “con la mayor diligencia”.
Al margen de estas tres misivas, la vicepresidenta Carmen Calvo avanzó que el Ejecutivo estudia “toda la capacidad de respuesta en la vía administrativa y en todas las posibles” ante la “vía sangrienta”, ha señalado, propuesta por el presidente de la Generalitat, Quim Torra”, que se remitió al caso de Eslovenia para conseguir la independencia. Para Calvo, Torra cruzó ayer “una línea intolerable, inadmisible y de irresponsabilidad absoluta para un cargo público en una democracia como la española”. Calvo aclaró que, no obstante, declarar la aplicación del artículo 155 de la Constitución “es la última medida a la que hay que llegar”.
suspendidos los cambios en la cúpula de los mossos Y mientras el frente con Madrid se reactiva, con la actuación de los Mossos precisamente en el centro de la polémica, el Govern intentó ayer rebajar la crisis abierta entre el propio Ejecutivo catalán y los Mossos d’Esquadra por las cargas del pasado 6 de diciembre contra grupos que respondían a dos actos de Vox. Así, el Govern dio marcha atrás en sus críticas y, pese al ultimátum del presidente Quim Torra, no forzará cambios en el cuerpo, al ver ahora correcta su intervención.
Tras el ultimátum de Torra, que el pasado viernes dio cuatro días al conseller de Interior para que introdujera cambios en la policía tras las cargas, Miquel Buch se reunió ayer con la cúpula de los Mossos, ante la que se disculpó en una intervención en la que hizo autocrítica por haber dudado de su labor y calificó de “globalmente correcto” el dispositivo del pasado jueves. De esta forma, el Ejecutivo catalán ha intentado cerrar filas con la Policía catalana en un momento especialmente sensible, a once días de que el Gobierno celebre un Consejo de Ministros en Catalunya, ante el que los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han anunciado varias actuaciones de protesta. Según publicaba ayer El Periódico, el Gobierno español intenta blindar la seguridad de la reunión del 21 de diciembre y el Ministerio del Interior tiene previsto enviar unos 400 agentes antidisturbios de la Policía en ocho grupos para asegurar la seguridad de las calles antes, durante y después la cita.
Tras reunirse el domingo con Torra, con quien acordó potenciar la mediación para tratar de evitar intervenciones policiales, Buch acudió ayer al complejo central Egara de los Mossos d’Esquadra, en Sabadell, para tratar de desactivar el malestar en el cuerpo por las críticas que tanto el presidente como el propio conseller vertieron por las cargas de Girona y Terrassa. Buch mostró su confianza en la labor policial, insistió en la necesidad de aislar a los Mossos d’Esquadra de cualquier debate partidista y reconoció que, tras una análisis más profundo, los dispositivos que desembocaron en las cargas de Girona y Terrassa fueron globalmente correctos, según indicaron fuentes conocedoras del encuentro. Pese a insistir en que el dispositivo del pasado jueves fue globalmente correcto, Buch pidió que los Mossos realicen internamente una reevaluación de lo ocurrido, como hacen siempre, y adopten las medidas que consideren necesarias si detectan o constatan algún caso de mala praxis policial.
Por su parte, el entorno de Torra evitó ayer las críticas a los Mossos y se limitó a denunciar una operación de las “cloacas del Estado” para buscar la “confrontación en Catalunya”, ante lo que advirtió de que los “alborotadores encapuchados” no representan al independentismo y deben ser aislados. Como socios del Govern, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, pidió que se evalúen las actuaciones policiales de los últimos días para corregir los “errores” que pudieran haberse cometido y alejar así “cualquier sombra de duda” en relación con los Mossos. Por parte de la CUP, la diputada Maria Sirvent, que resultó herida en una mano al recibir el jueves pasado el impacto de un proyectil de precisión disparado por los Mossos en Terrassa, expresó su preocupación por el hecho de que el Govern vea ahora correctos los dispositivos del 6 de diciembre y exigió al Ejecutivo que explique su “cambio de criterio”.
Desde el PSC, su portavoz, Salvador Illa, censuró la “irresponsabilidad” de Torra al “desautorizar” la actuación de los Mossos, dejándoles “indefensos”, mientras el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, señaló que la gestión del cuerpo “ha sido mala”. Por su parte, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, lamentó que los Mossos “están maniatados” para poder actuar, mientras que el PP ha pedido al Gobierno que active el mecanismo que le permite la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control de los Mossos mediante un real decreto y restablecer así el “orden y la paz social” en Catalunya.
Boicot a un acto de pablo iglesias A última hora de la tarde, una decena de personas irrumpieron en la Casa del Libro de Barcelona haciendo saludos fascistas y enarbolando banderas de España para intentar boicotear un acto en el que participaba el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ante lo que los asistentes respondieron con gritos de “no pasarán” y “sí se puede”. No lograron entrar a la sala en la que se celebraba la presentación y fueron obligados a abandonar la librería por los trabajadores del local. Iglesias advirtió al PSOE de que “en el frame mano dura contra Cataluña no va a ganar las elecciones”, ya que si ese es el marco con el que se plantan unos comicios quien vencerá será “el bloque reaccionario”. - Efe/DNA
