madrid - La Sala del 61 del Tribunal Supremo considera que el hecho de que “alguien busque un objetivo político, como es la secesión de Cataluña, no excluye que pueda cometer delitos graves para alcanzar tal fin”. De este modo argumenta, en un auto de 20 páginas difundido ayer, la decisión que adoptó el pasado día 5 de no apartar a cinco magistrados de la causa contra los líderes del procés, que les recusaron alegando falta de imparcialidad.
La Sala especial recuerda a los procesados que en otros órganos judiciales, como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, los magistrados son “propuestos y elegidos por políticos en activo” sin que nadie sospeche de su imparcialidad. Añade que las recusaciones solo buscaban “empañar la honorabilidad de la justicia española”. Esta decisión está en línea con lo solicitado por la Fiscalía del Supremo, que calificó de “fraude procesal y atentado a la buena fe” las pretensiones de los procesados por rebelión.
Por otro lado, el tribunal de Bruselas encargado de la demanda de Puigdemont y los exconsellers huidos contra el juez Pablo Llarena decidirá hoy si, de manera excepcional, designa tres magistrados para este caso. En esta audiencia, España se personará formalmente en la defensa de Llarena. - DNA
